Aquaterra Servicios Infraestructuras SL efectuó un pago de 25.440 euros a Javier Herrero un mes antes de que registraran su residencia.
Los investigadores que trabajan en el caso Koldo examinan un pago sospechoso realizado por una constructora al ex director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano, quien está bajo investigación en la Audiencia Nacional. Tanto Anticorrupción como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que podría tratarse de una contraprestación vinculada a contratos públicos en los que Aquaterra Servicios Infraestructuras SL salió favorecida.
Esto se refleja en un auto emitido por el juez Ismael Moreno, quien ha ordenado solicitar información bancaria sobre esta empresa y otras tres constructoras: Ferrovial Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SA. La razón es que estas cuatro compañías participaron en licitaciones junto con Acciona y podrían haber sido usadas «para canalizar fondos que tuvieran como destinatarios a los investigados». La solicitud abarca 29 entidades financieras diferentes y más de quinientos productos financieros, incluyendo cuentas y depósitos.
Guiándose por el informe del fiscal del caso, Luis Pastor, el juez instructor menciona como motivo para ampliar la pesquisa un pago de 25.440 euros a Herrero por parte de Aquaterra. Esta constructora, en UTE con Acciona, resultó adjudicataria en 2019 de una obra para la Autovía A-68 en La Rioja, valorada en 92,4 millones. En el expediente hay un mensaje de Herrero a Koldo García respecto al resultado de esa licitación: «Bingo!!! En Logroño».
El abono se realizó a una cuenta «recientemente abierta» por el ex director general de Carreteras, apenas un mes antes de que la Justicia ordenara los registros relacionados con él.
El auto destaca que la entidad financiera que recibió el dinero, CBNK Banco de Colectivos, detectó la operación y, tras analizar la documentación proporcionada por Herrero, decidió emitir una «Comunicación de Operativa Sospechosa por Indicio» al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo) el 23 de febrero de 2026.
Los indicios sospechosos relacionados con ese pago son varios. Primero, el origen del dinero proviene de una constructora que, junto con la constante presencia de Acciona, resultó beneficiaria de un contrato público de gran magnitud mientras Herrero estaba al frente de Carreteras. Además, la descripción en la factura es tan imprecisa que impide conocer «el motivo real» del pago. A esto se suma que Herrero transfirió inmediatamente 12.500 euros a otra cuenta personal donde tenía domiciliados recibos de autónomos.
También, durante el registro de la residencia de Herrero en junio del año pasado, se encontró en uno de sus ordenadores una cuenta de correo electrónico configurada con el dominio de la empresa pagadora. La UCO señala que no se ha detectado ninguna relación contractual que justifique que el director general de Carreteras tuviera acceso a un correo corporativo de una empresa privada contratista del Estado.
Según detalla el fiscal en su informe y reitera el juez, «el propósito perseguido por los investigados» en esta parte del caso Koldo relacionada con las obras públicas «era obtener un beneficio económico», por lo que resulta «necesario» acceder a la solicitud de la UCO para ampliar la información bancaria sobre las cuatro constructoras vinculadas a Acciona. El objetivo es «lograr el total esclarecimiento» de los hechos investigados y «continuar con la trazabilidad de los fondos presuntamente recibidos por los implicados ligados a Acciona».