Sumar bloqueó la sesión inicial del Consejo de Ministros debido a desacuerdos respecto al real decreto anticrisis, reclamando la inclusión de medidas dirigidas a la vivienda.
El Ejecutivo autorizó dos decretos: uno con reducciones fiscales en combustibles y otro, solicitado por Sumar, destinado a congelar los alquileres hasta 2027.
La ausencia de acuerdo entre los aliados de Sánchez y la oposición de formaciones como ERC y Bildu dificultan la validación parlamentaria de estas iniciativas.
Este episodio pone de manifiesto la problemática del Gobierno para impulsar políticas de corte izquierdista en un Parlamento dominado por la derecha.
«Hay un decreto de corte conservador (con las reducciones del IVA en carburantes) y otro progresista (el del límite a los alquileres)», señaló con ironía el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras la polémica sesión del Consejo de Ministros este viernes.
La reunión inició con más de dos horas de demora debido a la ausencia de los ministros de Sumar, tras notar que el real decreto de ayudas por las consecuencias del conflicto en Irán, que se iba a aprobar, no incluía ninguna referencia a la vivienda.
El presidente del Gobierno debió intervenir directamente para desbloquear la sanción de las medidas contra la crisis energética, ya que las negociaciones entre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Sumar, que se desarrollaban en una sala contigua a la de los miembros del ala socialista, no avanzaban.
Montero tomó a su cargo esta negociación contrarreloj ante la ausencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien se encontraba en Roma desde el jueves acompañando a los Reyes en una recepción con el papa León XIV la mañana del viernes.
Aunque la coordinación del decreto ley correspondía a Bolaños y se trataba de una iniciativa clave para el Gobierno, el ministro de Presidencia no delegó su presencia en Roma a ningún otro ministro disponible para la jornada.
Tras más de una hora de interlocución, con Montero entrando y saliendo para dialogar con Carlos Cuerpo, titular de Economía, fue Sánchez quien se dirigió personalmente al espacio donde estaban los ministros de Sumar para resolver las discrepancias.
Incluso fue necesario alterar el orden del día del Consejo de Ministros, en el que inicialmente estaba prevista la aprobación de un único decreto ley, para añadir el segundo decreto exigido por Sumar.
Después de varias reuniones, Yolanda Díaz y sus ministros accedieron a participar a cambio de incorporar en el capítulo de ayudas un control sobre los márgenes empresariales de las compañías energéticas.
El texto, fundamentalmente centrado en rebajas fiscales, fue suavizado con la intención de obtener la aceptación de la izquierda.
De hecho, fuentes cercanas a Sumar indican que el documento se elaboró a última hora de manera conjunta entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Sin embargo, no fue suficiente dotar con un barniz progresista a un texto de naturaleza liberal.
A pocas horas, partidos como ERC y Bildu manifestaron su rechazo a «la reducción generalizada de impuestos sin control sobre los precios». Mientras tanto, PP y Junts celebraban y atribuían la autoría de las medidas.
Existe un segundo real decreto que refleja la huella de los socios del Gobierno: aquel que establece la congelación de alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esta medida representa una demanda promovida por el ministro Bustinduy, negociada durante la tarde del jueves y la mañana del viernes.
El socio minoritario, tras múltiples derrotas electorales y carente de liderazgo definido, necesitaba un gesto contundente que diferenciara su posición frente al PSOE.
Por eso, Sumar enfocó sus esfuerzos en el problema más urgente para la población actual: la vivienda. Pretendía ganar a Sánchez un pulso que les devolviese fuerzas.
No obstante, ese decreto parece poco probable que sea ratificado, incluso después de que Sumar renunciara a una de sus reclamaciones históricas: la moratoria antidesahucios, que promete retomar en el futuro.
El PP, aunque no descarta apoyar el decreto de ayudas, ya ha advertido al Ejecutivo que no cuenten con su respaldo para el segundo decreto.
¿Convencerán a Junts?
Actualmente, los esfuerzos del Gobierno se centran en lograr el apoyo de Junts.
Desde el entorno del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reconocen que mantuvieron conversaciones durante la noche del jueves con la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y que la propuesta no desagrada al PNV.
Sin embargo, desde Waterloo, sede central de Carles Puigdemont, están decididos a rechazar el decreto cuando sea debatido en el Congreso dentro de un mes.
El motín resultó infructuoso. Las medidas que Sánchez prefería no incluir, y que entrarán en vigor este domingo tras su publicación en el BOE este sábado, serán rechazadas en la Cámara Baja al no contar con mayoría suficiente.
Además, el conflicto pone en evidencia otra debilidad: la dificultad del Gobierno para implementar políticas de izquierdas en un Parlamento mayoritariamente de derechas, con Junts y PNV votando con PP y Vox.
Este viernes quedó patente que los apoyos que tiene Sánchez son incompatibles, lo que provoca el fracaso de la mayoría de sus propuestas y sólo permite avanzar aquellas que incluyen concesiones a Junts y al PNV. Esto explica también la ausencia de nuevos Presupuestos desde 2023.
A pesar de la tensión, la situación vivida con Sumar fue minimizada por Sánchez, quien durante la rueda de prensa la calificó de mero «salseo» con interés exclusivo para los medios de comunicación.