Los integrantes del Gobierno pertenecientes al partido de Yolanda Díaz se negaron a ceder para exigir la inclusión de sus propuestas en el «escudo social» frente al conflicto bélico.
El viernes a las 11.00 de la mañana estaba previsto que Pedro Sánchez compareciera en La Moncloa para detallar en persona el paquete de medidas que aliviarán las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Medio. No es común que el presidente se dirija a los medios en España fuera de las dos ocasiones anuales en que realiza el balance de su gestión, lo que subraya la relevancia de esta convocatoria para el Ejecutivo. No obstante, a esa hora, con la sala de prensa ya llena, ni siquiera había comenzado el Consejo de Ministros extraordinario encargado de aprobar este nuevo «escudo social».
Los cinco delegados de Sumar en la coalición se plantaron antes de la reunión debido a la negativa del sector socialista a integrar en el plan integral la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, así como el control sobre los márgenes empresariales. Estaban decididos a mantener la presión hasta el final. El anuncio de la movilización de 5.000 millones de euros, acompañado de un nuevo manifiesto del No a la guerra, quedó eclipsado por un enfrentamiento poco habitual entre socios de la coalición.
Antes del inicio del Consejo de Ministros extraordinario, fijado para las 9.30 horas, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, comunicó a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, su desacuerdo con el real decreto que se pretendía aprobar, según informan las fuentes consultadas por este diario. Más tarde, llegaron Yolanda Díaz y los demás miembros de esta formación minoritaria, quienes expresaron su intención de no participar en la reunión si no se atendían sus demandas.
Para intentar reconducir la situación, Sánchez mantuvo un primer diálogo con Díaz. Posteriormente, tuvo lugar un encuentro con siete participantes: Sánchez, Díaz, Montero y los otros cuatro ministros de Sumar, en una sala contigua donde habitualmente toman café antes de las reuniones regulares de los martes. Fue en ese momento cuando el sector socialista del Gobierno accedió a negociar los dos asuntos reclamados por su socio.
Se acordó que las cuestiones relacionadas con la vivienda se separarían en un segundo decreto, que se da por seguro será rechazado en el Congreso, ya que no existe una postura conjunta entre los socios de investidura para su aprobación.
Finalmente, alrededor de las 11.45 horas, con más de dos horas de retraso respecto al timing previsto, comenzó el Consejo de Ministros, en el que se ultimarían los detalles de ese pacto in extremis. Entre otros asuntos, los responsables de Economía, Carlos Cuerpo, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, representantes de ambas partes del Gobierno, terminaron de definir el apartado que regula el control de los márgenes empresariales para prevenir posibles abusos. Esta medida sí se incluyó en el decreto, que se considera será ratificado en la Cámara Baja tras constatar telefónicamente con Junts y PNV el respaldo de los grupos del bloque de investidura.
«Comprendo que el conflicto sea interesante para los medios, pero estamos hablando de un plan muy importante, resultado de numerosas horas de negociación a distintos niveles», ironizó posteriormente Sánchez, intentando restar importancia al ambiente de tensión entre socios, y subrayando que lo esencial es la «capacidad de diálogo y acuerdo» dentro de la coalición: «No lo considero un problema en absoluto, sino más bien un activo de este Gobierno».
Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo en La Moncloa, el ministro encargado en días previos de las conversaciones con los grupos parlamentarios para asegurar el apoyo al real decreto se encontraba a 2.000 kilómetros. Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, acompañaba en ese momento a los Reyes en la audiencia con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano.
Con más de dos horas de retraso, Sánchez finalmente acudió a la rueda de prensa acompañado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además del director de la Oficina de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, todos con rostros serios. No estuvo en primera fila Montero, quien por la tarde tenía previsto firmar el convenio para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, en su actual condición de miembro del Gobierno, cargo que dejará en semanas para ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas que se celebrarán antes del verano.
Hasta este viernes, los Consejos de Ministros más conflictivos desde la constitución en 2020 del primer Ejecutivo de coalición en España ocurrieron en la legislatura pasada, con Pablo Iglesias aún como vicepresidente, debido a las discrepancias de Podemos con las medidas del confinamiento por la pandemia y al incremento del gasto militar. En ambas ocasiones, el presidente interrumpió las reuniones hasta lograr reconducir las posiciones.
Tras la negativa de ayer, los ministros del partido de Díaz salieron en bloque a destacar los logros alcanzados en la negociación con el PSOE. «Lo que hemos demostrado hoy es que Sumar está para gobernar y conseguir avances. Ese es el papel de Sumar, estar en el Gobierno para transformar», afirmó Urtasun desde el Congreso, justo tras la rueda de prensa de Sánchez en La Moncloa. Desde el sector socialista consideran que hubo más una «puesta en escena», pues precisan que no rechazaban incluir medidas en otro decreto, pero sí en el del No a la guerra para evitar que fuera rechazado.
Detrás de las discrepancias escenificadas en directo que acapararon la atención mediática hay un plan integral que contempla un total de 80 medidas, que entrarán en vigor este sábado con su publicación en el BOE y que beneficiarán a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Entre las ayudas aprobadas se incluyen también una reducción de 30 céntimos por litro en combustibles, una rebaja del 60 % en los impuestos a la electricidad y la prohibición de cortes de suministro para personas vulnerables.
«Estoy muy enfadado», llegó a decir Sánchez durante su comparecencia, aunque no se refería a la negativa de Sumar, sino a la necesidad de destinar 5.000 millones de euros para contrarrestar el «shock energético» provocado por «una guerra ilegal» y a «los políticos que se mantienen al margen» en este conflicto, en una crítica velada al PP. Según destacó, las medidas estarán vigentes el tiempo necesario y se ampliarán si fuera preciso.