Cuando un empleado elige irse por su cuenta, generalmente no tiene derecho ni a indemnización ni a cobrar el paro
Tomar la decisión de cambiar de empleo o dejar una empresa suele ser un paso significativo que, en numerosas ocasiones, se realiza sin comprender todas las repercusiones legales y económicas que conlleva. Existe la idea común de que solo hay dos maneras de abandonar una compañía: renunciando voluntariamente o siendo despedido. No obstante, como explica la abogada Virginia López, existe una tercera opción que puede impactar positivamente en términos económicos y derechos laborales.
Al optar por irse voluntariamente, el trabajador normalmente pierde el derecho a recibir indemnización y también al cobro del paro. Esta es la consecuencia directa de la renuncia. Sin embargo, muchos desconocen que, en ciertas circunstancias, no es imprescindible renunciar para cesar la relación laboral. Si la empresa incurre en incumplimientos, el empleado tiene la posibilidad de solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización y prestación por desempleo. Esta modalidad se denomina extinción indemnizada.
Situaciones de este tipo aparecen cuando la empresa realiza cambios sustanciales en las condiciones laborales. Por ejemplo, modificaciones en el horario, salario, funciones o incluso un traslado pueden ser motivos válidos para iniciar este procedimiento. En tales casos, el empleado no está obligado a aceptar las nuevas condiciones ni a dimitir. Puede recurrir a la vía judicial para pedir la finalización del contrato, lo que le otorgaría una indemnización de 20 días por cada año trabajado, además del acceso al paro.
La clave reside en el incumplimiento
El aspecto esencial en estos casos es probar que hay un incumplimiento por parte del empleador. No se trata de cambios menores, sino de alteraciones que afecten significativamente las condiciones laborales. Además, existen situaciones más graves, como retrasos en el pago de salario, impagos reiterados o vulneraciones de derechos fundamentales, que justifican una reclamación más firme.
Aquí te explicamos lo que es el despido procedente
Según la abogada, muchas empresas tratan de eludir el reconocimiento explícito de estos incumplimientos. En lugar de admitirlo, suelen ofrecer salidas aparentemente “amistosas”, proponiendo indemnizaciones de 20 días por año trabajado como una solución adecuada. Sin embargo, en algunos casos esta táctica busca reducir el costo del despido. Si el incumplimiento es serio, el trabajador podría tener derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, lo cual representa una diferencia económica significativa.
Precaución con lo que se firma
Uno de los momentos más delicados dentro de este proceso es la firma de cualquier documento. Aceptar una salida sin haber evaluado previamente la situación puede suponer renunciar a derechos importantes. Firmar de manera apresurada puede cerrar la puerta a reclamaciones futuras, afectando directamente a la indemnización final.
Asimismo, este tipo de escenarios no siempre resulta evidente a simple vista. En ocasiones, las modificaciones dentro de la empresa se presentan de forma gradual o bajo pretextos organizativos, lo que dificulta su identificación como incumplimientos. No obstante, acumuladas con el tiempo, estas pueden constituir una base sólida para reclamar. Diferenciar cuándo se trata de una simple alteración y cuándo de una vulneración de derechos es clave para tomar decisiones acertadas.
En este contexto, la información resulta fundamental. Conocer las diferentes formas de terminar una relación laboral permite actuar con mayor certeza y defender los propios intereses. Frente a la creencia de que irse rápido es la mejor opción, cada vez más especialistas destacan la importancia de analizar cada caso con detenimiento.