La ‘ley de nietos’ autoriza a descendientes de españoles exiliados a obtener la nacionalidad y escoger libremente su municipio administrativo de origen, incluso sin vínculo físico con dicho lugar.

Este sistema permite que personas recién nacionalizadas puedan votar en circunscripciones españolas pese a no haber residido jamás en ellas, lo que puede afectar a la asignación de escaños.

El volumen masivo de solicitudes ha saturado consulados como los de Argentina, acumulando cientos de miles de expedientes y causando demoras que podrían prolongarse por varias décadas.

El proceso de elegir municipio, junto con la ausencia de controles rigurosos, ha generado inquietudes sobre la manipulación del censo y la falta de transparencia respecto al número real de nuevos ciudadanos.

El actor argentino Ricardo Darín, originario de Buenos Aires, nació oficialmente en Jaén. Aunque nunca ha vivido ni visitado esa ciudad, figura así en sus documentos de nacionalidad española, que le otorgaron el derecho a seleccionar libremente su lugar administrativo de origen.

Al concedérsele el pasaporte por carta de naturaleza, Darín tuvo la opción de escoger un municipio donde le habría gustado nacer.

Eligió la capital jienense por la sonoridad del nombre «Jaén» y la musicalidad de la jota, tal como reveló hace unos días en una entrevista.

Esta declaración ha impulsado una divertida campaña turística en Jaén, donde compiten por decidir en qué portal, plaza o café colocar una placa que conmemore el lugar de nacimiento del actor argentino.

La anécdota, acogida con humor y orgullo por los andaluces, refleja una lógica administrativa que, al aplicarse masivamente, ya no resulta tan ligera.

Y esto es justamente lo que advierten fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL que sucede con la conocida ley de nietos.

Aunque la vía legal para obtener la nacionalidad es diferente, el mecanismo para seleccionar el municipio de “origen” opera de manera similar, pero multiplicado por cientos de miles de casos.

Son nuevos españoles que pueden asignarse a un municipio sin que exista vínculo real, más allá de una opción marcada en un formulario. Esto abre la posibilidad de que parte de ese electorado influya en la asignación de escaños en ciertas circunscripciones.

2,3 millones de personas

La denominada ley de nietos es una sección de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.

Otorga la nacionalidad española a quienes, nacidos fuera de España, son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a esta debido al exilio sufrido por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual.

También beneficia a hijas de mujeres que perdieron la nacionalidad española por contraer matrimonio con extranjeros antes de la Constitución, y a hijos mayores de edad de quienes aprovecharon la ley aprobada por Zapatero en 2007.

El plazo inicial para solicitar este derecho era de dos años, pero ante la avalancha de peticiones, se amplió un año más, hasta octubre de 2025. Esta gran cantidad de solicitudes ha superado ampliamente las predicciones.

Para dimensionar la magnitud de la ley de nietos, es útil compararla con su precedente. La Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, permitió que hijos y nietos del exilio franquista tramitaran la nacionalidad.

Su balance final fue de 491.177 solicitudes, con 373.616 nacionalidades concedidas y cerca de 100.000 denegaciones, es decir, alrededor del 20% del total, todo ello durante más de una década.

No obstante, la ley actual de Sánchez, en solo tres años, ya ha superado esa cifra: más de 1.170.999 personas han presentado solicitud desde 2022, de las cuales 632.670 permanecen pendientes de resolución.

Además, sumando quienes solo han podido pedir cita o están en lista de espera, el número potencial de nuevos españoles asciende a unos 2,3 millones, según datos oficiales del Gobierno.

Estas proyecciones apuntan a que el proceso triplicará, e incluso cuadruplicará, las concesiones realizadas bajo la legislación de Zapatero.

No solo exiliados

Originalmente, la norma de Sánchez apuntaba a represaliados por el franquismo. Sin embargo, cuatro días después de su entrada en vigor, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que amplió su alcance.

“Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”.

En la práctica, esto convierte el exilio en una presunción casi automática: no es necesario demostrar una persecución específica, basta ser descendiente de un español que salió del país en ese periodo.

Incluso cuando la motivación haya sido exclusivamente económica, como pasó con miles de españoles que emigraron a Sudamérica en los años 50 en busca de trabajo, que ahora la ley clasifica como “exiliados políticos”.

Esta diferencia explica el contraste en las tasas de denegación entre ambas leyes: la Ley de Zapatero, más restrictiva, rechazó alrededor del 20% de las solicitudes; la actual ha denegado apenas el 1,32% de las resueltas hasta ahora.

¿Por qué se niegan algunas solicitudes? Fuentes diplomáticas indican a EL ESPAÑOL que la mayoría de las negativas no se debe a razones de fondo, sino a fallos formales, como documentación incompleta o falta de comprobantes de filiación.

La exigencia de acreditar un exilio político real, si alguna vez existió como intención en la ley, ha desaparecido por completo.

