El Parlamento Europeo ha ratificado un nuevo Reglamento de Retorno destinado a intensificar y unificar las expulsiones de inmigrantes irregulares, debido al bajo rendimiento de la tasa media europea del 20%.
España resalta por su limitada efectividad: en 2024 únicamente se ejecutó el 9,7% de más de 62.000 órdenes de retorno, lo que representa una caída considerable frente a años anteriores.
Este reglamento incorpora una decisión europea estándar de retorno, el reconocimiento mutuo de órdenes de expulsión y la opción de detención hasta por 24 meses para garantizar la ejecución.
El documento respeta garantías como la protección de menores no acompañados y veta las expulsiones hacia países donde la vida o integridad del retornado pueda estar en riesgo.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves un riguroso Reglamento de Retorno que busca uniformar y endurecer las expulsiones de inmigrantes en situación irregular. Bruselas califica la tasa promedio del 20% como «un fracaso».
Por tanto, y debido a países como la España de Pedro Sánchez, que apenas alcanza un 9,7% en la ejecución de expulsiones, la Unión Europea intensifica la vía forzosa, reduce la discrecionalidad de cada Estado y pretende incrementar considerablemente la tasa de expulsiones.
La Unión Europea ha hecho una autoevaluación severa: el fracaso, que se ha intensificado en años recientes, afecta tanto a la esencia como a la forma. Cada vez se expulsan menos inmigrantes irregulares, y la armonización de políticas no se ha logrado.
Por ese motivo, tanto la Comisión como la mayoría del Parlamento Europeo promueven un nuevo reglamento. Por un lado, más estricto, y por otro, que tendrá efecto legal directo desde su entrada en vigor, reemplazando la antigua directiva que fue implementada de manera diversa en cada Estado miembro.
Aunque la media europea del 20% es baja, diversas fuentes involucradas en la elaboración del nuevo texto legal destacan que también exhibe grandes discrepancias, especialmente en casos como el de España, donde las cifras de los últimos tres años son devastadoras, entre el 8% y el 9%.
Los datos oficiales de Eurostat son reveladores. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, España ejecutaba incluso más del 50% de las órdenes de expulsión emitidas contra nacionales de terceros países en situación irregular. Bajo otro gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se alcanzaba alrededor del 30%.
Sin embargo, en 2024, último año con datos cerrados, la realidad es completamente diferente.
España emitió más de 62.000 órdenes de retorno pero sólo ejecutó 6.105, lo que se traduce en una tasa efectiva de retorno de apenas el 9,7%.
Esta caída se confirma como una tendencia clara en las políticas del Ejecutivo de Sánchez: en 2023 el dato fue del 9,3% sobre 64.000 órdenes, y en 2022, la tasa fue incluso inferior, con un 8,2% de ejecución sobre 46.000 expedientes.
Forma y fondo
Las expulsiones o retornos son decisiones administrativas, emitidas por autoridades gubernamentales y no por tribunales penales. Jurídicamente, son actos de policía de extranjería que ordenan a una persona salir del territorio nacional y, en su caso, del espacio Schengen.
Para la Comisión Europea, este «fracaso» supera los aspectos numéricos y también refleja un problema de diseño institucional.
La anterior Directiva de Retorno de 2008 fue concebida como un marco flexible para los Estados miembros. Después del Pacto de Migración y Asilo de 2024, Bruselas concluye que dicho esquema no ha conseguido ni eficacia ni uniformidad.
La Comisión identificó que cada país interpretó de forma diferente los conceptos clave, los plazos y las garantías, lo que generó un conjunto de regímenes legales incompatibles.
Esta fragmentación ha favorecido los denominados «movimientos secundarios»: personas con orden de expulsión en un país que se trasladan a otro Estado miembro buscando un trato más indulgente o un reinicio del procedimiento.
Por ese motivo, la Comisión propuso, y el Parlamento ahora lo asume, un cambio profundo: reemplazar la antigua directiva por un reglamento de retorno aplicable directamente en todos los Estados miembros. Esto implica reducir la discrecionalidad de las capitales y asegurar un conjunto de normas comunes que funcionarán en cada Estado como ley nacional.
A comienzos de este mes, la comisión de Libertades Civiles (LIBE) aprobó un texto que incluso endurece la propuesta de la Comisión Europea.
Lo hace bajo el argumento de que «si solamente una minoría de quienes no tienen derecho a permanecer realmente abandona la UE, el sistema pierde legitimidad y se deteriora el apoyo ciudadano a sociedades abiertas y al espacio Schengen».
La España de Sánchez
En este marco europeo, el caso de España destaca por su notable cambio en las estadísticas.
Hasta 2017, último mandato completo de Rajoy, la tasa de retorno efectiva fluctuaba entre el 35% y el 50%, con pequeñas variaciones. Esa proporción se desploma hasta el 21% después de la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018.
