El CGPJ ha remitido al Ministerio de Justicia un informe que detalla múltiples incidencias detectadas durante la puesta en marcha de los nuevos Tribunales de Instancia.
El informe destaca problemas como la carencia de personal suficiente, la inadecuada adaptación de los sistemas informáticos, además de deficiencias en infraestructuras y señalización.
Se resalta una implantación heterogénea del nuevo modelo en diversas comunidades, junto con disfunciones en la atención al público y la coordinación interna.
Aunque no se han registrado suspensiones significativas, se advierten demoras y riesgos de retrasos futuros debido a la escasez de personal y al control insuficiente de los procedimientos.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer remitir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe del secretario general sobre las «incidencias en la fase III de constitución de los Tribunales de Instancia».
Este documento compila las «dificultades, incidencias o disfunciones y necesidades pendientes» identificadas por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional respecto a la implementación del nuevo modelo de organización judicial.
Los Tribunales de Instancia sustituyen a los Juzgados unipersonales y los agrupan en secciones según jurisdicción o actividad (instrucción, civil, penal, familia, mercantil, violencia sobre la mujer, menores, etc).
El informe, elaborado por el secretario general del CGPJ, Miguel Hernández Serna, refleja numerosas incidencias, algunas de carácter general, tanto en territorios bajo la dependencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como en las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia.
Este documento contradice la versión proporcionada por el departamento de Félix Bolaños, que sostiene que no existen «incidencias relevantes» en las cinco comunidades autónomas bajo la tutela del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla). Los problemas se atribuyen, por tanto, a algunas comunidades con competencias transferidas.
Desigual implantación
El informe que será presentado al Ministerio indica que la implantación del nuevo modelo organizativo es desigual.
A excepción de Oviedo, Gijón y Avilés —donde se decidió no implementar los Tribunales de Instancia el 31 de diciembre pasado—, otros presidentes de Tribunales Superiores (Aragón, Cataluña, Canarias, Andalucía) han notificado que, utilizando la flexibilidad acordada por las administraciones implicadas, la activación de estas nuevas oficinas judiciales se ha retrasado más allá del 15 de febrero.
Los presidentes de TSJ de Andalucía y Canarias describen esta implantación como «meramente formal». Los órganos judiciales continúan operando «igual que antes de la entrada en vigor de la ley» orientada a la eficiencia del servicio público de Justicia.
Acoplamiento del personal
Diversos presidentes de TSJ (Asturias, Aragón, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco) han informado que, en las fechas de elaboración de sus informes, no se habían completado los procesos de reasignación de personal a sus nuevos puestos dentro de la Administración de Justicia.
Donde ya se aprobaron las relaciones de puestos de trabajo y concluyó el proceso de acoplamiento, los presidentes señalan ciertas disfuncionalidades. En particular:
– Carencia de personal (por plantilla reducida o elevado número de vacantes) y pérdida de refuerzos considerados esenciales (casos como Audiencia Nacional, Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares, Murcia o Castilla-La Mancha).
– Desajustes entre secciones en las relaciones de puestos de trabajo (RPT).
– Gran proporción de interinos sin formación adecuada y volatilidad en la plantilla (especialmente en Audiencia Nacional, Madrid, Cataluña y Baleares, donde el 58% del personal es interino).
Medios informáticos
«Los presidentes de TSJ informan con una casi unanimidad sobre la insuficiente adaptación de los sistemas de gestión procesal al nuevo modelo organizativo», señala el secretario general del CGPJ.
Respecto a los territorios bajo el Ministerio, en Castilla y León se reportan problemas informáticos «generalizados». En Castilla-La Mancha se detectan «desajustes del sistema informático en relación con el nuevo modelo».
Solo un presidente (TSJ País Vasco) afirma que su sistema de gestión procesal (Avantius) está ‘preparado’ para el nuevo modelo de oficina judicial, aunque Cantabria, que utiliza el mismo sistema, incluye en un extenso acta de la Junta de Jueces civiles de Santander 22 disfuncionalidades detectadas en el sistema Avantius/Vereda.
Las fallas señaladas se refieren principalmente a:
– errores en la migración y ausencia de trazabilidad entre los procedimientos de los antiguos Juzgados y las diferentes fases de un proceso.
– dificultades de acceso: perfiles de funcionarios sin habilitación o incompletos, lo que impide utilizar servicios indispensables o acceder a plazas específicas, incluso en casos con detenido. Falta de carpetas compartidas para los equipos formados.
– ausencia de expediente electrónico.
– complicaciones en la dación de cuenta.
– atención insuficiente al usuario (CAU) y escasez de técnicos.
– errores en la denominación de órganos.
– carencia de modelos en Minerva.
– interoperabilidad incompleta, especialmente con Lexnet y Fortuny (aplicación del Ministerio Fiscal).
Infraestructuras
«De forma general, los presidentes de TSJ señalan que no se han efectuado las adaptaciones necesarias en las sedes judiciales de sus territorios para ajustarlas al nuevo modelo de oficina judicial», indica el informe.
Solo los presidentes de TSJ de La Rioja y País Vasco aseguran que sus sedes cuentan con las adaptaciones requeridas por el nuevo modelo.
Además, llaman la atención sobre otras disfuncionalidades:
– dispersión de sedes (problema especialmente grave en Oviedo, Santa Cruz de Tenerife y Jaén).
– problemas derivados de la reubicación de jueces y funcionarios.
– complicaciones en la dación de cuenta (no telemática) y pérdida del control sobre los procedimientos.
– lugares inadecuados para la prestación del servicio.
– escasez de mobiliario apropiado y equipos informáticos suficientes para funcionarios, jueces y fiscales.
Señalética
Los presidentes de los Tribunales Superiores reportan cartelería errónea o confusa (en Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León) o, en algunos casos, sin modificar (Andalucía).
Atención al público y profesionales
Las comunidades de Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña señalan problemas en la atención a público y profesionales —como escasez de terminales telefónicos o direcciones de correo incorrectas—.
Baleares amplia esta problemática a la comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y centros penitenciarios, mientras que Castilla-La Mancha incluye la comunicación con hospitales.
El TSJ de Cataluña sugiere fortalecer la presencia de funcionarios del cuerpo de auxilio en los mostradores.
En este sentido, la experiencia en Logroño, que ha incrementado el número de funcionarios destinados a atender al público y profesionales, se valora positivamente.
Dirección de la oficina judicial
Los TSJ de Canarias, Cataluña y Navarra reportan falta de coordinación y ausencia de unificación de criterios y prácticas procesales en las oficinas judiciales gestionadas por los Letrados de la Administración de Justicia.
Impacto en la tramitación
«En términos generales, los TSJ indican que la fase III no ha ocasionado suspensiones o retrasos, salvo casos específicos«, expone el informe.
Sin embargo, Cataluña apunta a un problema estructural (suspensiones en Reus por falta de funcionarios) y Galicia menciona retrasos y suspensiones injustificadas causadas por la pérdida de control en los procedimientos, incluso en asuntos de especial relevancia.
Finalmente, Madrid advierte sobre el riesgo de suspensiones una vez superada la ‘agenda puente’ correspondiente a enero, febrero y marzo de 2026.