La propuesta, inscrita en la Comisión de Peticiones, sostiene que la resolución del Gobierno incumple la política comunitaria sobre control fronterizo y gestión de flujos migratorios: «Se trata de una irresponsabilidad».
El Partido Popular impulsará un debate en el Parlamento Europeo sobre la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes, que según diversas estimaciones, podría involucrar a entre 500.000 y un millón de personas.
La iniciativa popular ya ha sido presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, reclamando un examen «urgente» de esta medida debido a las dudas que suscita sobre su impacto y su encaje en el marco jurídico comunitario. Además, al no realizarse una evaluación individualizada con certificados de antecedentes penales, podría facilitar la entrada de «delincuentes».
Solicitan que el Parlamento Europeo analice «las consecuencias sociales, económicas y jurídicas» del proceso que, según los populares, «contradice el enfoque comunitario en materia de control de fronteras y gestión de flujos migratorios». Según la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, se trata de «la mayor operación de regularización en Europa», legislando «sin certezas» y sin coordinación con los demás socios.
Por estas razones, el texto advierte sobre las posibles repercusiones de este proceso en materia de seguridad, servicios públicos y gestión administrativa, dado que carece de planificación, controles y evaluación de impacto. «Es una irresponsabilidad que ni España ni Europa pueden permitirse (…) Un país que desconoce quién entra no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni la de sus socios europeos», subrayó Ezcurra.
En el documento de la propuesta se resalta que la regularización masiva podría afectar a otros Estados miembros, ya que los permisos de residencia otorgados en el espacio Schengen permiten la libre circulación dentro de la UE. Sobre esta base, alertan del «riesgo de movimientos secundarios irregulares hacia otros países europeos», lo que, según añaden, «podría generar responsabilidades adicionales para el Estado que concede esos permisos».
Los populares insisten en que la regularización se realiza «sin ningún control», principalmente en lo relativo a la comprobación de antecedentes penales. El PP exige que la regularización se efectúe siempre de manera individual, aportando certificados oficiales de antecedentes penales y no solo declaraciones responsables.