La magistrada exige a Sánchez demostrar cómo tuvo conocimiento de la piñata con su imagen, mientras él critica que se investiga a la víctima.

Año Nuevo en la calle Ferraz, el 1 de enero de 2024, en Madrid, cuando varias personas golpearon una piñata con la cara de Sánchez.

La juez ha solicitado a Pedro Sánchez que acredite cuándo y de qué forma tuvo conocimiento del apaleamiento de una piñata con su rostro en la sede del PSOE.

Sánchez debió remitir al juzgado un resumen de prensa preparado por su gabinete el 2 de enero de 2024, que incluye el incidente de la piñata.

El abogado de Sánchez critica que se investigue a la víctima y pone en duda la relevancia de la diligencia ordenada por la juez.

La causa fue reabierta tras una orden de la Audiencia Provincial de Madrid al encontrar indicios de posible delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

La juez a cargo de la investigación del apaleamiento de una piñata con la cara de Pedro Sánchez ha requerido a este último que demuestre cómo y cuándo se enteró de dicho suceso.

Por este motivo, el presidente del Gobierno envió al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid el resumen de prensa que su gabinete elaboró el 2 de enero de 2024.

Este informe, compuesto por 77 páginas, fue entregado a Sánchez dos días después de que, en la Nochevieja previa, varias personas golpearan una piñata con su rostro en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz.

Entre numerosas noticias, se incluye ese acontecimiento. Asimismo, aparecen varias columnas de opinión y resultados de encuestas políticas.

El 1 de enero de ese año, según indica el abogado del presidente del Gobierno en el escrito que acompaña al resumen de prensa, «fue día festivo nacional» y no se publicaron periódicos impresos.

No obstante, el defensor de Sánchez en este proceso judicial, Alberto Cachinero, quien habitualmente representa al PSOE en otros casos, expresa su desacuerdo con que la juez Concepción Jerez haya ordenado al presidente del Gobierno entregar esos 77 folios, así como identificar a los responsables de su elaboración.

«Da la impresión de que se intenta investigar a la víctima», lamenta Cachinero.

Semanas atrás, Sánchez ya remitió al Juzgado un documento donde detalló el temor que experimentó al conocer el apaleamiento de una piñata con su imagen.

En respuesta, Jesús Santorio, abogado de uno de los investigados en el proceso, cuestionó la versión del presidente. Este letrado resaltó que Sánchez tuvo conocimiento del incidente «no directamente ni de forma personal, sino a través de un resumen diario de prensa elaborado por su Gabinete«.

Por ello, la juez Concepción Jerez solicitó al jefe del Ejecutivo ese dosier y le ordenó identificar a quienes lo confeccionaron.

En el escrito que acompaña al documento, el abogado de Sánchez incluye varias noticias digitales que, ya el 1 de enero, informaban sobre el apaleamiento de la piñata en Ferraz.

Cachinero cuestiona «la utilidad» de la solicitud de la juez: «Queremos dejar constancia de nuestra sorpresa respecto al objetivo de esta diligencia, dado que la información solicitada se encuentra en fuentes abiertas y es totalmente irrelevante para la investigación del delito y las personas implicadas».

«La sorpresa aumenta, si cabe, al considerar la rapidez con que se ha acordado esta diligencia frente a la demora observada en otras que son verdaderamente esenciales», se queja el abogado de Sánchez.

Además, destaca que los seis investigados en este proceso aún no han sido citados a declarar, «a pesar de que han transcurrido dos años desde el inicio del procedimiento».

Reapertura del caso

En efecto, esta causa judicial comenzó en 2024, tras lo ocurrido con el apaleamiento de la piñata en Año Nuevo.

Sin embargo, mientras tanto, el caso fue archivado por la juez Jerez y posteriormente reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, a solicitud de Sánchez y del PSOE.

Inicialmente, la instructora consideró que la piñata no constituía un delito de odio —el ilícito inicialmente investigado—, sino más bien un acto de crítica política.

No obstante, en julio de 2025, la Audiencia madrileña consideró «prematuro» ese archivo y detectó indicios de un posible delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

Ante la orden del tribunal superior, la juez reabrió la instrucción. En enero pasado, Sánchez declaró por escrito como perjudicado en el caso.

Expresó que sintió miedo por sí mismo y por sus cercanos. «Lo sucedido esa noche no constituyó una simple crítica a mi gestión política, sino una manifestación explícita de odio hacia mi persona y mi familia, acompañada de una ceremonia de escarnio público y violencia manifiesta, incluyendo una llamada directa a mi muerte», lamentó Sánchez.

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