Pedro Sánchez ha acusado a Ayuso de bloquear el derecho al aborto en Madrid, a pesar de que las estadísticas confirman que se llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo.
En 2024, la Comunidad de Madrid concentra un 20% de los abortos realizados en España, sumando más de 21.000 casos, incluyendo a mujeres provenientes de otras regiones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la creación de un registro de médicos objetores, aunque la interrupción voluntaria del embarazo continúa desarrollándose con normalidad.
El Gobierno madrileño ha anunciado que apelará la resolución judicial y sostiene que ya protege el derecho a la objeción de conciencia y la provisión del servicio sin necesidad de dicho registro.
Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de impedir que las mujeres ejerzan su derecho al aborto en la región, tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el Ejecutivo autonómico comience a confeccionar el registro de médicos objetores de conciencia.
Esta declaración combina dos aspectos diferentes: la obligación legal para que las comunidades autónomas tengan un registro de médicos objetores de conciencia —profesionales que rechazan realizar abortos— y la realidad de que las interrupciones voluntarias del embarazo se practican normalmente en la Comunidad de Madrid. Un derecho que nunca ha dejado de existir en Madrid pese a la ausencia de dicho registro.
«Para ser claros: la presidenta tiene un ‘empeño personal’ en que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid», afirmó Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.
El presidente afirmó además que Ayuso «continúa negándose a acatar la ley del aborto, ahora incluso desoyendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», y advirtió que el Gobierno central irá «hasta el final para proteger los derechos y libertades de las mujeres en todo el territorio español».
No obstante, los datos oficiales sobre las interrupciones voluntarias del embarazo en Madrid contradicen esta versión y demuestran que, aun sin registro de objetores, se practican abortos.
La Comunidad concentra cerca del 20% de todos los abortos realizados en España. En 2024 se efectuaron más de 21.000 interrupciones, de las cuales 18.081 correspondieron a mujeres madrileñas, según los datos más recientes. Esto equivale a unas 50 intervenciones diarias, alrededor de dos por hora.
Esto indica que, aunque no se cumpla con la obligación de tener un listado de objetores, el sistema público de salud madrileño asegura este servicio no solo a las residentes, sino también a mujeres provenientes de otras comunidades autónomas.
De hecho, una de cada diez interrupciones practicadas en la región en 2024 correspondió a mujeres no residentes, la mayoría provenientes de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.
El origen del nuevo conflicto político entre La Moncloa y la Puerta del Sol se encuentra en la implementación del registro de médicos objetores de conciencia. Este recurso, previsto en la legislación nacional, permite a los profesionales declarar formalmente su deseo de ejercer su derecho a no participar en interrupciones voluntarias del embarazo por razones éticas o deontológicas.
La controversia comenzó en otoño de 2025, cuando el Ministerio de Sanidad exigió a la Comunidad de Madrid y otras regiones poner en marcha este registro.
En ese momento, Sánchez llegó a decir que la política de la Comunidad de Madrid podría hacer que las mujeres «tuvieran que viajar nuevamente a Londres para abortar», una comparación que el Gobierno de Ayuso rechazó, argumentando que no refleja la realidad del sistema sanitario madrileño.
Recientemente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Ejecutivo autonómico iniciar la creación de ese registro de objetores, como exige la normativa estatal.
Este fallo reactiva un enfrentamiento político que ya lleva meses entre el Gobierno central y el madrileño, centrado en la forma de aplicar este procedimiento, mientras que la interrupción voluntaria del embarazo sigue desarrollándose con normalidad en la región.
La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no significa que el registro de objetores esté operativo, pero sí obliga a la Comunidad a comenzar inmediatamente los trámites administrativos para su creación, cumpliendo así la legislación vigente tras aceptar la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad debido a la inactividad regional.
El Gobierno madrileño, en cambio, ha anunciado que recurrirá la sentencia, asegurando que la medida cautelar «no se pronuncia sobre el fondo» y que ya garantiza tanto el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia como el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de un registro específico.