‘Marque aquí’ su provincia de voto

Tras obtener la nacionalidad, el nuevo ciudadano español puede votar en elecciones generales, autonómicas y europeas desde el extranjero, integrándose en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

Para ello, debe completar un formulario de Exteriores donde selecciona el municipio al que “desea” —según el texto del documento— quedar “adscrito a efectos de procesos electorales”.

Este aspecto genera inquietud entre fuentes diplomáticas consultadas por este medio. El caso de Darín, que abre este reportaje, ejemplifica cómo funciona este sistema.

En el formulario de Exteriores se ofrecen diversas opciones para justificar la elección: “Municipio de su última residencia”, “de mayor arraigo propio” o “de mayor arraigo de sus ascendientes”.

Sin embargo, existe una cuarta opción: “Otros motivos (especifíquelos)”, que es la causa principal de preocupación entre quienes conocen el sistema internamente.

El problema radica en que, en teoría, permite que cualquier ciudadano recién nacionalizado escoja libremente la circunscripción donde votará —ya sea Cádiz, Cuenca u otra— alegando motivos que, en la práctica, resultan imposibles de verificar.

Colapso consular

Mientras tanto, los consulados enfrentan una saturación histórica. Argentina lidera esta situación: en sus cinco consulados se han presentado 462.815 solicitudes de nacionalidad, según datos oficiales de Exteriores.

Esta cifra corresponde a expedientes que ya están en el sistema, pero aún existen numerosas personas que ni siquiera han conseguido cita.

En Buenos Aires, por ejemplo, se habilitaron métodos informales para registrar a quienes no han logrado reservar debido a agendas completas; personas que desean presentar sus solicitudes pero no han tenido oportunidad de entregar documentos.

Son 645.000 citas pendientes de gestión. Este bloqueo llevó al cónsul general en la capital, José María Ridao, a alertar que, al ritmo actual de 10.000 casos anuales, se necesitarían más de 100 años para procesar todo el rezago.

“En el futuro, Buenos Aires podría convertirse en la tercera ciudad española por población, tras Madrid y Barcelona”, señalaba un artículo de Clarín en diciembre, titulado Kafka en el Consulado: los nuevos trámites para la ciudadanía española podrían tardar un siglo.

La situación no es mejor en otros lugares. En La Habana hay acumulados 137.770 expedientes, en Brasil el consulado de São Paulo maneja más de 150.000 solicitudes; en México se registran cerca de 120.000, con similares cuellos de botella.

En Miami, los retrasos superan ocho meses, y aún hay expedientes del 2023 sin resolver.

No se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, por segundo año consecutivo, el Defensor del Pueblo ha señalado en su informe anual que los registros civiles consulares son el servicio que acumula más «quejas».

Parte de esta situación se atribuye al impacto que la Ley de Memoria Democrática ha tenido sobre estas oficinas.

«Apagón estadístico»

Aunado a esto, la saturación se ve agravada por la opacidad en el proceso. El PP ha presentado varias preguntas en el Congreso para conocer cuántas nacionalidades se han otorgado bajo esta norma.

Sin embargo, el Gobierno ha respondido que estos datos “no están digitalizados” y que no puede proporcionarlos con exactitud. No obstante, esta información sí llega a diferentes medios cuando se solicita vía el Portal de Transparencia.

El PP sospecha que este “apagón estadístico” esconde una nacionalización masiva cuyos efectos el Ejecutivo no desea cuantificar ni detallar, pese a que impacta en el censo electoral y la política migratoria.

¿Quién se beneficia electoralmente? Nadie puede responder con certeza, ya que no existen encuestas sobre la tendencia política de los nuevos nacionalizados.

El perfil es heterogéneo. Se supone que cubanos o venezolanos que consiguen la nacionalidad para escapar de sus regímenes suelen votar a la derecha, mientras que argentinos o brasileños son difíciles de clasificar.

Sin embargo, el propio diseño de la ley implica un relato: está dirigida a quienes se consideran víctimas indirectas del franquismo, lo que conlleva cierto sesgo ideológico.

Históricamente, los datos del CERA indican que el voto exterior suele reflejar las tendencias del interior del país, aunque en algunas circunscripciones puede resultar decisivo.

Por ejemplo, en las elecciones generales de 2023, el PP arrebató al PSOE el escaño número 16 en Madrid gracias al voto exterior, lo que obligó a Sánchez a depender del apoyo de Junts, no solo de su abstención, para la investidura.

Cabe señalar que la participación exterior ronda el 10% del censo, muy por debajo del 60-70% que suele registrarse en territorio español.

Aunque minoritaria, esta participación CERA ha ido en aumento. El Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que complicaba excesivamente la votación de emigrantes.

Este cambio incrementó la participación exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a cerca del 10% en 2023, representando un aumento del 47%.

En conclusión: el censo crece y la participación también. Las fuentes diplomáticas advierten además que el problema va más allá del voto exterior, ya que “muchas personas que solicitan la nacionalidad no serán votantes CERA”: se establecerán en España.