Empleados del centro líder en la lucha contra el cáncer declaran a la Policía que realizaban trabajos desde sus domicilios, mientras las autoridades sospechan que bienes del organismo terminaban en una red de empresas privadas.
El reconocido científico Mariano Barbacid y Juan Arroyo, exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), quienes están en el centro de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional por un presunto desfalco de 25 millones públicos durante 17 años, comparten domicilio social para negocios privados fuera del organismo, así como con una de las compañías clave en la supuesta malversación: Zeus, empresa fundada en 2009 por un exdirectivo, que ha trabajado exclusivamente para la institución, adjudicándose los 15 contratos SAP a los que se presentó y obteniendo 1,4 millones de euros por servicios que, según las denuncias, no se realizaron.
La sede social de Zeus SL, situada en un local en la calle Don Quijote número 11 de Madrid, coincide con la de una empresa de Barbacid y con varias sociedades de Arroyo, considerado el epicentro del desfalco millonario según la denuncia que investigan la Anticorrupción y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). Barbacid es propietario allí de la inmobiliaria Herdon, mientras que Arroyo actúa como apoderado de varias firmas junto a su hermano José Luis, entre ellas Inversiones Prado de San Isidro y Predio de Chamberí.
El inmueble, de hecho, es parte del patrimonio familiar de los Barbacid, según ha verificado este periódico: familiares residen en uno de los pisos, y él mismo ha arrendado espacios a becarios del CNIO dentro del edificio. Se investigan decenas de empresas vinculadas al CNIO como posibles vehículos para desviar fondos, incluso se analiza que otras relacionadas con estos ex empleados y con inmobiliarias hayan recibido equipamientos adquiridos para el centro, como partidas denunciadas hace seis años por la ex presidenta del comité de empresa: duchas y bañeras, por ejemplo, que nunca se utilizaron en el CNIO.
Entre estas entidades vinculadas supuestamente a Arroyo, destaca Gedosol, fundada por un exjefe de personal y recientemente apartada por el Patronato, que ejercía casi un control total de la gestión externa del centro, según advirtió José Manuel Bernabé al asumir como gerente.
El foco también se dirige hacia Barbacid, quien ha apoyado públicamente a Arroyo, despedido por el Patronato tras iniciarse la investigación de Anticorrupción luego de que EL MUNDO revelara en exclusiva en noviembre pasado la denuncia presentada por el ex director de compras y la ex directora de Cumplimiento Normativo: una auditoría exhaustiva con grabaciones de empleados que señala que entre 25 y 30 millones de euros públicos habrían sido desviados, euro a euro, mediante servicios insuficientes o inexistentes, a través de subcontratas creadas por ex altos cargos del CNIO, apoyadas por Arroyo durante su gestión.
Arroyo y sus subordinados, José Ignacio Fernández Vera y Laura Muñoz, han sido despedidos por la solidez de las pruebas en poder de las autoridades, y las dudas también alcanzan a Barbacid, según información recabada por EL MUNDO tras la declaración policial de técnicos de mantenimiento que aseguran haber efectuado tareas pagadas por el CNIO en sus domicilios, incluido el de Arroyo.
Detrás de estos hechos se encuentran asuntos con mayor impacto económico. Por ejemplo, posibles incompatibilidades detectadas por la dirección del CNIO al ceder patentes públicas a Vega Oncotargets, empresa en cuyo capital participa Barbacid y que ha recaudado 3,5 millones gracias a estas patentes. La compañía llegó a promocionar en televisión y en su sitio web, basándose en dichas patentes, “la primera terapia efectiva contra el cáncer de páncreas”, aunque luego reconoció que sólo se trataba de una expectativa lejana. No obstante, la captación de fondos no se detuvo.
Otro foco de atención es la Fundación Álvarez Quirós, que administra 1,5 millones de euros procedentes de una herencia familiar originalmente destinada al CNIO, pero que finalmente se constituyó como fundación independiente, integrada en la órbita, según los denunciantes, del exdirectivo cesado —con Fernández-Vera como secretario—, y con Barbacid como patrono.
La administración de herencias donadas al centro genera sospechas adicionales: hace tres meses, el gerente Bernabé paralizó la exoneración de otra herencia valorada en 300.000 euros que, con sospechas, se iba a vender por 150.000.
En enero, justo antes de ser apartado tras una denuncia por acoso que no fue ratificada por la persona afectada —acción desmentida por empleados del centro, pero validada por el Ministerio de Ciencia con la clara intención de proteger a la ministra Morant para su próxima candidatura a la Generalitat Valenciana—, Bernabé también bloqueó otra salida patrimonial hacia el entorno de Barbacid: un convenio con la fundación Cris y varios inversores para destinar tres millones del CNIO a investigación cuya titularidad no sería pública.
Después de un tenso encuentro con Barbacid presente, el gerente se negó a ceder, y poco después surgió la denuncia por acoso. El Ministerio solicitó su cese y el Patronato anunció su destitución, que todavía no se ha materializado porque, según consta en EL MUNDO, no hay quien quiera asumir la responsabilidad de manejar un avispero de supuesta corrupción aún plagado de posibles riesgos por la red clientelar que se habría tejido durante dos décadas dentro de la institución. Sobre el tema del acoso, con Bernabé ya apartado, no se han tenido más noticias.
En definitiva, la hipótesis de los ex altos cargos denunciantes y del actual gerente, avalada por los investigadores, es que la protección de Barbacid pudo haber facilitado el presunto desfalco durante todo ese periodo. Barbacid fue director científico del CNIO hasta 2011, cuando María Blasco le sucedió. Ella siempre solicitó la destitución de Arroyo, por considerarlo vinculado no sólo por amistad a Barbacid —como se entendió en el propio CNIO—.
Blasco fue removida de su cargo a principios de 2025 tras salir a la luz denuncias de acoso en su contra y manejos dudosos con fondos de CNIO Arte —denuncias que luego quedaron sin consecuencias, pero que sirvieron para apartarla como directora científica—. Arroyo, que también iba a ser destituido, recuperó finalmente su puesto previo como Vicedirector de Asuntos Económicos y mantuvo el control del centro hasta su reciente cese.
Barbacid ha defendido públicamente a Juan Arroyo siempre que ha tenido oportunidad. No hace mucho, en el Congreso en 2022, ante las denuncias que ahora adquieren validez, declaró: “Juan Arroyo es intachable, sin él el CNIO no existiría”, para luego desacreditar a la anterior presidenta del comité de empresa, promotora de las acusaciones en aquel entonces. El informe elaborado por el ex director de Operaciones, que manejan UDEF y Fiscalía Anticorrupción, multiplica por cinco las denuncias que ella presentó hace ocho años.
De hecho, Barbacid fue acusado en 2002 por el Ministerio de Sanidad de 9,5 millones en gastos no justificados, aunque un cambio inesperado en la titularidad ministerial dejó el caso en suspenso, a pesar de que el entonces director del Instituto Carlos III se negó a firmar las cuentas de la Fundación CNIO.
Este periódico ha intentado obtener la versión de los hechos de Barbacid y Arroyo sin lograr respuesta.