Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, antigua líder de ETA, abandona prisión tras cumplir únicamente 6 años de una condena total de 717 por 14 asesinatos.
El Gobierno vasco le otorga un régimen de semilibertad aplicando el artículo 100.2, lo que bloquea cualquier recurso por parte de las víctimas contra esta decisión.
Organizaciones de víctimas del terrorismo y el PP critican esta medida y la relacionan con acuerdos políticos entre PSOE y Bildu, expresando que se sienten vulneradas y humilladas.
Especialistas y afectados alertan sobre la reducción de las exigencias sociales hacia los responsables, mientras las víctimas continúan pagando las consecuencias para la convivencia.
Las víctimas sienten impotencia y el PP muestra indignación ante la salida de prisión de la exlíder de ETA Soledad Iparraguirre Anboto, quien ha cumplido solo 6 de los 717 años impuestos por la Audiencia Nacional por su implicación en 14 asesinatos.
Desde este lunes, podrá beneficiarse del régimen de semilibertad (salidas de lunes a viernes), decidido por el departamento de Justicia del Gobierno vasco, encabezado por la socialista María Jesús San José.
«Esta es la corrupción sanchista más inmoral: presos a cambio de poder«, declara la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a EL ESPAÑOL.
«Este pacto encubierto del PSOE con Bildu», añade, «ha provocado que las víctimas vean cómo los asesinos consiguen beneficios penitenciarios sin colaborar con la Justicia ni mostrar arrepentimiento».
Las asociaciones de víctimas del terrorismo se sienten indefensas y sin apoyo, ya que el Gobierno vasco ha aplicado el artículo 100.2 del código penitenciario, fórmula que les niega la posibilidad de impugnar la medida.
Según la Asociación Dignidad y Justicia, es «un tercer grado disfrazado» porque las víctimas carecen de capacidad para apelar: «no dependen ni del fiscal ni del juez, sino directamente de la administración penitenciaria».
«Con el 100.2 ni nos informan ni podemos presentar recursos. Normalmente nos enteramos por la prensa», coincide Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Por eso la indignación se intensifica: «Nos hemos comunicado con el Gobierno Vasco y nos han confirmado que no podemos hacer nada más que aceptar la situación».
Durante los años más duros del terrorismo, el histórico dirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz perdió a compañeros de partido como Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA.
Hoy lamenta que muchos socialistas parecen haber olvidado que no hace tanto «sus compañeros compartían el corredor de la muerte con los del PP en el País Vasco» por la amenaza de ETA.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, ha otorgado 114 terceros grados a presos de ETA, según datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
«Hoy es Anboto, ayer fue Txeroki…», enumera Iturgaiz, «esto es un goteo constante; el Gobierno está humillando a las víctimas, que soportan una situación continua de sufrimiento».
Los terroristas salen a la calle bajo los acuerdos entre PSOE y Bildu, pero «no muestran arrepentimiento ni colaboran con la Justicia» para esclarecer más de 350 asesinatos cuya autoría sigue sin determinar, algo que «ayudaría a las víctimas a encontrar paz», asegura el expresidente del PP vasco.
Lo más alarmante es que, debido a estas políticas, las víctimas pueden cruzarse ahora con los asesinos de sus familiares o con los delatores que los señalaron a la banda, o descubrir que viven en sus vecindarios, como sucede en numerosos casos, recuerda.
En diálogo con EL ESPAÑOL, Carlos Iturgaiz no se anda con rodeos: «El entorno de Bildu está dominado por ETA, que ya no mata pero ejerce política, impulsa la cultura y controla la memoria histórica de nuestro país».
«Solo basta observar la pirámide de Sortu, que manda en Bildu», explica, «allí se encuentran David Pla, Elena Beloki y el propio Otegi. Eran líderes de ETA» y ahora dirigen la estructura política que es clave para mantener al Gobierno de Pedro Sánchez.
«Para mantener el poder un día más, Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo», señala Iturgaiz.
Soledad Iparraguirre Anboto, quien desde ahora podrá salir de prisión de lunes a viernes, posee un extenso historial delictivo.
En 2021, aceptó mediante un acuerdo con la Fiscalía una pena de 15 años por ordenar el intento fallido de asesinato del rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.
Fue también procesada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres miembros de la dirección de ETA, por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. No obstante, la causa fue archivada por prescripción del delito.
Además, desempeñó el papel de responsable del aparato económico de ETA, encargada de la recaudación y gestión del impuesto revolucionario que la organización terrorista exigía a muchas empresas para financiar sus operaciones.
Estos terroristas que ahora salen a la calle, sostiene Iturgaiz, son auténticos “carniceros, fanáticos fundamentalistas, comparables a los que se observan en el yihadismo. Reales talibanes del terrorismo”.
El precio para las víctimas
María Jiménez, historiadora y doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra, especialista en terrorismo de ETA, muestra en su libro El tiempo del testimonio. Las víctimas y el relato de ETA (2023) una constante preocupación por la memoria de los afectados.
La historiadora destaca, en declaraciones a EL ESPAÑOL, la «paradoja» que ocurre tanto durante los periodos violentos como en la actual etapa de «postviolencia»: «Las demandas sociales hacia las víctimas aumentan mientras que las exigencias hacia los culpables disminuyen».
«Nos encontramos frente a perpetradores o terroristas», explica, «a quienes se facilita salir en libertad sin haber realizado un proceso de reflexión ética» ni se les obliga a «criticar abiertamente su pasado».
En contraposición, las víctimas del terrorismo se han convertido en figuras «incómodas» para la sociedad.
«Lo fueron mientras persistió la violencia», apunta María Jiménez, «porque reclamaban sus derechos y confrontaban a los responsables políticos e institucionales, exigiendo respuestas sobre sus acciones frente a los crímenes cometidos».
Y continúan siéndolo ahora, ya que prevalece la idea social de que «la convivencia tiene un precio y ese precio son las víctimas«, afirma la doctora en Comunicación e investigadora del terrorismo de ETA.