La ex militante socialista está bajo investigación por presuntamente buscar información comprometida sobre la UCO, fiscales o algún juez con la finalidad, según el juez, de impedir investigaciones judiciales que afectan a políticos y empresarios.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido la pesquisa relacionada con el contenido de un pendrive que la ex militante del PSOE Leire Díez entregó al partido, conteniendo información supuestamente relevante para la formación, y que el PSOE remitió a la Fiscalía General.
Estas diligencias de investigación preprocesal, iniciadas tras su recepción desde la Fiscalía General del Estado, han sido archivadas por la Fiscalía tras no hallar indicios penales relevantes en esta memoria digital, que en septiembre fue sometida a análisis por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La ex militante proporcionó el pendrive el 3 de junio de 2025, antes de solicitar su baja del partido, a Santos Cerdán, en aquel momento secretario de Organización del PSOE, previo a su investigación y detención provisional por el caso Koldo. El PSOE entregó el dispositivo a la Fiscalía General dos días después.
La ex militante socialista está siendo investigada en un juzgado madrileño por mantener encuentros con un empresario, un guardia civil y un fiscal, durante los cuales presuntamente buscaba información comprometida relacionada con la UCO, fiscales o algún juez con el propósito, según el juez, de obstaculizar procesos judiciales que implican a políticos y empresarios.
Leire Díez, quien fue concejal en Vega del Pas (Cantabria), ha sostenido que estos encuentros formaban parte de una investigación periodística; sin embargo, está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Actualmente, Díez está bajo investigación en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid (ahora denominado Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 9) por estas acciones, y también en la Audiencia Nacional por un presunto cobro de comisiones en contratos públicos, junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y un empresario, Antxon Alonso, quien también es investigado en el caso Koldo.