Uno de los acusados por la piñata con la imagen de Pedro Sánchez en Ferraz pone en duda que el presidente experimentara miedo real por dicho acto.
La defensa argumenta que Sánchez se enteró del incidente únicamente a través de un resumen de prensa elaborado por su gabinete, sin recibir información directa.
El abogado sostiene que no existió amenaza directa ni elementos suficientes para tipificar un delito de amenazas, calificando el hecho como crítica política.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación por posible delito de amenazas, y actualmente hay seis personas bajo investigación.
Uno de los investigados por colocar, en el Año Nuevo de 2024, en la calle Ferraz de Madrid, una piñata con la imagen de Pedro Sánchez cuestiona el temor que el presidente del Gobierno atribuye a aquel acto.
Sánchez informó por escrito al Juzgado que investiga estos hechos que la piñata, suspendida de una cuerda y golpeada por manifestantes, representaba una «llamada directa» a su «muerte».
El presidente se quejó de la «intranquilidad» y el «desasosiego» que afirma haber sentido, manteniendo la «profunda convicción» de que los hechos constituían «una invitación real» para que alguien «pasara de la mera puesta en escena al ataque real» contra él o su familia.
No obstante, en un escrito fechado el 7 de marzo, el abogado del investigado cuestiona la versión ofrecida por el jefe del Ejecutivo.
«Declara haber tenido conocimiento de los sucesos ocurridos el 31 de diciembre de 2023 en la calle Ferraz a primera hora del 1 de enero de 2024, no de forma directa ni personal, sino a través de un resumen de prensa diario elaborado por su Gabinete«, destaca el letrado Jesús Santorio.
«Esto implica que no existió una amenaza directa, inmediata o personalizada contra su persona, sino únicamente una percepción posterior mediante medios de comunicación y redes sociales, lo que descarta los elementos objetivo y subjetivo del delito de amenazas», enfatiza.
El abogado subraya que dicho delito «exige una intimidación seria, concreta y capaz de provocar un temor inminente y razonable». Según su criterio, esto no se dio en los hechos investigados.
De hecho, la juez a cargo del caso, Concepción Jerez, ya archivó inicialmente la causa al considerar que la piñata no representaba una amenaza, sino una expresión de crítica política.
Sin embargo, en julio de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid decidió reabrir el caso, considerando «prematuro» el archivo y detectando indicios de posible delito de amenazas contra el presidente.
Tras esta resolución, la juez ha citado a seis personas relacionadas con los hechos como investigadas, entre ellas el defendido por Santorio.
En su escrito, el letrado critica que la declaración escrita de Sánchez «se limita a describir sensaciones subjetivas como ‘intranquilidad, desasosiego y angustia persistente’, ‘miedo racional a que las amenazas puedan materializarse’ o ‘deshumanización'».
«No obstante, no se especifica perjuicio objetivo, material, físico o patrimonial cuantificable, ni se acredita daño a la integridad que supere el límite de crítica política, protesta pública o expresión simbólica, por más dura o desagradable que sea«, argumenta el letrado, coincidiendo con los motivos que inicialmente llevaron al archivo de la causa.
De hecho, esta es justamente la petición que presenta Santorio en su escrito: que el caso sea archivado de nuevo.
«De la propia declaración de la víctima se infiere la inexistencia total de pruebas o indicios de delito, puesto que los hechos descritos no cumplen con los elementos del delito de amenazas», sostiene el abogado, quien descarta que «la viralización posterior» de la piñata o «la percepción subjetiva del perjudicado» conviertan el hecho en ilícito.
Actualmente, el proceso judicial se encuentra nuevamente en fase de instrucción. Se están realizando diligencias para esclarecer los hechos y la implicación de los seis investigados.
El delito que se está evaluando ahora es una posible amenaza contra Sánchez, no un delito de odio.