La IGAE ha detectado anomalías en contratos del Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos, incluyendo cambios en fórmulas de cálculo y referencias incompletas a la normativa.
La constructora Levantina se benefició de una modificación en el criterio de adjudicación de una obra pública valorada en 60 millones de euros, luego de que su propietario mantuviera un encuentro con el asesor Koldo García.
En el proyecto de soterramiento ferroviario de Murcia, se ignoraron los límites legales al aprobar un sobrecoste de 14,5 millones de euros, triplicando el tope permitido y favoreciendo a la UTE Ferrovial, Agroman y Acciona.
Las modificaciones contractuales se adaptaron con precisión para no superar el 20% de aumento, con lo que se evitó la revisión obligatoria por parte del Consejo de Estado.
Correcciones en documentos oficiales, fórmulas de cálculo que «alteran» las ofertas presentadas para una adjudicación pública, citas parciales de la normativa…
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha identificado diversas irregularidades —más bien, aparentes trucos— dentro del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, relacionadas con la concesión de determinados contratos millonarios.
Así lo recoge un informe elaborado por la IGAE. Esta revisión fue solicitada en septiembre de 2025 por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de la investigación en el caso Ábalos, que persigue delitos graves de corrupción.
Después de que el exministro de Transportes renunciara a su escaño en el Congreso, el proceso volvió a la Audiencia Nacional, donde permanece en curso. El informe de la IGAE ya ha sido entregado al actual instructor, Ismael Moreno.
Parte de la investigación se centra en supuestas manipulaciones en las adjudicaciones de Transportes para favorecer a ciertas empresas, a cambio de la entrega de sobornos.
Los técnicos de la Intervención que redactaron el informe, adscritos a
la constructora Levantina en la concesión de un contrato de la Dirección General de Carreteras por un importe de 60 millones de euros, además de una modificación posterior por otros 9,7 millones adicionales.
Asimismo, Ruz habría entregado fondos a otro de los implicados en esta presunta trama corrupta, Víctor de Aldama, considerado el intermediario clave.
De acuerdo con la investigación, el propietario de Levantina transfirió 50.000 euros a una empresa ligada a Aldama un mes tras la publicación en julio de 2019 de la licitación para las obras en la autovía A-12. Es decir, la misma adjudicación que empleó el método de cálculo cuestionado.
Con respecto a esta situación, la IGAE destaca que permitió «amplificar notablemente las diferencias en las puntuaciones basadas en juicios de valor, haciendo casi imposible que el licitador con la mejor valoración en dichos juicios no sea el adjudicatario«.
«No se logra comprender la razón para aplicar esa fórmula, que convierte diferencias pequeñas, más sencillas de justificar por el evaluador, en diferencias significativas», explican los interventores en el informe.
De hecho, la IGAE replicó los cálculos para evaluar el impacto y concluyó que, sin esta manipulación, la UTE adjudicataria final (Torrescámara, Ortiz y Levantina) no solo habría perdido la adjudicación, sino que tampoco habría alcanzado la segunda mejor propuesta.
Costos… ¿incontrolables?
Esta no es la única anomalía detectada. Las irregularidades parecen haber abarcado no sólo los pliegos iniciales, sino también los sobrecostos posteriores.
.
.
. Además, esta cifra casi lo triplica.
Este aumento se atribuyó a las denominadas «modificaciones no sustanciales». Sin embargo, a esta suma hay que añadir un sobrecoste extra de 17.454.637 euros, justificados por
específicamente el tratamiento de
.
.
. . En el caso del soterramiento en Murcia, del 19,72%.
Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama están siendo investigados en la rama del caso orientada a los supuestos arreglos fraudulentos en contratos públicos.
No son los únicos implicados en esta parte del proceso: también están imputados el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pellegrini y los responsables Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.