Junts ha arrastrado al PSOE a votar junto a toda la derecha una de las reformas que planteó Puigdemont
La reforma legal destinada a frenar la multirreincidencia en delitos ha recibido la aprobación definitiva por parte del Congreso. A partir de ahora, se incrementan las penas hasta tres años de prisión para quienes sustraigan teléfonos móviles, además de endurecerse el castigo con cárcel para aquellos condenados por cuatro o más hurtos.
La iniciativa ha salido adelante con una alianza inusual entre partidos. El PSOE se ha alineado con todas las fuerzas de derecha en la Cámara, enfrentándose a sus socios de izquierda, tras verse el PSOE forzado por Junts a aceptar una de las demandas planteadas por Carles Puigdemont para intentar mejorar sus relaciones.
Bajo esa presión, después de un año de bloqueo en el Congreso, el PSOE apoyó la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia presentada por Junts, junto con los neoconvergentes, PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. ERC, por su parte, se desmarcó del bloque de izquierda mediante una abstención, influenciada por sus alcaldes, quienes solicitaron a su partido no votar en contra, postura que compartieron Sumar, EH Bildu y Podemos, entre otros.
La reforma aprobada aborda la multirreincidencia con modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Uno de los aspectos relevantes es que el robo de un teléfono móvil passará a ser penado con hasta tres años de prisión. Esto no se debe a su valor económico, sino por la importancia social que representa un dispositivo que contiene datos íntimos de las personas.
Asimismo, la reforma permitirá, por primera vez, castigar con prisión a quienes cometan hurtos repetidos. Esta medida se aplicará a partir de la cuarta condena, es decir, cuando la persona cuente con tres antecedentes previos por hechos similares.
También se elevan a tres años las penas por hurtos de productos agrícolas y ganaderos cuando el valor de lo sustraído supere los 400 euros, así como por el robo de herramientas empleadas en dichas explotaciones.
El control sobre los reincidentes podrá conducir a que los jueces impongan órdenes de alejamiento a delincuentes en espera de sentencia, impidiéndoles circular por barrios, municipios o provincias; esto con el fin de evitar que sigan delinquiendo con impunidad mientras se espera la condena.
Se han endurecido también otros delitos vinculados a las drogas. Se ha creado un subtipo de defraudación de fluido eléctrico para sancionar con mayor severidad los cultivos de marihuana dentro de viviendas o naves. Además, se reforzará la persecución de la acumulación de bidones de combustible utilizados para abastecer a las narcolanchas, conocido popularmente como «petaqueo».
Conflicto por el veto «autoritario» de Sánchez
La aprobación final en el Congreso estuvo rodeada de polémica debido a que el Gobierno vetó dos enmiendas aprobadas en el Senado, las cuales el PP llevará al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias. Los populares acusaron al Ejecutivo de intentar «amordazar» al Congreso mediante una «extralimitación» de sus facultades que refleja su «autoritarismo».
Una de las enmiendas rechazadas endurecía los controles sobre los migrantes que solicitan su regularización, exigiendo que se verifiquen sus antecedentes. La otra añadía una ampliación del personal en la Fiscalía. El Gobierno justificó su veto argumentando que estas medidas supondrían un aumento del gasto presupuestario.
La primera enmienda reavivó el debate retórico entre izquierda y derecha sobre la relación entre delincuencia e inmigración, un conflicto latente durante la tramitación de esta reforma que el último día volvió a generar confrontaciones.
Por ejemplo, Junts reprobó a ERC por comentarios de Gabriel Rufián, quien afirmó que la reforma tenía «un tufo racista». La neoconvergente Marta Madrenas cuestionó: «¿Una ley que se considera racista no será votada en contra?». La respuesta llegó minutos después por parte de la republicana Pilar Vallugera, que primero se distanció de la declaración de Rufián y luego subrayó que los alcaldes de su partido le habían pedido no obstaculizar una ley que es demandada en muchos municipios catalanes ante el aumento de hurtos.