Directivos de dos bancos testifican en el proceso judicial en la Audiencia Nacional sobre las cuentas ocultas del ex president y su familia
El juicio contra la familia Pujol ha puesto de manifiesto este martes las estrategias utilizadas para mantener oculto un patrimonio que no se hizo público hasta que fue revelado por este medio. Los testigos en la Audiencia Nacional indicaron que al primer banco se le solicitó eliminar documentación; al segundo, mejorar el ocultamiento de su identidad.
Uno de los declarantes ha sido el presidente de Andbank, Manuel Cerqueda. En respuesta al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, confirmó que la familia Pujol pidió que se eliminaran datos relacionados con sus cuentas. «Supe en 2010 que solicitaron que se destruyera parte de la documentación correspondiente a sus cuentas. Por este motivo, estuvimos más que dispuestos a facilitar su salida ofreciéndoles todas las facilidades. La entidad se negó. Por esa razón se fueron y nosotros les apoyamos en la salida».
Su banco siguiente fue la Banca Privada de Andorra (BPA). Un alto representante de dicha entidad detalló la inquietud del hijo mayor del clan Pujol ante la posibilidad de que se descubrieran cuentas no declaradas. Esto ocurrió tras el caso Falciani, el robo de datos de clientes que afectó a la banca suiza.
«Tras las filtraciones internas en bancos suizos provocadas por empleados de entidades financieras, esa preocupación también se extendió a Andorra. En esa época contábamos con secreto bancario, pero algunos clientes temían que algún trabajador pudiera sustraer datos y venderlos al mejor postor […] Uno de esos clientes fue el señor Pujol Ferrusola», declaró Cristina L.B.
El fiscal solicitó a la testigo que explicara cómo se actuó. «Su gestora nos informó de su preocupación y se les ofreció la misma solución que a otros clientes con inquietudes similares», indicó la declarada, añadiendo que la BPA investigó «las medidas adoptadas por la banca suiza» para evitar posibles nuevos casos Falciani.
La propuesta para los Pujol fue la siguiente: «Que la titularidad de la cuenta no fuera directa, sino a nombre de una fundación privada panameña. De esta forma, en caso de consultas internas por parte de un empleado bancario, no aparecería su nombre».
Durante su interrogatorio, la defensa de Pujol Ferrusola resaltó que dicha medida servía únicamente para proteger internamente al banco y no impedía que, si llegaba una Comisión Rogatoria Internacional, la información sobre el titular real se proporcionase al juez. «Así es, la prueba está en este juicio que celebramos hoy», afirmó la testigo ante la pregunta del abogado Cristóbal Martell.
El último testigo del día fue un policía encargado de investigar a la familia Pujol, centrado en las operaciones financieras en México que Pujol Ferrusola activó una vez iniciada la investigación penal en España.
Transportes de dinero a Andorra
El agente recordó que la investigación comenzó «tras la declaración de una persona que aseguró haber acompañado a Pujol Ferrusola a Andorra con bolsas de dinero». Se trataba de Victoria Álvarez, ex pareja de Pujol Ferrusola. A partir de esa pista, «se descubrieron patrones operativos que coinciden con ocultación de fondos ilícitos. Por ejemplo, grandes depósitos en efectivo; movimientos de dinero entre España y Andorra, transferencias internacionales a Suiza y Luxemburgo; uso de testaferros, sociedades offshore…».
También destacó que la información proporcionada por Andorra a la Audiencia Nacional «resultó clave». «Se comprobó que las cantidades que ingresaban en las cuentas, muchas en efectivo, carecían de una actividad económica real declarada que lo justificara».
A los Pujol se les imputan, entre otros cargos, fraude fiscal y blanqueo de fondos procedentes de supuestas actividades corruptas relacionadas con el poder político que ejerció la familia del ex president.
Para descartar el proceso, las defensas sostienen que la solicitud de datos bancarios a Andorra por parte de la Audiencia Nacional, fundamental en este caso, estuvo viciada desde el principio, ya que la petición oficial se originó tras la publicación en julio de 2014 por parte de este diario de los datos de las cuentas ocultas familiares. Según los Pujol, esos datos se obtuvieron mediante una actuación policial ilegal.