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Nicolás Maduro y Cilia Flores ingresaron en la sala judicial sin previo aviso ni ceremonia.
Acompañados por letrados y guardias del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la pareja que ejerció el control presidencial en Venezuela por más de diez años destacaba únicamente por el uniforme color caqui que llevan los detenidos.
Flores se dirigió hacia sus abogados y los saludó con besos en la mejilla en español, antes de sentarse de espaldas a las personas en la galería que aguardaban 45 minutos para el inicio de la audiencia, programada para las 11:00 de la mañana.
Maduro se veía más delgado. Saludó a sus defensores con apretones de mano y expresiones en español, mientras su mirada recorría al público situado detrás de la barrera que separa a los asistentes del personal judicial.
Contrariamente a la primera audiencia, cuando se identificó como presidente de Venezuela y se definió como prisionero de guerra y hombre de Dios, esta vez permaneció en silencio.
Tampoco se presentaron espontáneos que lo confrontaran, a diferencia de la sesión inicial del 5 de enero, dos días tras su arresto en una operación militar de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas.
El público entendía que el mutismo sería absoluto. Antes de que Maduro y Flores ingresaran, un alguacil advirtió que estaba prohibido dirigirse a los acusados o levantarse para aproximarse y observarlos de cerca.
«Ustedes están presentes para escuchar y observar», indicó desde la sala situada en el piso 26 del tribunal.
Los teléfonos móviles, cámaras y demás dispositivos electrónicos fueron retenidos en la planta baja, por lo que sólo se permitió tomar notas para registrar lo sucedido en esta segunda audiencia preliminar del proceso judicial.
No fue posible conseguir lugares más próximos. La primera fila estaba ocupada por dos ilustradores que habían dibujado el plano de la sala y esbozaban los retratos de Barry Pollack, abogado de Maduro, y Mark Donnelly, defensor de Flores.
La segunda fila, ubicada justo delante, fue reservada para funcionarios del gobierno.
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El poder presidencial
Cuando Maduro tomó asiento, fue gratificante observarlo de perfil desde mi ubicación en la primera fila, destinada a periodistas, en el ala derecha de la sala.
Era la primera vez que veía en persona a Maduro y Flores desde 2018, cuando participaron en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
En aquella ocasión, la pareja llegó a la sede del Poder Judicial venezolano protegida por una barrera infranqueable de guardias de honor. Tomados de la mano, cruzaron el patio central del tribunal, flanqueados por dos filas de jueces que se inclinaban en señal de respeto.
Como jefe de Estado, Maduro llevaba la banda tricolor con el escudo de armas de la República, el Gran Collar de la Orden del Busto del Libertador y un broche en la solapa llamado la Estrella de la Orden, todos símbolos emblemáticos del poder presidencial en Venezuela.
Sin embargo, ocho años después, en la audiencia neoyorquina no hubo guardias de honor, insignias patrias ni jueces reverentes.
En esta ocasión, Maduro portaba sólo gafas, utilizaba audífonos para escuchar la traducción de la sesión y una camiseta naranja asomaba por el cuello del uniforme caqui de prisión.
Flores llevaba el cabello recogido en una cola y un suéter gris bajo el uniforme. En una intervención, su abogado informó que la ex primera dama padece un «prolapso de la válvula mitral», una afección cardíaca, por lo que necesita un ecocardiograma «lo antes posible» para recibir «tratamiento adecuado».
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«Una forma de justicia»
Renzo Prieto empezó a hacer fila para la audiencia a las 5 de la tarde del día anterior.
Durante la madrugada, cuando la temperatura en Nueva York rozaba los cero grados, rememoró los días en que pensó que moriría de hipotermia en un calabozo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
«Estuve preso cuatro años en el Helicoide y seis meses en las FAES», recordó el político y activista venezolano mientras esperaba que el tribunal abriera temprano.
«Tuve la fortuna de salir y volver a ver a mi familia, pero muchos compañeros no», expresó conteniendo las lágrimas. «Buscamos justicia, algo que nunca tuvimos».
Días antes de asistir a la corte, Prieto visitó la entrada del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentran presos Maduro y Flores.
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«Ahora le toca a él»
Pedro Rojas fue quien le gritó a Maduro que era un criminal justo antes de que abandonara la sala en la primera audiencia. En esta ocasión, volvió a la corte con la intención de superar el recuerdo de su reacción impulsada por la ira al ver al presidente en persona.
«Cuando Maduro afirmó seguir siendo presidente de Venezuela y declararse un hombre de Dios, sentí una rabia intensa y no pude controlar mi respuesta», relató desde la cafetería del tribunal, donde el público esperaba antes del comienzo de la audiencia.
«Muchos de nosotros estuvimos en prisión debido al gobierno de Maduro», añadió, indicando que fue detenido en el estado Zulia y recibió descargas eléctricas en las plantas de los pies durante su cautiverio.
«Esta audiencia representa una forma de justicia. Ahora le toca a él».
La Fiscalía de EE.UU. acusa a Maduro de «conspiración narcoterrorista», conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspirar para poseerlos.
Flores enfrenta cargos por conspirar para importar cocaína, posesión y conspiración respecto a ametralladoras y dispositivos destructivos.
Ninguno de los cargos está vinculado a violaciones de derechos humanos que activistas y organizaciones nacionales e internacionales atribuyen al gobierno de Maduro.
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¿Quién pagará por los abogados?
A finales de febrero, los defensores presentaron una moción al juez Alvin K. Hellerstein para pedir la desestimación del caso.
Argumentaron que el Departamento del Tesoro impedía su derecho constitucional a la defensa al negarles acceso a fondos del Estado venezolano para sufragar los honorarios de sus equipos legales.
Aunque el juez rechazó tajantemente la desestimación, manifestó estar dispuesto a permitir que el gobierno venezolano cubra los gastos de la defensa, desafiando a los fiscales con el argumento de que el derecho de los acusados a elegir abogado es fundamental.
«Si les prohíbo tener un abogado privado, eso representa una privación de sus derechos», afirmó Hellerstein. «¿Cuál sería entonces la solución?», insistió varias veces.
Asimismo, descartó que Maduro y Flores representen actualmente un riesgo para la seguridad nacional, dado que están bajo custodia de Estados Unidos.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el tribunal no puede forzar al Departamento del Tesoro a emitir una licencia especial para financiar la defensa.
Mientras tanto, Pollack expresó su objeción a que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilice para pagar abogados de oficio a Maduro y Flores, cuando el Estado venezolano es capaz de costear el proceso.
El juez Hellerstein coincidió en que una defensa privada podrá manejar mejor el volumen de pruebas reunidas por las autoridades durante años en este caso.
No obstante, optó por reservarse el pronunciamiento sobre la moción, por lo que su decisión se conocerá en una próxima audiencia aún sin fecha.
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