Reconoce que, por no haberse querido alinear, ha asumido un coste personal, aunque defiende que «no seguir instrucciones» es parte inherente de su labor
Es visto como una figura independiente dentro del CGPJ. Pese a formar parte de una institución política, ¿considera que el órgano de gobierno de los jueces está politizado?El CGPJ es una entidad constitucional encargada de definir la política judicial. El problema no radica en su politización, sino en la influencia partidista sobre él. No debe funcionar como un canal transmitiendo las órdenes de los partidos, sino como el motor de las políticas judiciales orientadas a asegurar la independencia de jueces y juezas, derecho fundamental para la ciudadanía. En resumen: politización, sí; partidización, no en absoluto.Fue escogido vocal por propuesta de Sumar y se identifica con una sensibilidad de izquierda. Sin embargo, ha votado en ocasiones con el bloque conservador del Consejo, lo que generó críticas severas del sector progresista del CGPJ. ¿Cómo ha manejado estos desacuerdos?La sensibilidad ideológica se refleja en lo que uno vota, no en con quién lo hace. No creo en bloques ni en alineamientos rígidos, algo que contradice la intención de la Constitución. De lo contrario, 18 puestos en el CGPJ serían prescindibles. En este sentido, hablar de disciplina o bloques es un error grave que provoca consecuencias negativas ya vistas: los bloqueos. Mi voto ha estado orientado -poco importa con quién- a la creación de nuevas plazas judiciales, la defensa del derecho de los jueces a la prevención de riesgos, la instauración de un grupo de trabajo en derechos humanos, el impulso de políticas de igualdad de género en la carrera judicial y la selección de perfiles con mérito, capacidad y sensibilidad hacia los derechos humanos en nombramientos discrecionales. Seguiré apoyando propuestas que encajen con este programa, independientemente de su respaldo.A ¿ha implicado personalmente para usted no acatar la disciplina del sector progresista?No seguir instrucciones de voto es una función propia de nuestro rol. Los vocales no estamos sujetos a mandatos imperativos. A nivel personal, no siempre ha sido sencillo, pero tengo la tranquilidad de actuar con criterio propio, acertando o fallando en consecuencia.¿Cuál fue la razón para reemplazar al vocal José María Fernández Seijo en la Comisión de la Escuela Judicial?El sector progresista atravesó una crisis que acabó con la dimisión de dicho vocal. Consideré apropiado intentar fomentar un acuerdo entre las distintas sensibilidades progresistas, basado en el reconocimiento y coordinación mutuos. Creo que ese gesto les ayudó a cohesionarse y a superar, al menos temporalmente, aquella crisis.¿Cree que hay vocales dentro del CGPJ que siguen instrucciones del Ministerio de Justicia? En privado, algunos consejeros así lo afirman…Este CGPJ ha definido claramente su ámbito de actuación frente a cualquier injerencia externa. En este aspecto, la elección de la presidenta fue un acierto rotundo. De ser cierto que ciertos vocales acatan órdenes del Ministerio, sería un asunto gravísimo. Espero sinceramente que no sea así.Los vocales progresistas han criticado a la presidenta Perelló alegando que «ignora el consenso» y «rompe las bases esenciales de confianza» dentro del Consejo.Mi meta es asegurar que la institución funcione y sirva a la sociedad. La presidenta es la máxima representante del CGPJ, actúa con neutralidad y desde esa perspectiva siempre cuenta con mi apoyo, sobre todo en momentos en que ciertas dinámicas generan injerencias o bloqueos que afectan a la institución. Considero que realiza una buena labor y que enfrenta múltiples presiones externas, por lo que merece el respaldo de todas las vocalías.¿Este CGPJ está realizando nombramientos discrecionales respetando el principio de paridad?Aún falta camino, pero se han avanzado pasos relevantes. Contamos con la primera mujer al frente de la institución y se observa un cambio real en la cúpula del poder judicial. Los datos son claros: en las plazas donde compitieron candidatas y candidatos, la elección femenina alcanzó el 52,6 %. En las 29 plazas del TS con candidatas y candidatos, resultaron seleccionados 15 hombres y 14 mujeres. Un desafío pendiente es incentivar la presentación de candidatas y evitar procesos con candidaturas unilaterales, generalmente masculinas. Además, reformamos el Reglamento de nombramientos discrecionales adaptándolo a las exigencias de la Ley de paridad. Es necesario continuar insistiendo hasta alcanzar la paridad completa a todos los niveles.En las últimas semanas, el Consejo fue cuestionado por archivar expedientes disciplinarios contra jueces que criticaron públicamente al Gobierno. ¿Qué opina al respecto?Existe un problema con la tipificación de ciertas conductas. La Ley Orgánica del Poder Judicial no está ajustada a la realidad social actual. La percepción de impunidad en comportamientos que cuestionan la independencia y la imparcialidad judicial es un efecto no deseado de esta falta normativa. El CGPJ debe mantener rigurosidad para exigir comportamiento ejemplar a sus miembros y evitar transmitir una imagen de corporativismo que no nos favorece. Esa percepción de impunidad puede reducir la percepción ciudadana de la independencia judicial.