La pandemia afectó los años 2020 y 2021, cuando las restricciones de movilidad y cierre de fronteras hicieron prácticamente imposible llevar a cabo expulsiones con normalidad.
Sin embargo, desde 2022 se establece un nuevo patrón estructural. España sigue emitiendo decenas de miles de órdenes de retorno, pero ejecuta una minoría mínima de ellas. La tasa se sitúa en 8,2% en 2022 y permanece por debajo del 10% en 2023 y 2024.
Simultáneamente, el Gobierno de Sánchez ha optado por una política migratoria que normaliza la permanencia de quienes ingresaron irregularmente.
Primero mediante la tolerancia tácita de una situación prolongada de irregularidad. Después, promoviendo una regularización masiva que permitirá a cientos de miles obtener papeles tras cinco meses de residencia, sin controles estrictos y con solo una «declaración responsable» acerca de antecedentes penales.
Esto genera un mensaje claro internamente y hacia el exterior: el Estado emite órdenes de expulsión, pero no las ejecuta, y después de un tiempo facilita la regularización a gran escala.
El Reglamento
El reglamento fortalece la vía forzosa «para dar credibilidad a la vía voluntaria», según indicaron fuentes oficiales.
La UE mantiene la opción para el irregular de salir voluntariamente dentro de un plazo y con apoyo logístico. No obstante, reconocen que este modelo solo funciona si existe un mecanismo real y ejecutable de expulsión coercitiva cuando la persona no coopera o no se marcha.
Por eso, en primer lugar, se establece una decisión europea estándar de retorno, con un contenido mínimo obligatorio, que será válida en todos los Estados.
En segundo término, se impone el reconocimiento mutuo de esas órdenes: si alguien con expulsión en Francia es detectado en España, no inicia un nuevo trámite, sino que se aplica la decisión ya tomada.
En tercer lugar, se definen criterios comunes para evaluar el riesgo de fuga y justificar medidas como la detención.
A partir de ahí, los Estados podrán aplicar medidas restrictivas de libertad, incluyendo la detención hasta por 24 meses, para garantizar la disponibilidad del individuo cuando llegue el momento de la expulsión.
Paralelamente, las instituciones recalcan que el nuevo marco respeta completamente la Carta de Derechos Fundamentales y el principio de no devolución.
El texto destaca que está prohibido expulsar a alguien a un país donde «su vida o integridad esté en riesgo», veta las expulsiones colectivas y asegura el «derecho a un recurso efectivo» y la protección especial de menores no acompañados.
Con este equilibrio entre firmeza y garantías, la Eurocámara también responde al contexto político marcado por el auge de partidos antiinmigración.
La UE quiere seguir siendo un espacio de asilo y acogida, pero solo para quienes respeten las normas. Para el resto, la política será «quien no tenga derecho a quedarse, debe marcharse», según fuentes europeas.
Política exterior de la UE
Comparando los datos de España con la media europea, se observa un patrón común de caída generalizada en la efectividad: en casi todos los países, entre el 20% y el 30% de las órdenes se convierten en salidas efectivas.
Pero existe una desviación notable, ya que España se sitúa por debajo de este rango desde 2018 y, especialmente, desde 2022.
El Parlamento Europeo utiliza esta evidencia para argumentar la necesidad del nuevo reglamento, que dotará a los Estados de herramientas comunes más claras y contundentes.
Además, el texto establece un vínculo explícito entre el retorno y la política exterior. La readmisión de nacionales queda integrada dentro de las negociaciones con terceros países, con la amenaza de restricciones en visados, ayudas o cooperación si no aceptan a sus ciudadanos de regreso.
Otra novedad es la obligación de cooperación del inmigrante en procesos de retorno.
El reglamento determina que la persona debe colaborar en su identificación, obtención de documentos de viaje y entrega de datos biométricos, bajo amenaza de restringir sus derechos y facilitar su detención.
La falta de colaboración se convierte en un factor clave para evaluar el riesgo de fuga.
La reforma contempla un mayor uso de la detención para asegurar la presencia física hasta la expulsión y regula mejor las alternativas como las obligaciones de comparecencia o la residencia asignada.
En términos de garantías, el Reglamento confirma la necesidad de un representante para menores no acompañados durante los procesos de asilo y retorno.
También establece plazos específicos para recurrir y limita que los recursos tengan efecto suspensivo en casos donde existan riesgos de vulneración de derechos fundamentales.
En síntesis, la UE se dota de una norma más estricta y obligatoria, mientras que España, uno de sus grandes miembros, aplica una estrategia opuesta: dejar vencer las órdenes de expulsión, reducir salidas efectivas y fomentar la regularización de quienes permanecen.