Los letrados del Senado consideran que el veto impuesto por el Gobierno a dos medidas destinadas a frenar la regularización masiva de inmigrantes es inconstitucional y carece de fundamentos.
El informe indica que el supuesto impacto presupuestario de hasta 71 millones de euros mencionado por el Gobierno es un «artificio» sin base técnica ni respaldo en los Presupuestos actuales.
El PP, Vox y Junts respaldaron en el Senado la exigencia de certificados de antecedentes penales en los procedimientos de regularización, sin embargo, el Ejecutivo vetó esta propuesta en el Congreso.
Senado y el PP preparan recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando que el Gobierno ha sobrepasado la interpretación legal para impedir la votación de estas enmiendas.
El Gobierno consiguió que el Congreso aprobara el veto a dos propuestas incluidas en la ley contra la multirreincidencia. Este veto fue rechazado la semana pasada por el Senado como inconstitucional y «sin fundamento», según el dictamen de los letrados de la Cámara Alta.
Los vetos del Ejecutivo tienen como objetivo excluir de la normativa, que ahora regresa al Congreso tras pasar por el Senado, dos medidas muy concretas impulsadas por el Partido Popular.
Con estas medidas, Alberto Núñez Feijóo intentaba evitar que la regularización masiva de inmigrantes se convierta en un «canal para delincuentes».
Actualmente, según el decreto, basta con que el interesado realice una «declaración responsable» para que el Estado asuma que carece de antecedentes penales. El PP logró en el Senado el respaldo de suficientes grupos para alcanzar mayoría también en el Congreso.
El dictamen al que accedió EL ESPAÑOL sostiene que el impacto presupuestario de hasta 71 millones de euros que alega el Ejecutivo es falso.
La Secretaría General del Senado, en su informe jurídico del 16 de marzo, confirma que dicha cifra no existe.
Una «ficción»
De acuerdo con fuentes del cuerpo de letrados, se trata de una «ficción» basada, como señala el dictamen, en «una hipótesis o estimación sin fundamento».
El impacto financiero señalado está «claramente sin justificación», incumpliendo el requisito que el Tribunal Constitucional establece en el artículo 134.6 de la Carta Magna para validar un veto, que debe reflejarse en los Presupuestos vigentes.
El argumento del Gobierno consiste en «hacer decir a las enmiendas lo que no expresan», como exigir la creación de nuevas plazas, 400 policías y 491 fiscales. No obstante, estas demandas no aparecen en las propuestas del PP aprobadas por el Senado.
Posteriormente, el Ejecutivo realiza «una simple multiplicación» de un coste unitario que tampoco justifica. Los letrados sostienen de forma contundente que el Gobierno «no ha evaluado el impacto real y efectivo».
Además, enfatizan que el uso de la expresión «como mínimo» en los escritos de discrepancia «sugiere por sí sola que el cálculo es aproximado», incumpliendo la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en una serie de sentencias desde 2018.
Las enmiendas no ordenan en ningún momento a la Administración crear plazas ni contratar personal policial, ya que es el solicitante del permiso de residencia quien debe proporcionar el certificado de antecedentes penales y policiales.
Por ello, los letrados concluyen que el Gobierno «distorsiona» la interpretación de las modificaciones legales para fabricar artificialmente un impacto presupuestario que justifique el veto.
Según la jurisprudencia constitucional, en todo caso, los gastos indirectos de personal – aquellos que cualquier norma puede generar sobre la carga de trabajo de cualquier organismo – no justifican bajo ningún concepto el veto.
Había mayoría
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, denuncia que el Gobierno actuó «en complicidad con la Presidencia del Congreso» para impedir que «una verdadera mayoría parlamentaria» se pronunciara. Las enmiendas fueron aprobadas en el Senado por PP, Vox y Junts, y se esperaba repetir esa mayoría en el Congreso.
Así lo confirmó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuyo partido planeaba votar a favor de la reforma para exigir certificados de antecedentes en procesos de regularización.
