El banco exige la devolución de 40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kg de oro incautados por las autoridades húngaras cerca de Budapest, rechazando categóricamente las afirmaciones húngaras que vinculan los fondos con actividades delictivas organizadas o financiamiento de partidos opositores. El personal de la empresa transportadora de efectivo ha sido expulsado de la UE por tres años.
Oschadbank, entidad ucraniana, reclama la restitución inmediata del dinero en efectivo y el oro confiscados por las autoridades húngaras la semana pasada, según informaron a Euronews los abogados que representan al banco en Hungría.
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Este suceso provocó una disputa diplomática tras el operativo policial húngaro que interceptó un convoy transportando efectivo en las proximidades de Budapest, incautando 40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kg de oro.
Al día siguiente, Hungría expulsó a siete ciudadanos ucranianos que acompañaban la transferencia y abrió una investigación por presunto lavado de dinero.
Horváth Lawyers, firma legal que representa a Oschadbank y a sus siete empleados en Hungría, aseguró a Euronews que los vehículos ucranianos realizaban una transferencia de rutina desde Raiffeisen Bank en Austria hacia la sede central de Oschadbank en Kiev.
‘Realizado legalmente’
«El origen, el propósito y la legitimidad de los fondos están claramente documentados, y no hay indicios que sugieran que el dinero proviene o esté relacionado con actividades criminales», señaló la firma, añadiendo que la incautación debe cesar de inmediato.
Los abogados destacaron que Oschadbank ha estado efectuando transferencias de efectivo a través de Hungría desde que Rusia inició su invasión a gran escala en 2022, contando con el conocimiento previo de las autoridades húngaras.
«La transferencia se realizó conforme a la ley, bajo la supervisión de las autoridades pertinentes», declararon.
Andrii Sybiha, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, acusó a Hungría de secuestro y terrorismo de Estado, mientras que su contraparte húngara, Péter Szijjártó, expresó que los fondos podrían tener relación con actividades criminales.
«Es legítimo cuestionar si este dinero no pertenece a la mafia de guerra ucraniana», afirmó Szijjártó.
János Lázár, ministro húngaro de Construcción y Transporte, sugirió que dichos fondos podrían estar destinados a financiar partidos opositores antes de las elecciones en Hungría.
Horváth Lawyers desestimó ambas afirmaciones.
«Los documentos del proceso no respaldan esas declaraciones políticas. Según nuestro análisis, el caso no involucra financiamiento político húngaro ni grupos criminales ucranianos», indicaron.
Siete ucranianos vetados en la UE
Horváth Lawyers también reveló que los siete ciudadanos ucranianos representados tienen prohibida la entrada al espacio Schengen y a la Unión Europea durante tres años, siendo Hungría la que fundamentó esta medida en razones de seguridad nacional.
«El caso incluye varios aspectos jurídicos preocupantes, como la falta de sustancia en la justificación de seguridad nacional, la opacidad en las razones de la decisión y la limitada disponibilidad de recursos legales», señaló la firma.
Los abogados indicaron que estas cuestiones podrían habilitar la presentación de un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.