Las acusaciones populares han confirmado las imputaciones por cinco delitos contra la esposa del presidente del Gobierno de cara a un juicio con jurado.
La defensa de Begoña Gómez ha argumentado hoy ante el juez Juan Carlos Peinado que no existen fundamentos para sentarla ante un jurado. Igual postura han adoptado los abogados de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, quien presuntamente se benefició al colaborar en la implementación de su cátedra en la Universidad Complutense.
Tanto las acusaciones como las defensas se congregaron hoy en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para completar uno de los procedimientos estipulados por la Ley del Jurado. Durante esta diligencia, las acusaciones populares agrupadas bajo Hazte Oír ratificaron las imputaciones contra la esposa del presidente y los dos demás implicados. Las defensas, por su parte, se opusieron a la continuación del proceso, tal como han expresado en los recursos solicitando el archivo.
El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, informó al juez que, en caso de no acordarse el archivo, presentará tres informes periciales: el primero sobre las funciones de quienes asisten en La Moncloa a los cónyuges de presidentes, un segundo acerca de las cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y un tercero relacionado con los presuntos daños sufridos por la UCM debido al fracaso del software asociado a la cátedra, cuyo valor fue estimado por la universidad en 113.000 euros.
El fiscal encargado del caso fue el primero en intervenir, remitiéndose a sus exposiciones anteriores en las que solicitaba el cierre del proceso. No es la primera ocasión que el magistrado celebra esta diligencia; Peinado ya decidió el año pasado encaminar el asunto por vía del jurado y organizó las correspondientes comparecencias —dos, debido a que la causa estaba dividida entonces—.
Como en ocasiones previas, los investigados no asistieron personalmente, sino que solo estuvieron presentes sus abogados. El representante de la asesora, José María de Pablo, manifestó que, si el juez rechaza el sobreseimiento, solicitará un informe a Presidencia del Gobierno para determinar si se ha producido algún «perjuicio» en las funciones de su cliente, imputada por sus tareas privadas relacionadas con la esposa del presidente.
Por otro lado, la defensa de Barrabés pidió al juez abstenerse de investigar el supuesto tráfico de influencias, argumentando que esta cuestión ya está bajo investigación de la Fiscalía Europea.
Respecto a las acusaciones, la abogada de Hazte Oír señaló que no son necesarias nuevas diligencias, salvo algunas complementarias, como aportar la vida laboral de Begoña Gómez, completar los salarios pagados a la asesora y solicitar información sobre pagos (o la falta de ellos) por parte de una editorial jurídica a la cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM.
En febrero pasado, la Audiencia de Madrid anuló el primer intento de Peinado de tramitar el asunto mediante jurado y le exigió emitir una resolución fundamentada que concretara los indicios delictivos que sustentaba.
Este trámite realizado este miércoles se denomina en la ley «traslado de la imputación» y suele realizarse en las etapas iniciales de la investigación, cuando el juez detecta que el caso encaja en la Ley del Jurado. Sin embargo, el caso Begoña está próximo a cumplir dos años de investigación, lo que, según la Audiencia Provincial, demanda una argumentación mucho más sólida por parte del juez.
Peinado reconoció esto el pasado 20 de marzo, cuando emitió un auto con dos objetivos: unificar las dos líneas de investigación e impulsar nuevamente el proceso hacia un jurado, esta vez especificando los indicios que cree justifican esta vía.
El juez ha incorporado a los otros delitos del procedimiento la pieza separada que analizaba la presunta malversación vinculada a la dedicación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, a tareas privadas profesionales relacionadas con la esposa del presidente. En la pieza principal, Álvarez está investigada por otros cuatro delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por supuestamente beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas; y apropiación indebida e intrusismo profesional, relacionadas con el software empleado en su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (que Barrabés ayudó a poner en marcha).
Todo este conjunto de hechos ha sido unificado y se tramita mediante el procedimiento del jurado, dado que dos de los cinco delitos investigados (malversación y tráfico de influencias) requieren este tipo de enjuiciamiento.
El auto del 20 de marzo, con el que se convocó la vista celebrada hoy, no concluía la fase de instrucción ni enviaba la causa a juicio, pero su contenido resultaba equiparable a ello. El siguiente paso del juez será resolver las solicitudes de diligencias presentadas hoy y decidir sobre las peticiones de archivo, determinando si el proceso continúa.