«Es lamentable que bajo el pretexto del aumento presupuestario, el Gobierno vete esta medida para evitar la votación; es todo menos democrático«, afirmó la líder del partido de Carles Puigdemont.
Doble ofensiva ante el TC
Fuentes del PP señalan que presentarán «un escrito de reconsideración» ante la Mesa del Congreso como «paso preliminar» al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues Muñoz prevé que la Mesa, presidida por Francina Armengol, mantendrá su «sumisión»
El respaldo para este recurso ya existe: el dictamen de los letrados del Senado que respaldó el rechazo de los vetos por no cumplir con los «requisitos exigidos» según la jurisprudencia del TC.
Por su parte, el Senado planea presentar «sin duda alguna» un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, aseguran fuentes de la Cámara.
La tesis sostiene que la Mesa del Congreso usurpó una competencia que la Constitución reserva exclusivamente al Pleno. El artículo 90.2 otorga al Congreso la potestad de «aceptar o rechazar por mayoría simple» las enmiendas del Senado.
Lo que no permite la Constitución es «excluirlas del orden del día» y evitar su votación, recuerda el informe de los letrados. Al admitir el veto del Gobierno sobre un texto aprobado en la Cámara colegisladora, el Congreso permitió al Ejecutivo legislar de manera encubierta.
O, como señalan otras fuentes del PP: «Una vez aprobado, no procede el veto». Es decir, las enmiendas dejaron de serlo en el momento en que el Pleno del Senado las incorporó al texto legal. «Pasaron a ser parte de la ley».
Argumentos adicionales
Los letrados del Senado aportan en su informe más razones contra ambos vetos.
La partida presupuestaria que menciona el Gobierno para la enmienda sobre la planta fiscal, la 13.06.112A.12X, no aparece en los Presupuestos Generales de 2023 prorrogados. El Tribunal Constitucional exige que el veto aluda al presupuesto vigente y no a uno futuro.
Además, la enmienda establecía un plazo de dos años para su aplicación gradual, por lo que los gastos podrían correr entre 2027 y 2028 y solo si el Gobierno aprueba un Real Decreto. Sin embargo, el Ejecutivo asigna todo el coste al año 2026 de forma incorrecta.
También, el Gobierno no vetó en el Congreso otras «enmiendas de contenido sustancialmente similar«. Por ejemplo, ERC propuso una sobre la creación de plazas judiciales en Cataluña, con transferencia de fondos a la Generalitat, que fue debatida y votada sin objeción del Ejecutivo.
Vetar en el Senado lo que se permitió en el Congreso, según el dictamen, constituye «una discriminación injustificada» entre partidos y Cámaras.
A esto se suma que el Gobierno lleva tres años sin presentar unos Presupuestos: los letrados aplican el principio de que «quien incumple una obligación constitucional no puede beneficiarse de ello«.
Desconfianza y «distorsión»
Sin embargo, el conflicto de atribuciones que busca el Senado enfrenta un obstáculo procesal importante: fuentes de la Secretaría General advierten que el Tribunal Constitucional tiene ya 12 conflictos pendientes presentados en esta legislatura contra el Gobierno o el Congreso.
Según esas fuentes, «Conde-Pumpido tras admitirlos asigna estos asuntos exclusivamente a magistrados progresistas y la intención es archivarlos y no resolverlos esta legislatura«.
En el Senado se plantean una incómoda pregunta retórica: «¿Cómo podrá el Constitucional afirmar que el Gobierno no está obligado a presentar una Ley de Presupuestos?».
Las mismas fuentes califican de «evidente» la «distorsión del Gobierno al vetar las enmiendas».
Acusan al Ejecutivo de «inventar partidas presupuestarias inexistentes» y «crear costes de personal indirectos no contemplados en las enmiendas, atribuyéndoles demandas inexistentes para justificarlas».
Si este razonamiento prosperase, concluyen los letrados, el Gobierno podría vetar cualquier iniciativa parlamentaria, ya que toda norma acarrea costos indirectos de personal. Así, el control parlamentario se invertiría y, en la práctica, quedaría en manos del Ejecutivo.