El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, alertó que el veto del Gobierno a las enmiendas del PP resultaba extemporáneo e ilegal.
La Mesa del Congreso, con una mayoría progresista, desestimó el dictamen jurídico de Galindo y permitió el veto, bloqueando el debate y la votación de las enmiendas en el pleno.
Las enmiendas vetadas, que ya contaban con aprobación en el Senado, requerían un certificado oficial de antecedentes penales y preveían la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal.
Los letrados tanto del Senado como Galindo sostienen que el Gobierno fundamentó el veto en un impacto presupuestario ficticio y sin base real.
Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso de los Diputados, advirtió el martes pasado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que el veto del Gobierno a las enmiendas del PP era «extemporáneo» y que, por ende, la Mesa debía rechazarlo.
Galindo presentó este informe jurídico de forma verbal durante la propia reunión de la Mesa. Según fuentes internas, este punto se abordó «fuera del orden del día», a petición de los representantes del PSOE en la Mesa, quienes llevaron los escritos de veto del Ejecutivo a la sesión.
No obstante, el dictamen de Galindo no fue considerado. La Mesa, con cinco votos favorables del bloque progresista frente a cuatro del PP, acordó aceptar el veto y excluir las enmiendas del pleno del jueves.
Esta decisión se tomó en contra del criterio explícito de su propio letrado mayor y contrariando el dictamen de los letrados del Senado, que el 16 de marzo recomendaban rechazar los vetos en la Cámara Alta porque no cumplían «los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».
Desde la dirección del Partido Popular afirman que el órgano rector de la Cámara Baja actuó «cediendo ante la voluntad del Gobierno» por un motivo muy concreto.
«Porque el texto contaba con mayoría para salir adelante en el pleno del Congreso», señala Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, en diálogo con este medio. «Y Pedro Sánchez no podía afrontar esa derrota».
Así, dos medidas aprobadas por una mayoría real en el Senado —formada por PP, Vox y Junts— no serán discutidas ni votadas en el Congreso este jueves.
Una requería un certificado oficial de antecedentes penales para quienes solicitan residencia. La otra incrementaba la plantilla del Ministerio Fiscal. Ambas fueron incorporadas al texto de la proposición de Ley contra la Multirreincidencia antes de que la Cámara Alta la remitiera de nuevo al Congreso.
Es inconstitucional
Tal como informó este diario, los letrados del Senado refutaron el argumento del Gobierno en su dictamen técnico-jurídico del 16 de marzo, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
El Ejecutivo alegó un impacto presupuestario de hasta 71 millones de euros. Sin embargo, la Secretaría General del Senado concluye que dicha cifra «no existe»: es «una mera suposición o estimación sin fundamento», no el impacto «real y efectivo» que exige el Tribunal Constitucional para validar un veto.
La fundamentación del Gobierno se resume en una multiplicación. Emplea un número de plazas «inventado», 400 policías para una enmienda y 491 fiscales para la otra, multiplicándolo por un coste unitario no justificado.
Los mismos letrados señalan que el uso de la expresión «como mínimo» en ambos escritos de desacuerdo demuestra que el cálculo es aproximado, lo que contraviene la doctrina del TC establecida a partir de sentencias desde 2018.
La segunda gran objeción incide en la esencia de la enmienda sobre antecedentes penales: esta medida no obliga en ningún momento a la Administración a crear plazas ni a contratar personal. Es el solicitante de la residencia quien debe presentar el certificado.
Los letrados concluyen que el Gobierno atribuye a las enmiendas efectos que no contemplan para fabricar artificialmente un impacto presupuestario que justifique el veto. Los costes indirectos de segundo grado, según la jurisprudencia constitucional, no constituyen un impacto «real y efectivo».
Galindo: «No ha lugar»
La resolución de Galindo ante la Mesa del Congreso fue categórica: «No procede el veto».
El argumento principal del letrado mayor de la Cámara Baja es que «los vetos deben presentarse donde se van a debatir las enmiendas«. El Ejecutivo ya ejerció esa facultad donde correspondía: en el Senado, y allí se agotó esa posibilidad.
Galindo advirtió a los miembros de la Mesa que «las enmiendas del Senado pueden vetarse allí, y la decisión sobre su aceptación o rechazo no corresponde a la Mesa de esa Cámara«.
La Mesa del Senado, efectivamente, recibió los documentos del Gobierno, los sometió a evaluación de su Secretaría General y desestimó los vetos por considerar que el Ejecutivo «inventaba» un gasto presupuestario inexistente en las enmiendas.
Por ello, Galindo enfatizó ante Armengol que, ese martes, las enmiendas ya no eran tales. El Pleno del Senado las había incorporado al texto de la proposición de ley.
Asimismo, el artículo 90.2 de la Constitución solo otorga al Congreso la facultad de «aceptar o no, por mayoría simple» las modificaciones introducidas por la Cámara Alta. La Carta Magna, sin embargo, no permite excluirlas del orden del día ni impedir que sean sometidas a votación.
Fuentes de la dirección popular sostienen que «ya está aprobado y, por ende, no procede el veto». Insisten en que las enmiendas «ya forman parte del cuerpo legal». Denuncian que, con la actuación de la Mesa, el Gobierno habría legislado por vías inapropiadas.
Había mayoría
La mayoría para aprobar estas medidas en el Congreso existía. PP, Vox y Junts las apoyaron en el Senado y esa suma se habría repetido en la Cámara Baja.
Lo confirmó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras: su formación tenía decidido respaldar la exigencia de certificados de antecedentes penales en procesos de regularización.
«Es lamentable que, con el pretexto del aumento presupuestario, el Gobierno vete esta propuesta para impedir su votación; es todo menos democrático«, declaró la dirigente de la formación de Carles Puigdemont.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue aún más contundente.
Denunció que el Gobierno actuó «de manera conjunta con la Presidencia del Congreso» para impedir que esa mayoría real se manifestara. Afirma además que la Mesa, bajo la presidencia de Armengol, «mantendrá su sumisión» al Ejecutivo al recibir el recurso de reconsideración que presentará el PP en pocas horas.
Este trámite es necesario antes de acudir al Tribunal Constitucional. El PP tiene claro que si la Mesa ratifica el veto, interpondrá un recurso de amparo ante el TC.
Cuenta con el respaldo jurídico, especialmente el dictamen de los letrados del Senado, que certificó que los vetos carecen de los requisitos constitucionales, y la advertencia verbal de Galindo durante la reunión del martes.
Por su parte, el Senado presentará «sin duda alguna» un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, según confirmaron fuentes de la Cámara a EL ESPAÑOL. La tesis sostiene que la Mesa del Congreso usurpó una competencia que la Constitución reserva exclusivamente al Pleno.
Esta doble ofensiva enfrenta, no obstante, un obstáculo de fondo. Fuentes de la Secretaría General del Senado advierten que el TC ya tiene pendientes 12 conflictos planteados por la Cámara Alta en esta legislatura.
Según esas fuentes, «Conde-Pumpido, tras admitirlos a trámite, asigna la ponencia de estos asuntos, invariablemente, a magistrados progresistas, y la intención es archivarlos y no resolverlos durante la presente legislatura».