El informe de la unidad de la IGAE vinculada a Anticorrupción destaca que la mayoría de las adjudicaciones se basaron en valoraciones subjetivas.
La Fiscalía ha remitido al juez encargado del caso Koldo en la Audiencia Nacional un informe relacionado con obras públicas presuntamente manipuladas por la trama, cuyo valor supera los 900 millones de euros. Este documento fue elaborado por la unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a Anticorrupción, que detectó irregularidades en todos los contratos estudiados.
El informe, solicitado originalmente por el Tribunal Supremo, revisa 11 contratos: cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras. Las personas a cargo durante el periodo investigado, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero Lizano, respectivamente, están imputadas. La pesquisa abarca el lapso entre 2018 y 2021, coincidiendo con la gestión del Ministerio de Transporte bajo José Luis Ábalos. La revisión se inició tras la información facilitada por el empresario investigado Víctor de Aldama, junto con el cruce de mensajes de los imputados que aludían a las obras.
Este extenso informe, que suma 53 páginas más anexos, identifica algún tipo de irregularidad en todas las adjudicaciones analizadas. La principal empresa favorecida fue Acciona. En los cinco contratos en los que esta compañía resultó ganadora —ya sea en solitario o en UTE— se detectaron aumentos en el contrato inicial que alcanzaban casi un 20% sobre el presupuesto, evitando así revisiones más rigurosas.
En múltiples licitaciones se aprobaron modificaciones contractuales que contravenían la normativa. En ciertos casos, las alteraciones eran tan importantes que habrían justificado la rescisión del contrato. En otros, se licitó como un contrato independiente algo que debería haber sido una modificación, empleando evaluaciones subjetivas para asegurar que el adjudicatario siguiera siendo la misma empresa que había ganado el contrato original.
No fueron «imprevisibles»
Respecto a los tres contratos principales de ADIF, se constató que antes de iniciar las obras el contratista ya señalaba «deficiencias» que obligaban a realizar modificaciones. La IGAE señala que, en algunos casos, se violó la normativa porque las circunstancias consideradas «imprevisibles» en realidad no lo eran.
Con respecto al soterramiento del AVE en Murcia, la IGAE indica que el proyecto «no debería haberse tramitado como un proyecto independiente, sino como una modificación». «Probablemente, se eligió tramitarlo como independiente porque, al hacerlo como modificación, los cambios superarían el 20% del contrato original», añade.
En una obra de la A-68, la modificación contractual «no debería haberse tramitado» dado que la suma de las modificaciones calificadas como «no sustanciales» superó «el límite legal establecido por la Directiva europea y la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otro lado, los métodos de valoración permitieron que la puntuación subjetiva asegurara que la evaluación objetiva —el precio— no fuera suficiente para cambiar a la empresa ganadora. En este sentido, la IGAE cuestiona las actuaciones de Adif y Carreteras en nueve de los 11 contratos revisados.
«Complicado» modificar al adjudicatario
Respecto a una de las dos fórmulas usadas en Carreteras, la IGAE señala: «Como se puede observar, dicha fórmula permite aumentar significativamente las diferencias en la puntuación de los criterios basados en juicios de valor, lo que dificulta que quien obtenga la mejor puntuación en estos juicios no sea el adjudicatario. No se encuentra justificación para aplicar esta fórmula, que transforma pequeñas diferencias —fácilmente justificables por el evaluador— en diferencias muy elevadas».
En un contrato de la A-12, la fórmula de puntuación distorsionó los resultados. Si se hubiera aplicado la fórmula anterior, la empresa adjudicataria habría perdido el contrato.
Para los tres contratos de Adif otorgados a Acciona, los criterios «decisivos» para la adjudicación «fueron los basados en juicios de valor». Se subraya que en dos de ellos, salvo para un licitador, «no parece posible que la diferencia en puntuación basada en dichos juicios se pudiera revertir mediante la evaluación basada en fórmulas (precio)».
Las irregularidades también afectan al precio de los nuevos materiales en la obra del Puente del Centenario en Sevilla. Se sustituyó un material por otro, incrementando el coste en 7,4 millones. Esto partiendo de un precio inicial que, según la IGAE, debería haber sido inferior.
En el ámbito ferroviario, la auditoría ha revisado cinco obras: el soterramiento de la red principal en Murcia, la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, la construcción de plataforma en el tramo Pulpí-Vera del Corredor Mediterráneo, el tratamiento de la infraestructura entre Monforte y Lugo, y las obras de emergencia para estabilizar taludes en la línea Gijón San Crespo-Pravia en Asturias.
En el área de Carreteras, los seis proyectos en sospecha son: los tramos Úbeda-Torreperogil de la autovía A-32, la adaptación de la segunda calzada entre Salas y La Espina en la A-63, el trazado riojano Arrúbal-Navarrete en la A-68, el tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla y un contrato de mantenimiento y explotación en el sector TE-02 de Teruel.