LA HUELGA EN URUGUAY FUE DESPAREJA
Un día antes que en Argentina, se cumplió el paro de 24 horas convocado por la central sindical única de Uruguay, en protesta por la política económica del presidente Jorge Batlle.
El paro tuvo un acatamiento desparejo en Montevideo.
Por Florencia Grieco
Hablar de las coincidencias entre Uruguay y Argentina es, tal vez, el aspecto que mejor oculta que esta margen del Río de la Plata está más hundida. Ayer hubo un paro de 24 horas en la República Oriental, convocado por la central sindical única del país (PIT-CNT) en reclamo por el presente y el horizonte económico que dibuja el gobierno del presidente colorado Jorge Batlle, respaldado por sus socios blancos. Es decir, una coalición formada por los dos partidos tradicionales de Uruguay y de la que, por lo tanto, no se esperaba ninguna revolución ni mucho menos, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior presidente, Julio María Sanguinetti, era colorado, y que su antecesor, Alberto Lacalle, pertenecía al Partido Nacional (Blanco). Y que quien se quedó sin la presidencia fue la izquierda más a la izquierda de la región. Decir, entonces, que hay continuidad, es una obviedad. ¿Pero qué queda de este lado del río, donde hoy se realiza un paro nacional contra esa alianza «socialdemócrata» que reclamó apoyo para terminar con la «era menemista», «la fiesta de pocos» y otros tantos eufemismos, y que apenas unos días atrás empaquetó a su electorado con la mayor continuidad que podía exhibir?
En Uruguay, la huelga de ayer (apoyada por la principal fuerza parlamentaria, la alianza de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio, EP-FA) tuvo paralelos innegables con la que se realiza acá. El mismo día que Batlle cumplía 100 días en el gobierno, debió enfrentar una protesta contra el desempleo, que ya alcanzó los 12 puntos (algo más de 150.000 trabajadores), aunque la PIT-CNT calcula que otras 500.000 personas conviven y sobreviven con «empleos precarios». Pero también contra el ajuste local: un recorte del gasto público por 150 millones de dólares que, según la central sindical, contraerá el consumo interno y profundizará la actual recesión heredera en gran parte de la devaluación brasileña de principios del año pasado y sus secuelas en la Argentina. El detalle es que allí -en un país de tradición a contramano de las «olas privatizadoras» de sus vecinos- se suma el rechazo a la «ley de emergencia» presentada ante el Parlamento, que «abre el camino a la privatización incluso de las empresas del Estado que son eficientes». Un peligro que en Argentina (ya) no existe.
El balance del paro fue desparejo. En Montevideo, muchos comercios estuvieron abiertos y la actividad era bastante más notoria que la esperada para un día de paro. En el sector bancario, la mayoría de las instituciones abrió únicamente sus casas centrales, y se calculaba «un alto acatamiento en el interior y en los establecimientos educativos». Los transportes funcionaron casi al ritmo de un día normal (900 unidades sobre un total de 1100), y fue en ese sector donde se concentraron los únicos incidentes que, pese a haber sido menores, enturbiaron el ambiente y el diálogo (ya tenso) entre los sindicalistas y el gobierno. Tres dirigentes sindicales fueron detenidos, acusados de haber participado en los ataques a pedradas contra 21 ómnibus de Cutcsa, la principal compañía de transporte de pasajeros de la capital uruguaya. El vocero de PIT-CNT, Ismael Fuentes, rechazó «todo tipo de responsabilidad», pero expresó su temor de que «sea una provocación para enrarecer el clima de la huelga».
Las reacciones de los presidentes de ambos países a las huelgas también fue parecida: De la Rúa la tildó por adelantado de «reaccionaria», y Batlle se dio el lujo (intolerable en esta orilla) de hablar con ironía: «Estuvo programada para festejar los 100 días, porque hace como un mes que está decretada». En la conferencia de prensa que dio en el gubernamental Edificio Libertad, el mandatario uruguayo disparó que la medida «no tiene utilidad alguna y no responde a nada concreto», y que los organizadores no incluyeron en sus demandas «el único tema de actualidad» (el conflicto con el gobierno del EP-FA por la recolección de la basura en Montevideo) porque «seguramente tenían temor de que se les hundiera la plataforma si le ponían la basura arriba».
En mayo, la empresa CIFRA publicó una encuesta que daba un 53 por ciento de apoyo a Batlle en Montevideo y Canelones, los dos departamentos más importantes de Uruguay. Es que, desde que asumió el 1º de marzo, el presidente se desmarcó de Sanguinetti y se hizo cargo personalmente de buscar una solución al tema de los desaparecidos. Por eso, los dirigentes de PIT-CNT se cuidaron de aclarar que el paro «no es contra Batlle sino contra la continuidad de una política económica que perjudica a los trabajadores». Después del ajuste argentino, un sondeo de la consultora de Ricardo Rouvier dio un copioso 60 por ciento de imagen positiva a De la Rúa (cuyo gobierno, por otra parte, ratificó el ascenso de militares implicados en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura). Pero acá nadie salió a diferenciar las políticas criticadas del presidente que las aplica. Quizá porque ya no sorprende que quien está en la cumbre formal del poder político deshaga todas sus promesas socialdemócratas, progresistas, centro-izquierdistas y se limite a comportarse como un continuador con pretextos de su antecesor. En Uruguay, por lo menos, nadie ganó mintiendo.
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