Denuncian que los tribunales españoles han incumplido la Ley de Memoria Democrática y consideran que no se ha garantizado una «investigación efectiva».
La asociación de defensa de derechos humanos Irídia ha presentado una demanda ante el Comité contra la tortura de la ONU frente a las torturas sufridas en 1971 por los hermanos María Isabel y José Ferrándiz a manos de la policía franquista en la comisaría barcelonesa de Via Laietana, debido a su activismo político.
Se trata del primer caso relacionado con torturas durante el franquismo que se lleva ante Naciones Unidas tras la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática (LMD), que exige la investigación de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
Los abogados han elevado el procedimiento al comité internacional después de que la Justicia española archivara la querella de los hermanos y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda similar, según informó la organización en un comunicado.
En su comunicación a Naciones Unidas, Irídia denuncia que los tribunales españoles han vulnerado la LMD al no garantizar una «investigación efectiva» ni el derecho a recursos y reparaciones «efectivos», solicitando que se obligue a España a investigar dichos delitos.
Los mellizos María Isabel y José Pablo Ferrándiz fueron sometidos a torturas por cuatro policías en la comisaría de Via Laietana tras ser arrestados en 1971 por su militancia antifranquista con solo 17 años, acusados de pertenecer a la organización Jove Guàrdia Roja, según la querella presentada por Irídia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona en noviembre de 2023.
El juzgado rechazó la querella alegando la prescripción del delito, el principio de legalidad y la ley de amnistía de 1977, decisión ratificada por la Audiencia de Barcelona y declinada a recurso por el Tribunal Constitucional.
La negativa fue contraria al criterio de la Fiscalía, que apoyó la querella invocando la LMD, la cual «reconoce expresamente que los hechos denunciados no prescriben ni pueden ser amnistiados», recordó Irídia.
En cambio, la Audiencia de Barcelona sostuvo que la ley de amnistía imposibilita abrir procesos penales por torturas cometidas durante la dictadura y señaló que el derecho a la investigación recogido en la LMD «puede satisfacerse» fuera del ámbito judicial.
Según la abogada de los hermanos Ferrándiz, Laura Medina, este caso refleja el «patrón de impunidad español en relación con los crímenes del franquismo», que, pese a la «expectativa legítima de justicia» que abre la LMD para las víctimas, sigue chocando con «los obstáculos judiciales habituales».
En su demanda a Naciones Unidas, la organización de derechos humanos ha solicitado la reforma del Código Penal y la ley de amnistía, que se asegure el acceso público a los archivos sobre la represión franquista y que la comisaría de Via Laietana deje de ser un centro policial para convertirse exclusivamente en un espacio de memoria y centro de interpretación sobre la tortura.
La comunicación de Irídia a la ONU se ha acompañado de una carta firmada por más de 100 supervivientes de la tortura franquista y con el respaldo de casi 7.000 personas y 181 entidades que apoyan la campaña projusticia iniciada con la demanda presentada ante el TEDH por Carles Vallejo por torturas en la misma comisaría de Via Laietana, recurso que fue inadmitido por la Justicia europea.