Las entidades que representan a las víctimas del terrorismo han expresado su rechazo ante la concesión de semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, antigua responsable de ETA.
Esta autorización, otorgada por la administración penitenciaria vasca, no permite a las víctimas apelar o recurrir, según denuncian sus portavoces.
‘Anboto’ fue sentenciada a 717 años de prisión por diversos atentados y participó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, entre otros crímenes.
Las víctimas critican que la exmiembro de ETA podrá desplazarse sin restricciones y reprochan no haber sido notificadas con anticipación sobre su excarcelación.
La salida de prisión, por ahora limitada de lunes a viernes, de la antigua jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, ha generado una fuerte protesta en las asociaciones de víctimas del terrorismo, que, conforme a la legislación actual, no poseen recursos legales para impugnar la decisión.
«Se trata de una forma encubierta de aplicar el tercer grado. Es indignante, todo se reduce a una falta de respeto», declara a El Español el presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero.
Este activista defensor de la memoria de las víctimas considera que la medida representa «un tercer grado disimulado» que no depende del fiscal ni de un juez, sino exclusivamente «de la administración penitenciaria».
«No tenemos posibilidad de apelación«, se lamenta Portero.
La semilibertad de ‘Anboto’ se añade a los 114 terceros grados concedidos a presos de ETA desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias en materia penitenciaria, a finales de 2021.
De dicha cantidad, 20 han sido revocados posteriormente por la Audiencia Nacional.
La socialista María Jesús San José comenzó en junio de 2024 su gestión como consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, tras el acuerdo firmado entre PNV y PSE.
El caso de ‘Anboto’ ha provocado reacciones adversas. Esta exlíder de ETA, que nunca ha mostrado remordimiento, cumplió únicamente 15 años de prisión en Francia y seis en España.
En su conjunto, la pena impuesta ascendió a 717 años de prisión.
Entre otros procesos, fue juzgada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres dirigentes de la organización, por haber ordenado el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997.
La condena más severa, de 425 años, fue dictada por la Audiencia Nacional por su autoría material en el atentado fallido contra la Policía en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria, ocurrido en mayo de 1985.
Por su parte, Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), coincide con Portero al considerar que el régimen de semilibertad aplicado a ‘Anboto’ es «un tercer grado encubierto».
«No se trata de casos excepcionales, como salir a trabajar o a realizar voluntariado, tal como se ha manifestado anteriormente», afirma.
Araluce señala que la decisión se basa en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario español, que permite una flexibilización excepcional del régimen penitenciario para internos en segundo grado.
«Con el 100.2 ni nos notifican ni podemos presentar recurso alguno. A menudo nos enteramos por los medios de comunicación«, comenta.
Sin embargo, la protesta continúa: «Hemos contactado con el Gobierno Vasco y nos informaron de que, efectivamente, no podemos realizar ninguna acción y solo queda aceptarlo».
La presidenta de la AVT no solo lamenta la libertad concedida, sino también sus consecuencias directas. Desde el próximo lunes, las víctimas directas podrán encontrarse con ella en la calle.