Más del 50% de los docentes ha experimentado o presenciado violencia dentro del aula. «Hace falta un guardia de seguridad»
María José, profesora de Educación Física en un instituto del distrito madrileño de Villaverde, fue atacada por un alumno de 13 años el 5 de noviembre pasado. El joven la intimidó, empujó, pateó y embistió hasta que ella cayó al suelo, casi rodando por las escaleras.
Después de casi cinco meses de baja, María José retomará mañana su actividad laboral. Durante ese tiempo, requirió atención psicológica y tratamiento médico. «Esto es algo habitual para los docentes, no casos aislados, ocurre con más frecuencia de lo que muchos creen», lamenta esta interina con 16 años de experiencia y cinco cursos en el mismo centro.
Su relato coincide con una encuesta difundida ayer por el sindicato CSIF, según la cual más de la mitad de los docentes afirma haber sufrido o presenciado agresiones y maltrato verbal de parte de sus alumnos o familiares. Casi el 100% de los 1.547 encuestados en 17 comunidades autónomas señala la ausencia de protocolos efectivos para manejar conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, generando así «sensación de desprotección» e «inseguridad» en el personal escolar.
El instituto donde se produjo el incidente es un centro catalogado como «de difícil desempeño», situado en un área con bajo nivel socioeconómico y alumnado proveniente de entornos familiares complicados. «Estamos desamparados, abandonados, y como docentes no podemos hacer más. Enseñamos, pero también actuamos como psicólogos, médicos, policías… Necesitamos un guardia de seguridad», demanda María José.
Las cámaras del instituto captaron la agresión a la profesora, que tuvo lugar mientras realizaba guardia en el pasillo y reprendía a un grupo de alumnos —dos chicos y dos chicas— por no estar en clase.
«Les pedí que regresaran al aula, que no podían estar allí. Uno de los chicos se enfadó mucho y me replicó algo así como que yo no tenía autoridad sobre ellos. Cuando insistí, me amenazó señalándome con el dedo. Al pedirle que bajara la mano, se enfureció aún más. Se me acercó a dos centímetros, con actitud intimidante. Sentí que estaba atrapada, recibí empujones y una patada fuerte en la pierna izquierda», explica.
Recuerda haberse bloqueado, sin saber cómo actuar, retrocediendo hasta encontrarse con las escaleras, casi perdiendo el equilibrio. «Al percibir que me caía, toqué al alumno y él comenzó a decir que yo le había agredido. Llegó otra profesora y dijo que debíamos llamar a la policía. ‘Sí, llamaré a la policía’, respondí. De repente, sentí un empujón brutal por la espalda que me levantó del suelo. Me embistió con toda la fuerza y con intención de hacer daño, por la espalda».
La peor pesadilla
Como resultado de la agresión, María José sufrió traumatismos en cuello y espalda, además de hematomas en la pierna, requiriendo 20 sesiones de fisioterapia. Padece estrés postraumático y frecuentemente tiene pesadillas en las que regresa al instituto y es nuevamente agredida.
Lo que más le afectó fue que, poco después del incidente, acudieron los padres del alumno, de etnia gitana, acompañados por otros familiares y padres, preguntando por «la profesora que había agredido al niño». «Los padres solicitaron ver las imágenes grabadas, que la directora calificó de espeluznantes. Pero al mostrarles el vídeo, los padres no lo creyeron y afirmaron que las imágenes estaban manipuladas», denuncia.
«Sentí impotencia, frustración y rabia, porque al final los docentes somos muy vulnerables y, siendo el alumno menor de 14 años, no enfrentará ninguna consecuencia, es inimputable. La Ley del Menor debe modificarse. Hace unos días, en Villaverde, otro menor fue apuñalado por encapuchados, uno de ellos también tenía 13 años».
Señala que la protesta de los padres retrasó todo el proceso, por lo que el alumno no fue trasladado a otro instituto hasta mediados de enero. «Durante ese período, continuó causando problemas y recibiendo partes disciplinarios».