La Consejería socialista de Justicia coordina encuentros entre víctimas y presos vinculados a Bildu como preparación para su régimen de semilibertad. La Fiscalía ha respaldado la liberación de ‘Txeroki’ debido a su participación en este programa de «justicia restaurativa».
El Gobierno vasco organizó el 3 de julio pasado, de forma confidencial, una reunión en un caserío aislado de Alzo (Guipúzcoa) donde 17 reclusos de ETA se encontraron con cinco víctimas del desactivado grupo terrorista para compartir la jornada. Durante unas nueve horas, víctimas y etarras participaron en diálogos, paseos en pequeños grupos y una comida conjunta, acompañados por dos altos cargos del Departamento de Justicia bajo la dirección de la socialista María Jesús San José. Esta iniciativa forma parte del programa de «justicia restaurativa» que el Gobierno vasco (PNV-PSE) ha implementado silenciosamente desde finales de 2024, que actúa como paso previo a la concesión de semilibertades a los condenados por ETA, una demanda principal de Bildu al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según fuentes penitenciarias a las que tuvo acceso EL MUNDO, la intención del Gobierno vasco era que en esa primera salida de julio participaran 21 internos del centro penitenciario de Zaballa, en Álava, incluidos nombres destacados como Juan Antonio Olarra Guridi o María Soledad Iparraguirre (‘Anboto’). Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida dentro del penal.
El equipo de psicólogos, responsables de servicio y trabajadores sociales de Zaballa vetaron la participación de cuatro internos de ETA por la larga condena que aún tenían por cumplir y porque no habían accedido previamente a salidas programadas. Este fue el caso de Juan Luis Rubenach, Juan Carlos Besance, Iratxe Sorzabal y la propia Anboto; veto que el Gobierno vasco aceptó. Aun así, los psicólogos del centro no acudieron a la jornada.
En esa jornada, las cinco víctimas —ninguna dirigente en asociaciones de víctimas del terrorismo— y los presos recorrieron el pueblo, almorzaron en el caserío Arretxe y compartieron sus experiencias, abordando temas como las motivaciones para unirse a ETA y el sufrimiento causado por los atentados. En la comida conjunta estuvieron presentes José María Bastos, director de Justicia del Gobierno vasco, y Pablo Martínez Larburu, director de Servicios Penitenciarios.
Cabe señalar que en 1999 este caserío fue incendiado de forma violenta. En él residía Pilar Zuriarrain, exconcejal del PNV y abogada que gestionaba varias denuncias judiciales contra ayuntamientos de Herri Batasuna (HB). Desde el PNV interpretaron este acto como una práctica «mafiosa» del brazo político de ETA. El ataque se atribuyó a ese entorno y HB se negó a condenarlo.
CHARLAS Y TALLERES
En 2022, el Gobierno vasco anunció su intención de impulsar este proyecto dentro de su Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025, con el objetivo de fomentar la convivencia tras la disolución de la banda en 2018. No obstante, los pormenores del programa, su ejecución y resultados no se han hecho públicos hasta ahora. Asimismo, las asociaciones de víctimas no han recibido información al respecto.
Fuentes oficiales del Departamento de Justicia consultadas por EL MUNDO aclararon que el Gobierno vasco nunca ha negado la existencia de este plan, pero lo maneja con la «discreción» y «confidencialidad» necesarias, sobre todo para proteger a las víctimas.
La primera etapa del programa incluía talleres o charlas entre etarras y mediadores dentro de la prisión. Posteriormente se desarrollaron «círculos restaurativos» que reunían a víctimas y victimarios. Importa mencionar que la ex líder de ETA, Iratxe Sorzabal, se negó a encontrarse con las víctimas alegando haber sido torturada por la Guardia Civil.
En teoría, el objetivo es facilitar la reinserción de los condenados, propiciando que presos y víctimas se reconozcan desde una perspectiva «humana». El impacto de casi medio siglo de asesinatos, secuestros y amenazas se aborda sin restringirse a las dimensiones jurídicas o morales, poniendo énfasis en los aspectos familiares, sociales y culturales.
