La Fiscalía presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por divulgar datos confidenciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este recurso es poco común, dado que en los últimos cinco años la Fiscalía ha interpuesto únicamente tres demandas de amparo ante el TC.
María Ángeles Sánchez Conde, quien ha llevado el caso desde sus inicios, será la encargada de redactar la demanda de amparo, alegando la violación de los derechos fundamentales de García Ortiz.
La designación de Sánchez Conde evita que Pedro Crespo, jefe de la Fiscalía ante el TC y vinculado personalmente con el asunto, tenga que abstenerse de intervenir.
La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, quien perdió el cargo por divulgar información reservada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Era una acción prevista (la Fiscalía no apoyó la investigación, solicitó la absolución de García Ortiz y la nulidad de la sentencia de la Sala Penal), pero completamente atípica, ya que en los últimos cinco años la Fiscalía del TC ha presentado solo tres demandas de amparo, principalmente por habeas corpus.
Específicamente, se presentaron demandas en 2021, 2024 y 2025, sin ninguna en 2022 ni en 2023.
En el caso de García Ortiz, tampoco intervendrá la Fiscalía del TC. Según anunció la fiscal general, Teresa Peramato, en una entrevista con Xavier Fortes en La Noche en 24 horas de RTVE, la responsable del Ministerio Público emitió un decreto que asigna a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la elaboración de la demanda de amparo que argumentará que la condena a García Ortiz viola derechos fundamentales.
Sánchez Conde argumentó en su escrito, donde solicitaba la nulidad de la sentencia condenatoria, que esta vulnera la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad penal y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Fuentes de la Fiscalía indican que el decreto de Peramato justifica la asignación del proceso constitucional a Sánchez Conde debido a que ella ha manejado todo el caso de García Ortiz desde el inicio de la investigación en el Supremo, el juicio y el incidente de nulidad.
Además, Sánchez Conde tiene una larga trayectoria en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Se unió en 1997 como fiscal, fue nombrada teniente fiscal en 2006, y en 2009 ascendió a fiscal de Sala y fiscal jefa de esa Fiscalía, cargo que ocupó hasta marzo de 2021.
Así, la Fiscalía ante el TC queda apartada del caso García Ortiz. Su jefe, Pedro Crespo, fiscal de renombre dentro y fuera de la carrera, es esposo de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid y testigo en contra de su exjefe, Álvaro García Ortiz.
La designación de Sánchez Conde para presentar la demanda de amparo evita que Crespo deba hacer una abstención obligada.