El PSOE solicita prisión preventiva para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, a pocos días de que se inicie su juicio por el caso Kitchen.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Martínez una condena de 15 años de prisión debido a su presunta implicación en el espionaje a Luis Bárcenas.
El PSOE argumenta la existencia de riesgo de fuga y enfatiza que Martínez es investigado en otros procesos judiciales de naturaleza similar.
Asimismo, el partido solicita prisión provisional para el policía Andrés Gómez Gordo o, en caso contrario, medidas cautelares alternativas como una fianza o la prohibición de salir del territorio español.
El PSOE ha solicitado el ingreso en prisión provisional de Francisco Martínez, antiguo secretario de Estado de Seguridad, apenas seis días antes de que se celebre su juicio por el denominado caso Kitchen.
En esta investigación judicial, cuyo juicio comienza el próximo lunes, la Audiencia Nacional indaga el presunto espionaje organizado por el Ministerio del Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy contra Luis Bárcenas, extesorero del PP.
El Partido Socialista, que actúa como acusación popular en este proceso, sostiene que existe un «riesgo de fuga», por lo que solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordene la prisión de Martínez.
En un documento fechado este lunes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el PSOE destaca la gravedad de las penas que enfrenta Martínez —la Fiscalía Anticorrupción solicita para él 15 años de cárcel—, y por ello pide que el exnúmero dos de Interior, quien actualmente trabaja como abogado, sea recluido en prisión para «garantizar su presencia en el proceso».
Además, los socialistas recuerdan que Martínez ya estuvo en prisión provisional entre finales de mayo y principios de junio de 2025, por orden de una juez instructora de la Audiencia Nacional, la cual lo investiga en otro procedimiento relacionado con uno de sus clientes, el joven hacker Alcasec.
Por otro lado, el juez Santiago Pedraz también examina a Francisco Martínez en una causa donde analiza posibles búsquedas ilegales de información por parte de Interior hacia los primeros diputados de Podemos, partido que junto al PSOE ejerce la acusación en ese caso.
Para el PSOE, que el exsecretario de Estado de Seguridad esté siendo investigado en otros dos procesos judiciales por «delitos de similar naturaleza» respecto a algunos de los delitos del caso Kitchen indica una posible «reiteración delictiva».
«Esta representación», apunta el PSOE, «considera razonable inferir un riesgo de fuga, incrementado por la proximidad de la celebración del juicio oral«.
El documento presentado por los socialistas, firmado por los abogados Gloria de Teresa y Roberto Granizo Palomeque, recuerda que Martínez es funcionario público, con una plaza de letrado de Cortes, aunque actualmente está en excedencia y ejerce la abogacía.
En caso de condena, Martínez podría ser inhabilitado y perder dicho puesto. El PSOE indica que la «probabilidad fundada de una sanción que implique la expulsión de la función pública, altamente probable si es condenado», podría incrementar «significativamente el incentivo» del acusado para «eludir a la Justicia».
¿Por qué motivo? «Porque ello supondría la pérdida definitiva de su medio de vida y su principal vínculo profesional con España», argumentan los socialistas.
El PSOE también apunta que quien fue el número dos del ministro Jorge Fernández Díaz —otro acusado en el banquillo del caso Kitchen— está casado con una ciudadana mexicana.
«[Ella] viaja frecuentemente a México por razones familiares. (…) Parte del círculo familiar del procesado [Francisco Martínez] residiría fuera del territorio nacional«, señala el escrito enviado a la Sala de lo Penal.
De igual modo, el PSOE solicita la medida cautelar de prisión provisional para otro de los acusados en el caso Kitchen: el policía Andrés Gómez Gordo.
De manera subsidiaria, si la Sala niega el ingreso preventivo en prisión, el partido reclama que se apliquen «medidas menos restrictivas», como el pago de una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar España.