El caso de ‘Txeroki’
En principio, cualquier iniciativa dentro de la «justicia restaurativa» requiere que los condenados participen con un compromiso genuino de reparación y no con el fin de obtener beneficios penitenciarios. Sin embargo, la participación en este programa de talleres y encuentros ha servido como argumento jurídico para que la Fiscalía haya aprobado la controvertida aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —la conocida semilibertad— al ex líder de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu (‘Txeroki’). Condenado a casi mil años de prisión, Txeroki ha comenzado a salir de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa) de lunes a viernes desde enero, con la obligación de regresar a dormir al centro.
La Fiscalía sostiene que Txeroki cumple los requisitos para que se le flexibilicen las condiciones penitenciarias gracias al programa de «justicia restaurativa», ya que mediante su participación ha demostrado un compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas del terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional, promoviendo la explicación frente a la justificación.
En un comunicado concedido el 2 de febrero, la Fiscalía afirmó: «Aspiazu Rubina participa regularmente en el programa de talleres de justicia restaurativa». Añadió que desde el 15 de octubre de 2024 ha estado presente en todas las sesiones preparatorias y en todos los círculos restaurativos, que incluyen contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por ETA.
Más allá del caso de Txeroki, al menos seis participantes de Zaballa han accedido a salidas penitenciarias: Olarra Guridi y Ainhoa Mujika (condenados a más de mil años), Jon Bienzobas (condenado por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente), Gregorio Vicario (por secuestros de Cosme Delclaux y José María Aldaya), Idoia Mendizabal y Óscar Zelarain.
VACIAR LAS CÁRCELES
El artículo 100.2 es una medida excepcional que autoriza a un condenado a salir algunas horas de prisión, pero en el caso de presos de ETA se ha convertido en habitual. Las asociaciones de víctimas denuncian que esta vía —una especie de acceso previo al tercer grado, que es mucho más riguroso y puede ser revocado por tribunales— permite que reclusos leales a Bildu salgan antes de tiempo sin colaborar con la Justicia ni rechazar el terrorismo. El contexto político incluye la consolidada alianza entre el PSOE y Arnaldo Otegi, quien afirmó en octubre de 2021: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos».
Bildu impide el arrepentimiento de sus presos, quienes reciben el respaldo institucional de la reinserción mediante cartas y otros documentos cuidadosamente redactados, mientras el partido continúa presentándolos como «presos políticos» que deben ser liberados. En contraste, aquellos que han roto con ETA y su entorno, como los de la llamada vía Nanclares, son rechazados por Bildu y excluidos de su apoyo político y financiero.
Actualmente, solo cerca de cincuenta etarras permanecen en segundo grado. Desde que Sánchez transfirió la gestión de las prisiones al País Vasco en octubre de 2021, alrededor de cien han obtenido el tercer grado y unos 30 acceden al 100.2, aunque esta última lista no es pública. No se tiene constancia de que hayan colaborado en la investigación de crímenes ni repudiado públicamente el terrorismo que cometieron.
Caserío ‘Arretxe’
JORNADA CONJUNTA. El 3 de julio de 2025, una quincena de presos de ETA y cinco víctimas se reunieron en el caserío Arretxe, ubicado en la localidad guipuzcoana de Alzo, que cuenta con menos de 500 habitantes.
INCENDIO. Este caserío, que data del siglo XVII, fue noticia en octubre de 1999 cuando un incendio provocado lo destruyó. Allí residía una ex concejal del PNV y abogada que tramitaba denuncias contra varios municipios gobernados por HB, origen político de Bildu.
CONDENA. En ese momento, el PNV de Xabier Arzallus denunció las «prácticas mafiosas» de los abertzales, respaldados por el alcalde. Todos los partidos, menos HB, condenaron el ataque.