La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 173 años de prisión para Francisco González, ex presidente del BBVA, por aprobar la contratación de Villarejo para espiar a competidores y a deudores.
González enfrenta cargos por un delito continuado de cohecho y 42 delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, por los que se pide una pena de cuatro años de cárcel por cada caso.
El excomisario Villarejo habría empleado el Grupo Cenyt para llevar a cabo actividades de espionaje, accediendo de manera ilegal a información personal y patrimonial de morosos importantes y rivales.
Además, la Fiscalía acusa al BBVA como entidad jurídica, solicitando una multa de 181,8 millones de euros por cohecho y revelación de secretos.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito acusatorio en el que pide 173 años de prisión para el expresidente del BBVA Francisco González, por aprobar que el banco contratase al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a competidores y grupos considerados adversarios o para investigar el patrimonio de los deudores de la entidad.
Anticorrupción responsabiliza a González de un delito continuado de cohecho y 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Por cada uno de estos delitos, que no se consideran continuados, solicita cuatro años de prisión, lo que explica la elevada solicitud de pena para el exbanquero.
Según el escrito de acusación, González dio su «expresa conformidad» a la propuesta de su director de seguridad, Julio Corrochano (excomisario de Policía), para contratar a los entonces comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Este último no comparecerá por motivos de salud.
Villarejo, «abusando de sus funciones» como policía, creó sin conocimiento de sus superiores el Grupo Cenyt, una «estructura empresarial opaca», según el fiscal, dirigida a obtener ganancias personales mediante pagos del BBVA para actividades de espionaje.
El excomisario ofreció servicios que incluían la interceptación de comunicaciones, acceso a compañías telefónicas, seguimiento de personas y acceso a bases de datos policiales para realizar las operaciones encomendadas.
Entre estas operaciones se destaca el proyecto Trampa (2004), orientado a proporcionar a González información sobre la entrada de Sacyr en el capital del BBVA y acciones para frenar los ataques de Ausbanc contra el banco.
Villarejo también fue encargado de investigar a grandes morosos del banco, como Martinsa o Prasa, para lo cual se le imputa el acceso ilegal a datos personales y patrimoniales.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción imputa al BBVA como persona jurídica, responsabilizándolo de un delito continuado de cohecho y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, solicitando una multa de 181,8 millones de euros.
«En la entidad no existía ningún programa de control ni mecanismos de supervisión sobre las decisiones ejecutivas tomadas por su presidente», indica el fiscal.
Esto permitió a González aprobar la contratación de Villarejo, restringiendo el conocimiento de sus actividades a un pequeño grupo de altos directivos y responsables de los servicios centrales del banco.
Junto con González, Corrochano, Villarejo y su socio Rafael Redondo, la Fiscalía acusa a varios exdirectivos del BBVA, entre ellos Antonio Béjar, José Manuel García Crespo y Eduardo Arbizu.