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- 17 marzo 2026, 13:29 GMTActualizado 18 minutos
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Para algunos, se trata de una "obligación estratégica" en la lucha contra el crimen organizado. Para otros, representa una "injerencia directa" de Estados Unidos en Paraguay.
Recientemente, el presidente Santiago Peña sancionó el acuerdo conocido como Estatuto de las Fuerzas, o SOFA por sus siglas en inglés, con los Estados Unidos.
Este convenio autoriza y regula la estadía temporal de personal civil y militar del Pentágono, así como de empresas estadounidenses, en Paraguay para llevar a cabo actividades relacionadas con visitas de buques, entrenamientos y ejercicios militares.
La propuesta, que fue acordada en diciembre entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, recibió la ratificación del Congreso paraguayo la semana pasada.
"Este es un tratado internacional que crea el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de defensa y seguridad", señaló el gobierno en un comunicado breve.
Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron que el convenio pactado con Paraguay representa un "estándar de oro" entre este tipo de acuerdos.
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Juan Manuel Añazco, diputado oficialista del Partido Colorado, defendió esta medida calificándola como una "obligación estratégica".
"La cuestión radica en establecer normas claras, transparentes y jurídicas para una cooperación internacional que ya existe, pero que hoy carece de un marco regulatorio adecuado", afirmó el legislador, según reportó ABC Color.
No obstante, el pacto con Washington provocó divisiones en el Congreso paraguayo y encendió la polémica. Los opositores consideran que este convenio concede privilegios excesivos al personal estadounidense y genera una relación desigual en términos de seguridad entre ambos países.
Adrián Vaesken, diputado del Partido Liberal, argumentó que "avanzar con este acuerdo equivale a un acto antipatriótico", mientras que Sixto Pereira, líder del Frente Guasu, lo calificó de "injerencia directa".
La iniciativa fue aprobada tres días tras la participación de Peña en la cumbre Escudo de las Américas, un proyecto de seguridad hemisférica impulsado por el presidente Donald Trump, el cual autorizó la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas.
¿Qué contempla el acuerdo entre Paraguay y EE.UU. y por qué despierta controversias?
Un acercamiento "sin precedentes"
La firma de este pacto se enmarca en la larga tradición de relaciones estrechas entre Paraguay y Estados Unidos. Por ello, para los expertos consultados, no significa un giro en la política exterior, sino una profundización en los lazos bilaterales.
"Desde el segundo mandato de Trump, Paraguay ha experimentado niveles inéditos de colaboración bilateral con EE.UU.", señala Gregory Ross, analista de McLarty Associates en Washington.
Los acuerdos SOFA establecen el marco legal que regula a los empleados del Departamento de Defensa, militares y empresas estadounidenses relacionadas con actividades militares cuando operan en un territorio extranjero.
Además de Paraguay, Estados Unidos mantiene este tipo de acuerdos con Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras, Belice y Guatemala.
Aunque cuenta con múltiples convenios de seguridad en la región que contemplan protecciones similares, esta limitada lista de países conforma el grupo que alcanza el denominado "estándar de oro".
"Si bien Washington ha influido de manera significativa en la política interna y exterior paraguaya durante años, esta cooperación estrecha se ha evidenciado especialmente en el último año, bajo las administraciones de Peña y Trump", añade Ross.
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Para Ross, la ventaja para Washington consiste en ampliar la colaboración con un aliado ubicado estratégicamente en un momento en que "actores externos, desde China hasta organizaciones criminales transnacionales, están incrementando su influencia en la región".
Previo a la firma, la presencia militar estadounidense en Paraguay se limitaba a programas de capacitación, operaciones antidrogas y el intercambio de inteligencia sobre amenazas del crimen organizado, indican los expertos.
Juan Battaleme, profesor de Seguridad Internacional y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Argentina, afirma que este tipo de pactos permiten a Estados Unidos garantizar su propia seguridad interna.
"La estrategia defensiva de EE.UU. es clara: su objetivo es recuperar control sobre lo que consideran un área de interés en las Américas, abarcando desde el Ártico hasta la Antártida", detalla el especialista.
Para Battaleme, las amenazas transnacionales como el narcotráfico constituyen una de las principales fuentes de inestabilidad en Latinoamérica, complicando la relación de estos países con el resto del mundo.
