Pedro Sánchez acumula dos años y un día sin acudir al Senado para someterse al control parlamentario, incumpliendo lo establecido en el Reglamento que exige su presencia mensual.
El PP está considerando presentar una denuncia contra Sánchez ante el Tribunal Constitucional o por la vía judicial debido a su desobediencia al artículo 164 del Reglamento del Senado.
El Senado ya ha iniciado un conflicto de atribuciones tras la negativa de Sánchez a comparecer en el pleno sobre el accidente de Adamuz.
El PP acusa a Sánchez de faltar al respeto a la soberanía nacional y atacar la mayoría popular en el Senado, señalando posibles consecuencias penales por desobediencia.
Este jueves se cumplió exactamente un plazo de dos años y un día desde la última vez que Pedro Sánchez acudió al Senado para someterse al control parlamentario de la Cámara Alta. Fue el 12 de marzo de 2024. Por ello, el PP está estudiando cómo denunciar al presidente por incumplir el Reglamento, que tiene rango de ley.
En esa fecha, apenas habían pasado tres semanas desde la detención de Koldo García. Además, el pleno aprobó la creación de la comisión de investigación que ha dedicado toda la legislatura a interrogar a los implicados en la presunta corrupción dentro del Gobierno, del PSOE y en el entorno del presidente.
Desde aquel momento, no ha habido ni una sola sesión de control en la que Sánchez haya estado presente. Únicamente acudió a la Cámara para mostrar unas gafas que no volvió a usar, el 30 de octubre de 2025, día en que sólo pudo responder «no me consta» y «no lo sé» a numerosas preguntas en la comisión Koldo.
Según pudo confirmar EL ESPAÑOL, el Grupo Popular en el Senado no piensa «quedarse de brazos cruzados». Fuentes del partido indican que «están analizando las diferentes opciones posibles» para forzar al jefe del Ejecutivo a comparecer.
«Además, cabe recordar que por su ausencia en el Pleno dedicado al accidente de Adamuz hemos iniciado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional», apuntan las mismas fuentes.
En consideración están todas las alternativas: el mencionado conflicto de atribuciones, la opción de presentar una denuncia por la vía judicial e inclusive nuevas reformas del reglamento.
Todo ello con el objetivo de obligar a Sánchez a cumplir con el artículo 164 del Reglamento del Senado, que obliga a que «el presidente del Gobierno deberá responder preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes«. Este precepto lleva siendo incumplido de forma constante por el presidente desde septiembre de 2025, cuando entró en vigor.
«Hoy se cumplen dos años desde la última y única vez que Sánchez acudió al control del Senado en esta legislatura», resumen fuentes del Grupo Popular. «No permaneceremos indiferentes ante el desdén del presidente del Gobierno hacia la soberanía nacional«.
El 12 de marzo de 2024, cuando Sánchez se fue discretamente, la portavoz Alicia García ya le había advertido que «pasaría por el aro de Puigdemont, Otegi y Ábalos para mantenerse en el poder». Advertencia que, dos años después, sigue siendo pertinente.
Desde entonces, denuncian las mismas fuentes, «Sánchez no ha cesado en su ataque contra la mayoría del PP en el Senado porque es la única institución libre del sanchismo«.
El catálogo de agravios que denuncia el PP es extenso: intentó eliminar la capacidad de veto sobre el techo de gasto, «ha recortado leyes aprobadas por la Cámara Alta», y Francina Armengol ha «congelado normas que habrían reducido impuestos y aumentado la seguridad».
El presidente calificó al Senado como un «circo». El PSOE ha rehusado facilitar gran parte de la documentación solicitada en las comisiones de investigación. Sánchez compareció en la comisión Koldo evitando la verdad. Y se negó a asistir al pleno monográfico sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que causó 47 muertes.
La vía del TC y la penal
Precisamente esa negativa dio lugar al primer conflicto de atribuciones contra un presidente del Gobierno. El Pleno lo aprobó el 18 de febrero con 147 votos a favor.
Antes, Pedro Rollán había enviado una carta a Moncloa recordando su «inexcusable obligación» de comparecer y advirtiendo sobre las consecuencias legales.
Ahora, el PP no descarta ir más allá. El Reglamento con rango legal, y su reiterado incumplimiento abre la posibilidad de la vía penal por desobediencia.
El artículo 556 del Código Penal tipifica esta conducta cuando se ignoran requerimientos formales. Las cartas de Rollán y García constituyen, según los populares, la base documental para respaldar esta posición.
La situación empeora esta misma semana. Como informó este periódico, tres de los ministros más implicados en la gestión de la crisis por la guerra en Irán —José Manuel Albares, Margarita Robles y Carlos Cuerpo— estarán ausentes en la sesión de control del Congreso.
El comunicado de Rafael Simancas señaló las ausencias sin especificar motivos. El PP lo califica como una «auténtica evasión parlamentaria».
En el Senado, la «fuga» afecta a ocho miembros del Ejecutivo, incluidas las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen.
«Sánchez muestra aversión al Senado porque teme el control», advierten desde el grupo mayoritario.
Ahora, con el conflicto de atribuciones activo y la vía judicial considerada, el PP intensifica su ofensiva. «La decisión del presidente de eludir su obligación moral y legal de comparecer en el Parlamento», concluyen fuentes del partido, «demuestra su total falta de respeto hacia el Parlamento y la soberanía nacional».