Las asociaciones de la Guardia Civil abandonaron la sesión plenaria del Consejo en señal de protesta por quedar fuera del reconocimiento de profesión de riesgo, un beneficio que sí se concede a la Policía Nacional.
Acusan al Gobierno de respaldar la exclusión basándose en la naturaleza militar del cuerpo, a pesar de solicitar igualdad en condiciones de jubilación y reconocimiento de riesgos.
Más de 1.500 policías nacionales y guardias civiles protestaron en Madrid reclamando equiparación salarial y jubilaciones justas.
Los representantes expresan sentirse ignorados por el Gobierno y demandan acciones tras las agresiones y la ausencia de reconocimiento de autoridad.
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han dejado de participar en el Consejo del cuerpo tras considerar que el Gobierno penaliza a los agentes por su naturaleza militar y los excluye de la profesión de riesgo, mientras que sí lo reconoce para la Policía Nacional.
En un comunicado conjunto, las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil, actuando de manera unificada, expresaron su abandono del pleno del Consejo en protesta por la tramitación del proyecto de Real Decreto que establece el coeficiente reductor en la edad de jubilación para los miembros de la Policía Nacional integrados en el régimen general de la Seguridad Social.
«No podemos aceptar que se tramite un Real Decreto que reconoce la profesión de riesgo únicamente para los policías nacionales», enfatizan en el comunicado.
Señalan que la razón por la cual el Gobierno excluye a los guardias civiles «se intenta justificar exclusivamente por su condición militar», aunque de forma persistente las asociaciones solicitan el reconocimiento de esta profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías.
Además de abandonar el pleno, las asociaciones profesionales representativas acordaron no participar en futuros grupos de trabajo, comisiones y plenos hasta que la Secretaría de Estado de Seguridad o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convoquen una mesa de diálogo para alcanzar las mismas condiciones económicas en jubilación que el resto de cuerpos policiales, concluyen.
Demandas conjuntas
Cientos de policías nacionales y guardias civiles —1.500, según datos de la Delegación del Gobierno— se unieron el sábado 14 de marzo en una manifestación en Madrid, donde reclamaron, entre otros puntos, la completa equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y una garantía de «una jubilación digna».
La concentración, realizada en la Puerta del Sol, fue organizada por la asociación JuntosPolGC, que no está vinculada a ningún sindicato policial o asociación de guardias civiles y se define como «apolítica y asindical», aunque contó con la presencia del líder de Se Acabó la Fiesta, el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, y de la exdirigente de Vox Macarena Olona.
El portavoz de la asociación, Alfredo Perdiguero, señaló que ambos cuerpos se sienten «menospreciados por el Gobierno», dado que, según lamenta JuntosPolGC, policías nacionales y guardias civiles reciben «menores salarios que policías autonómicas y locales», pese a enfrentar «riesgos iguales o mayores».
Perdiguero también exigió el reconocimiento completo como profesión de riesgo para ambos cuerpos, subrayando que el año anterior «16.000 compañeros fueron agredidos en toda España» sin que, según su opinión, existan «herramientas procesales» adecuadas contra los «delincuentes».
«Deben protegernos, pero no lo hacen ni siquiera cuando nos matan», añadió en referencia al asesinato en Barbate (Cádiz), en 2024, de dos agentes de la Guardia Civil víctimas del violento choque ocasionado por una narcolancha.
Por su parte, el secretario de la asociación, Iván Martínez, demandó recuperar para ambos cuerpos su «principio de autoridad» para poder «desempeñar sus funciones en las calles adecuadamente».
Asimismo, desde JuntosPolGC afirmaron que los veteranos «reciben jubilaciones insuficientes», por lo que exigen que estas sean «proporcionales a la entrega y sacrificio que exige» la profesión. Durante la protesta, los manifestantes solicitaron la renuncia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.