¿Cuál es su opinión sobre la creación de 500 nuevas plazas judiciales?La valoración es muy positiva. Sin embargo, esta política debe mantenerse a largo plazo. En nuestro plan estratégico de recursos humanos a diez años, considerando que habrá 6603 unidades judiciales en 2035 y 4401 efectivos en la carrera judicial, serían necesarias convocatorias anuales de unas 367 plazas a partir de ahora.¿Cómo aprecia la implantación de los tribunales de instancia?Según los datos del CGPJ, informes de TSJ, presidentes de tribunales, visitas territoriales y conversaciones con profesionales, la valoración es crítica en algunas regiones y positiva en otras. Se han detectado problemas de personal, recursos informáticos y adecuación de sedes, que dificultan la puesta en marcha de una ley cuyo objetivo, en general, es modernizar y agilizar el servicio público judicial. Además, en el ámbito digital hay múltiples dificultades para adaptar los sistemas de gestión a esta nueva organización. En cuanto a los edificios, la dispersión de sedes en varios partidos complica la implementación del modelo judicial previsto.La presidenta Perelló ha señalado públicamente que hay un déficit histórico de jueces. ¿Comparte este diagnóstico? Comparto totalmente esa visión. No es casualidad que el Ministerio haya convocado 500 plazas, pero, como mencioné, no basta con eso. Se requiere un plan que contemple 367 plazas anuales durante la próxima década.El Ministerio de Justicia ha propuesto una reforma del sistema de oposición para jueces. ¿Considera que el sistema actual es mejorable? ¿Es necesaria una prueba que sea menos memorística, como asegura el Gobierno?El sistema vigente es objetivo. En mi opinión, las mejoras deben enfocarse en garantizar que cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos, pueda acceder a la carrera judicial. La igualdad real, no solo formal, debe ser pilar fundamental del proceso de ingreso. Además, aunque el sistema memorístico pueda tener sus ventajas, sería deseable potenciar desde el inicio la capacidad de razonamiento jurídico y resolución de problemas, herramientas clave para los jueces a lo largo de su carrera.En la última sesión plenaria, el CGPJ decidió excluir a los jueces de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Usted calificó esta medida de error. ¿Por qué?Considero que excluir a los jueces de esta normativa no es competencia del CGPJ, especialmente cuando el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto. La sentencia STS 581/2023 determina que dicha ley es aplicable a los jueces. En mi modesta opinión, el Consejo, como cualquier poder público, está sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y el máximo intérprete de la legislación ordinaria es el TS. Sus sentencias deben cumplirse sin excepción. Así lo expresé en la propuesta presentada al Pleno y en el voto particular con el que coincidí. Además, creo que este asunto no está cerrado. Se está tramitando el Reglamento de carrera, es necesario oír a las asociaciones y luego elaborar informes de legalidad e impacto de género, para finalmente someterlo a votación plenaria. En este proceso, confío en que el CGPJ retomará el camino que nunca debió abandonar: la protección de los derechos en materia de prevención de riesgos para los integrantes de la carrera judicial.
UNO DE LOS DOS VOCALES PROGRESISTAS QUE APOYÓ A PERELLÓ
Este magistrado catalán se define como un defensor de la Justicia Social. Integrante de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, Carlos Hugo Preciado es experto en derechos humanos y derecho laboral. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ingresó en la Carrera Judicial en 2007 y desde entonces ha ejercido en Juzgados de Valls y Reus, así como en el TSJ de Cataluña. Hasta el 30 de junio de 2024, fue el letrado coordinador del área social del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Llegó al Consejo General del Poder Judicial por propuesta de Sumar y fue uno de los dos vocales progresistas que acordaron con el bloque conservador el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial.