Los socios de coalición negocian a contrarreloj un decreto ley que tendrá un impacto directo para millones de inquilinos
El Gobierno considera reintervenir el mercado de alquiler mediante una medida ya aplicada anteriormente: limitando al 2% la actualización anual de los contratos de arrendamiento firmados antes del 26 de mayo de 2023, fecha en que entró en vigor la ley de vivienda. Esta iniciativa formaría parte del decreto ley que el Ejecutivo planea aprobar este viernes para abordar las repercusiones económicas generadas por la guerra en Oriente Medio.
La propuesta surge en un contexto de intensa presión política dentro de la coalición. El PSOE ha presentado esta opción en las últimas horas en respuesta a las demandas de Sumar, que insiste en ampliar el paquete de medidas sociales. Las negociaciones permanecen abiertas y, según informa Efe, podrían extenderse hasta el último momento antes de la aprobación del decreto.
El precedente inmediato de esta medida data de 2022, cuando el Gobierno estableció igualmente un límite del 2% para la actualización de los alquileres en respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania. Esa restricción se mantuvo durante 21 meses, hasta finales de 2023, mediante prórrogas sucesivas.
El Pleno del Congreso, con el apoyo de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley conocido como 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes en suministros básicos para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Eficacia real de la medida
Actualmente, el debate no solo es político, sino también técnico. Mientras que el Tribunal Supremo avaló recientemente la constitucionalidad de este tipo de intervenciones, las diferencias dentro del Gobierno se centran en su efectividad real. Desde Sumar consideran que el tope del 2% resulta claramente insuficiente para aliviar la situación de los inquilinos.
Por otro lado, los datos actuales reflejan un contexto de relativa moderación inflacionaria. Los contratos de alquiler anteriores a la ley de vivienda se actualizan conforme al IPC interanual, que en febrero alcanzó el 2,3%, mientras que los contratos más recientes utilizan un índice específico cuyo valor fue del 2,16% ese mismo mes. Esta diferencia alimenta el debate sobre si la intervención sigue siendo necesaria.
Para el PSOE, el objetivo es preventivo. La formación sostiene que limitar las subidas protege a los inquilinos frente a posibles repuntes inflacionarios derivados de la inestabilidad internacional. En este sentido, la medida se presenta como un escudo ante escenarios económicos inciertos.
La prórroga de contratos, eje del conflicto
Más allá del tope en los alquileres, el punto central de fricción entre los socios de Gobierno es la prórroga de los contratos de arrendamiento que finalizan este año. Sumar ha convertido este tema en su máxima prioridad dentro de la negociación, considerándolo un instrumento esencial para evitar situaciones de vulnerabilidad.
La formación enfatiza que esta medida debe constituir el núcleo del decreto, ya que permitiría a miles de inquilinos conservar sus viviendas en un marco de precios altos y oferta limitada. Su portavoz en el Congreso ha reiterado públicamente que están dedicando todos sus esfuerzos para lograr su inclusión.
No obstante, el PSOE se muestra más cauteloso. La inclusión de esta medida podría entorpecer la convalidación del decreto en el Congreso, donde es imprescindible obtener el respaldo de otros grupos parlamentarios.
Desahucios y suministros: otras medidas en juego
Otro aspecto que Sumar quiere incluir en el decreto es la restauración de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, recientemente derogada. Esta propuesta cuenta con el apoyo de otros socios de izquierdas, aunque genera reservas dentro del PSOE.
Los socialistas solo estarían dispuestos a respaldar una versión más restringida de esta medida, enfocada exclusivamente en los colectivos considerados «supervulnerables». Esta limitación responde, en parte, a la falta de consenso con otros grupos clave del parlamento.
Además, Sumar presiona para incluir la prohibición de los cortes de suministros básicos a familias en situación vulnerable, una medida que sí podría contar con mayor respaldo parlamentario. La negociación continúa abierta y no se descarta que estas cuestiones se incorporen en el último momento.
Equilibrios políticos
El Gobierno enfrenta también un delicado equilibrio político. Partidos como Junts y el PNV desempeñan un papel crucial en la aprobación del decreto, y su oposición a ciertas medidas sociales limita el margen de maniobra del Ejecutivo.
En este escenario, el PSOE apuesta por enfocar el decreto en medidas económicas vinculadas a la energía, la agricultura y el transporte profesional. Entre ellas destaca una posible rebaja fiscal del impuesto especial sobre hidrocarburos, conforme a un enfoque más orientado hacia los sectores productivos.
Esta postura contrasta con el modelo aplicado en 2022, basado en subvenciones directas. Actualmente, el Ejecutivo parece inclinarse hacia medidas fiscales menos intervencionistas, lo que añade otra dimensión de tensión en la negociación con su socio de coalición.
El desenlace final del decreto dependerá de una negociación contrarreloj en la que convergen intereses sociales, económicos y políticos. En juego está no solo el contenido de una norma, sino también la capacidad del Gobierno para mantener la cohesión interna en un contexto de creciente incertidumbre.