La dirigente socialista también ha vuelto a pedir respaldo en el Congreso para poder llevar a cabo nuevas medidas
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, criticó este jueves los anuncios de espacios inapropiados para habitar que aparecen en portales inmobiliarios, aunque dejó en manos de los usuarios una de las herramientas principales para enfrentar este tipo de ofertas: la denuncia. En una entrevista en El món, de RAC1, comentó que “un cuarto de escobas, un trastero o un cuarto de baño no constituyen una vivienda”, al ser consultada sobre anuncios que mostraban literas junto a un baño, trasteros sin ventilación o pisos con dimensiones muy reducidas.
Ante la pregunta del periodista catalán Jordi Basté sobre si estas propuestas son legales, Rodríguez respondió con contundencia: “No. No lo son y es crucial que se activen todas las alertas”. Sin embargo, al ser consultada sobre cómo podría eliminarse esta clase de anuncios, la ministra hizo un llamamiento a la acción de los ciudadanos: “Es necesario denunciar cada uno de estos anuncios”.
A lo largo de la entrevista, Rodríguez centró parte de su crítica en los portales inmobiliarios que permiten estos anuncios. Según su punto de vista, estas plataformas “se presentan solo como servidores de servicios publicitarios, pero en realidad generan una gran indefensión para la ciudadanía”.
La titular de Vivienda relacionó esta problemática con la próxima transposición de la Ley de Servicios Digitales y afirmó que esta normativa facilitará al Gobierno “actuar con mayor contundencia contra las plataformas”. Además, insistió en que se requieren más mecanismos para intervenir sobre este tipo de contenido y solicitó apoyo parlamentario para implementar nuevas herramientas legales.
No obstante, el mensaje más claro que transmitió a la audiencia fue el de promover la denuncia. “Animo a la ciudadanía a reportar estos hechos”, recalcó, añadiendo que el ministerio dispone del teléfono 047 para recibir consultas y avisos.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.
“El agujero negro” del mercado: los alquileres de temporada
Más allá de los anuncios de alojamientos inapropiados, la ministra destacó otro problema de mercado: el alquiler de temporada. “El agujero negro por donde se está escapando la especulación en este momento en el ámbito del alquiler es justamente el de temporada”, afirmó.
Rodríguez enfatizó que una parte del problema de acceso a la vivienda se orienta hacia modalidades distintas al arrendamiento convencional, como el alquiler temporal, por habitaciones o el uso turístico. En ese sentido, defendió que el Ejecutivo busca “regular y combatir este fraude” y volvió a instar a los grupos políticos a respaldar en el Congreso las normas pendientes en esta materia.
Defensa de la regulación en Cataluña
La ministra también defendió la regulación del alquiler en Cataluña, ante la observación de que limitar precios podría reducir la oferta. “Bueno, esta es una de las grandes malinterpretaciones de los datos, diría yo”, respondió.
En la entrevista, Rodríguez reiteró su defensa de la regulación del alquiler en Cataluña, respondiendo a la crítica habitual de que restringir precios reduce la oferta disponible. La ministra rechazó esa afirmación y contestó con firmeza: “Bueno, esta es una de las grandes malversaciones del dato, diría yo”.
Asimismo, aseguró que Cataluña, como primera comunidad en aplicar la Ley de Vivienda, “cuenta con 25.000 contratos de alquiler más que en el momento en que entró en vigor la zona de mercado tensionado”. Aunque reconoció que esta medida “no es la solución definitiva”, sostiene que con ella el Gobierno ha conseguido “frenar notablemente la subida de precios”.
Desahucios, okupación y más vivienda pública
Por otra parte, la ministra rechazó equiparar la okupación con los casos de familias vulnerables que no pueden continuar pagando el alquiler y reafirmó que la vivienda pública es una de las salidas principales ante la crisis habitacional. “No podemos desalojar a las personas de sus hogares, ni permitir que nuestras ciudades y barrios desaparezcan”, sentenció.
Rodríguez se distanció de quienes clasifican estos casos como “ocupación”, señalando que se trata de “una tragedia familiar que sufre y que exige una respuesta del Estado y de las administraciones”. Dicha respuesta no quedó detallada luego de que Jordi Basté recordara que unas 70.000 familias vulnerables podrían enfrentar desalojos si no se extiende la moratoria antidesahucios.