Fuentes ministeriales han confirmado que el texto será presentado al Consejo de Ministros en las próximas semanas
El Ministerio de Trabajo ha recogido las críticas emitidas por el Consejo de Estado sobre su proyecto de control del registro horario y, tras el análisis del órgano consultivo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz planea modificar el real decreto. Sin embargo, fuentes ministeriales aseguraron este martes a EFE que dichas observaciones no impedirán que el texto se lleve al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Por lo tanto, las autoridades laborales mantienen como prioridad que el registro de jornada sea totalmente digital y de fácil acceso para la Inspección de Trabajo. Esta digitalización tiene como objetivo minimizar la manipulación de datos y facilitar la vigilancia en tiempo real de los horarios, para afrontar las miles de horas extraordinarias no remuneradas, una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
Frente al rechazo del Consejo de Estado, Trabajo subraya su potestad para legislar en materia laboral y recuerda que la normativa ya obliga a las empresas desde 2018 a llevar un registro horario. Según las mismas fuentes, cualquier incidencia en el tratamiento de datos personales ya estaría sucediendo bajo el marco actual, no solo con la nueva propuesta de redacción.
Asimismo, desde el Ministerio argumentan que la aprobación de la reforma es necesaria para cumplir tanto con los compromisos del Gobierno de coalición como con las exigencias de la justicia europea. Consideran que paralizar la medida supondría una grave falta al acuerdo político entre el PSOE y Sumar.
Fortalecimiento en la protección de datos y la negociación colectiva
El nuevo borrador del real decreto reforzará la protección de los datos personales de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo prevé implementar ajustes que otorguen mayor seguridad jurídica al procedimiento, en respuesta a las observaciones del Consejo de Estado y para blindar la norma ante posibles recursos judiciales.
Sumar reclama su papel en el Gobierno, pero debe aprobar el decreto de los alquileres en el Congreso.
De igual forma, se prevé una mayor implicación de la negociación colectiva como mecanismo complementario para adaptar el registro a las distintas realidades sectoriales y empresariales. El Ministerio sostiene que esta colaboración no puede sustituir la regulación estatal, puesto que la finalidad es garantizar la protección efectiva de todos los empleados, sin importar el tamaño de la empresa.
No obstante, para fuentes ministeriales, gran parte de los argumentos del Consejo de Estado carecen de fundamento y no reflejan la realidad del funcionamiento del registro horario ni las competencias del Gobierno en materia laboral.
Discrepancias internas en el Gobierno
El avance de esta reforma ha provocado tensiones dentro del propio Ejecutivo. Desde Trabajo se acusa al Ministerio de Economía y a la CEOE de alinearse con intereses empresariales que se oponen a la regulación. A pesar de ello, Díaz dejó claro este martes que la propuesta continuará “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía” para impedirlo.
El Ministerio insiste en que la reforma responde a una necesidad social, y deplora que la propuesta de Economía ponga en riesgo la ejecución de los acuerdos gubernamentales. Para Trabajo, la normativa permitirá mejorar un sistema existente que precisa mayor efectividad para eliminar el abuso de las horas extraordinarias no pagadas.
Por su parte, la CEOE se prepara para iniciar una batalla judicial contra la reforma, lo que ha motivado al Ministerio a acelerar las modificaciones y garantizar que la norma sea robusta frente a posibles impugnaciones en los tribunales.
*Noticia elaborada con información de agencias.