El Congreso ha rechazado la iniciativa del Gobierno que pretendía reducir el límite permitido de alcohol al volante de 0,5 a 0,2 g/l, con votos en contra de PP, Vox y ERC.
El Ejecutivo buscaba que esta norma entrase en vigor antes del verano e incluía también la prohibición de avisar sobre controles de alcoholemia mediante aplicaciones móviles.
Los partidos en la oposición han cuestionado la forma en que se presentó la reforma, señalando que debería haberse tramitado a través de reglamento o como una iniciativa legislativa del Gobierno.
Junts y PNV respaldaron la propuesta, aunque sus votos no fueron suficientes para aprobar la reforma, que llevaba un año estancada en el Congreso.
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado el proyecto del Gobierno para reducir la tasa máxima de alcohol de 0,5 a 0,2 g/l. El Ejecutivo pretendía que esta medida entrara en vigencia antes de este verano.
Puesto que se encontraba en una comisión dictaminadora, salvo que algún grupo la llevara directamente al pleno, esta iniciativa podría haberse tramitado hoy mismo para enviarla al Senado y obtener su aprobación definitiva.
Los 19 votos en contra (PP, Vox, ERC y UPN en representación del grupo mixto) y los 18 votos a favor han impedido la implantación de una medida que ya se aplica desde hace años en países como Suecia y Noruega.
Moncloa e Interior, cuyo titular Fernando Grande Marlaska presentó esta propuesta, ven frustrados sus planes que, además de la reducción de la tasa de alcohol, contemplaban prohibir la difusión de la ubicación de controles por medio de aplicaciones.
El PP votó en contra debido a la forma en que el Gobierno sometió esta modificación: a través de un cambio en la ley de Seguridad Vial en lugar de adoptar un ajuste en el reglamento, lo que resultaría más simple de modificar.
«No se puede aceptar esta manera de legislar», afirmó Sofía Acedo, quien solicitó que esta medida no se presente «ni con prisas ni a través de atajos».
«¿Por qué no se ha tramitado mediante Real Decreto? ¿Por qué no se ha presentado como iniciativa legislativa del Gobierno?», cuestionó.
Vox coincidió con esta postura. «Apoyamos el objetivo, pero discrepamos en los medios que propone esta iniciativa», expresó Alberto Rodríguez, calificando la reducción como una «medida con afán recaudatorio» y relacionando los accidentes en carretera con el mantenimiento de las vías y el consumo de drogas.
La sorpresa vino por parte de ERC, que también votó en contra tras no aceptar sus enmiendas. «No evitará más accidentes; lo que generará es frustración», afirmaba Inés Granollers.
El malestar del grupo independentista se debe a que condicionaron su apoyo a la ampliación del número de examinadores de tráfico en Cataluña, alegando que hay un déficit de profesionales en esa comunidad.
Desde el PSOE instaron a combatir la idea de que «solo se deben permitir los excesos» y recordaron que uno de cada tres accidentes está relacionado con el alcohol.
El diputado Manuel Arribas criticó la postura del PP. «Evitan definirse claramente; cuando se trata de vidas no hay lugar para atajos. Debe garantizarse que ningún individuo imprudente pueda modificar un reglamento», añadió.
Por el contrario, Junts y PNV respaldaron la propuesta del Gobierno. Sin embargo, sus votos no alcanzaron para sacar adelante la reforma que permanecía bloqueada en el Congreso durante un año.
Desde el PSOE, Arribas aseguró que el Gobierno volverá a presentar la reforma al Congreso y relacionó la oposición del PP con «intereses económicos».
Queda pendiente observar cómo se retoma la iniciativa y si es posible convencer a ERC para obtener su apoyo y lograr la aprobación.