Facultades del acuerdo
El convenio establece que el personal del Departamento de Defensa y los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. gozarán de "privilegios, exenciones e inmunidades" mientras desarrollen actividades relacionadas con este tratado.
Esto implica que podrán ingresar y salir de Paraguay utilizando identificaciones estadounidenses, como licencias de conducir, vestir uniforme y portar armas. Asimismo, estarán exentos de pagar impuestos en el país.
El acuerdo también permite que militares y funcionarios estadounidenses ingresen al territorio con equipos y tecnología sin someterse a inspecciones exhaustivas por parte de las autoridades paraguayas.
Uno de los aspectos más polémicos en el Congreso es que Paraguay concede a EE.UU. la jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en suelo paraguayo.
Esto significa que los delitos cometidos por efectivos estadounidenses en Paraguay serán juzgados en Estados Unidos, no en Paraguay, lo que generó críticas de la oposición.
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En cambio, José Amarilla, experto en Inteligencia y seguridad, señala que "dada la situación actual de la justicia paraguaya, es mucho más probable que una infracción sea sancionada en EE.UU. que en Paraguay".
"Por lo tanto, más allá de cierta cesión de soberanía, resulta casi beneficioso que los casos puedan ser resueltos por sistemas judiciales más confiables", argumenta el analista paraguayo.
Además, con la ratificación del acuerdo, Paraguay autoriza a EE.UU. a operar sus propios sistemas de telecomunicaciones y exime a los estadounidenses del pago por el uso del espectro radioeléctrico.
El pacto también establece que "las aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. podrán ingresar, salir y transitar libremente por el territorio paraguayo".
Los expertos coinciden en que, desde el punto de vista jurídico, se trata simplemente de un tratado bilateral que define el marco legal para la presencia de personal militar y civil de un país en otro.
En términos estratégicos, Amarilla indica que esta es la alternativa que Paraguay adopta para enfrentar desafíos de seguridad en los que presenta claros déficits, como la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La controversia
La aprobación del convenio generó un debate intenso que dividió a legisladores y a la opinión pública paraguaya.
Las críticas se focalizaron en los artículos que conceden inmunidad diplomática y jurisdicción penal externa al personal estadounidense, aspectos que, según sus críticos, ponen en riesgo la soberanía nacional.
"Votaremos sobre si defendemos la ciudadanía o entregamos la soberanía", expresó la senadora opositora Esperanza Martínez, quien advirtió que este acuerdo podría abrir la puerta a la aprobación de otras leyes vinculadas, como la explotación minera, según el diario Última Hora.
En contraste, Amarilla no comparte la opinión de Martínez y considera que el pacto podría generar dificultades para los paraguayos que sean víctimas de delitos cometidos por militares estadounidenses y deseen presentar sus casos en la justicia.
"Si hay una víctima paraguaya, deberá litigar en EE.UU., desplazándose constantemente, o hacerlo desde Paraguay. En ambos escenarios, esto es prácticamente imposible para familias con recursos limitados", explica.
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Según Juan Battaleme, el objetivo de Estados Unidos es evitar que su personal militar quede expuesto a una "justicia de menor calidad".
"Algunos interpretan esto como una carta de impunidad, cuando en realidad se trata de las garantías legales que Estados Unidos requiere para operar en países extranjeros", afirma el experto en Defensa.
Aunque para ciertos analistas el acuerdo debe contemplarse en el contexto bilateral, otros consideran que también debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la posición estratégica de Paraguay.
"Si bien Brasil y Argentina son sus mayores aliados regionales, mantienen intereses estratégicos contrapuestos en comercio, inteligencia, explotación de recursos y otros temas relevantes", explica Amarilla.
"Además, Argentina y Brasil resultan ser socios mucho más atractivos para potencias globales como China o Rusia, lo cual deja a Paraguay con una opción única: Estados Unidos", añade el analista.
A pesar del amplio apoyo parlamentario, sectores de la sociedad civil rechazaron el convenio.
"La seguridad de un pueblo no se logra importando tropas ni otorgando inmunidades diplomáticas a agentes extranjeros", afirmó en un comunicado difundido por la agencia AP la organización Servicio Paz y Justicia, presente en toda América Latina y dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos.
La entidad agregó que dicha alianza "no representa un avance en materia de seguridad, sino la formalización de una política geopolítica basada en la impunidad que vulnera los fundamentos de la dignidad nacional".