En 2010, la familia Pujol solicitó infructuosamente que Andbank eliminara los documentos relacionados con sus cuentas ocultas.
Tras la negativa del banco, Andbank aconsejó a los Pujol dejar la entidad y facilitaron su desvinculación como clientes.
Posteriormente, los fondos de los Pujol fueron transferidos al BPA, banco intervenido en 2015 por presuntas actividades de blanqueo de capitales.
Joan Pau Miquel, exconsejero de BPA, denunció que la Policía patriótica ejerció presiones en el contexto de la Operación Cataluña para obtener datos bancarios de los Pujol.
En 2010, la familia Pujol solicitó sin éxito a la entidad Andbank que destruyese documentación vinculada a las cuentas en las que mantenían su fortuna oculta.
Esta negativa llevó al banco andorrano a instarles a desvincularse «lo antes posible». Así lo detalló Manel Cerqueda, presidente de Andbank, durante su testimonio en la Audiencia Nacional este martes.
En calidad de testigo obligado a decir la verdad, Cerqueda se pronunció sobre los fondos que la familia del expresidente catalán Jordi Pujol mantuvo en su institución.
Esos recursos fueron luego transferidos al BPA, un banco que fue intervenido en 2015 debido a sospechas de facilitar operaciones de blanqueo de capitales.
«Nos complació que se marcharan y les brindamos todas las facilidades necesarias para que cesaran como clientes», añadió Cerqueda en relación a la solicitud de los Pujol de borrar documentación sensible.
¿Cuál fue el motivo detrás de esta petición? Cristina Lozano, exdirectiva del BPA, relató este martes que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor y gestor de los fondos familiares en Andorra, manifestó al banco su «temor» a que algún empleado filtrara información.
Según su explicación, esta inquietud surgió tras la divulgación de la llamada Lista Falciani.
Este martes también testificó Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, quien, como ya afirmó en una comisión de investigación en el Congreso, responsabilizó a la denominada Policía patriótica de provocar la disolución de su banco.
Según su versión, esto sucedió dentro del marco de la llamada Operación Cataluña, orientada, entre otros objetivos, a obtener información bancaria sobre los Pujol y el expresidente Artur Mas.
De hecho, Joan Pau Miquel, junto con el expropietario del BPA, Higini Cierco, presentó una denuncia ante la Justicia andorrana por las presuntas coacciones ejercidas por la Policía patriótica.
Por último, declaró un inspector de Policía, integrante de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y uno de los responsables del registro en la vivienda de Jordi Pujol i Soley.
Aseguró que tras inspeccionar la residencia y encontrar el testamento de los padres del dirigente, no se localizaron menciones a Andorra ni a otros países extranjeros.
La teoría que defienden los Pujol sostiene que su numerosa fortuna proviene de la herencia dejada por el padre del expresidente, y no del cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos públicos manipulados.