El Ejecutivo ha adjudicado un contrato por 345.000 euros para la realización de análisis genéticos sobre restos humanos exhumados en el Valle de los Caídos.
Los resultados obtenidos se integrarán en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, con el fin de facilitar la identificación de los restos.
Las labores de exhumación en el Valle de los Caídos han permitido localizar e identificar restos procedentes de nueve municipios, habiéndose entregado a familiares varias decenas de cuerpos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la continuación de estas tareas de exhumación, desestimando los recursos planteados por organizaciones que se oponen a dichas actuaciones.
El Ejecutivo ha formalizado un contrato de 345.000 euros destinado al análisis e identificación de restos humanos provenientes de las exhumaciones en curso en el Valle de los Caídos.
Este contrato, publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como propósito incluir los resultados en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, una promesa electoral clave de Pedro Sánchez al asumir el cargo en la Moncloa en 2018.
La adjudicación, otorgada el 3 de octubre a la empresa Citogen S.L., con sede en Zaragoza, abarca la realización de análisis genéticos sobre restos óseos localizados en las criptas del monumento, además de interpretar los resultados y elaborar informes de identificación que podrán cotejarse con muestras de familiares potenciales.
La propuesta presentada por la empresa ascendía a 258.975 euros sin impuestos, superando otras tres ofertas recibidas en el proceso de licitación. Aun así, el importe total del contrato alcanza los 345.000 euros, al incluir otros factores contemplados en el procedimiento.
El debate en torno a las políticas de memoria continúa generando división política y social. De acuerdo con una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada en 2025, el 68 % de los españoles apoya la exhumación de fosas comunes y la recuperación de restos.
No obstante, la Ley de Memoria Democrática divide casi por igual a la población: un 47 % la respalda frente a un 48,1 % que la rechaza.
Este proceso forma parte de la política de memoria impulsada por el Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.
En aquel momento, el Ejecutivo socialista anunció una reforma completa de la legislación — posteriormente ampliada con la Ley de Memoria Democrática de 2022 — que incluía la creación de un banco estatal de ADN para facilitar la identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Esta iniciativa también forma parte del plan de exhumaciones promovido por el Gobierno, cuyo primer acto fue la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019. Desde entonces, han impulsado varias acciones para localizar e identificar restos en fosas comunes y en el recinto monumental de Cuelgamuros.
En este lugar descansan actualmente los restos de 33.833 personas, víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, repartidos en 11.060 cajas funerarias.
Según ciertos informes periodísticos, hasta el año pasado el Ejecutivo había recibido 190 solicitudes de familiares para recuperar restos depositados en el recinto.
Las exhumaciones en el interior del monumento comenzaron en junio de 2023. Desde entonces, el equipo forense ha encontrado restos originarios de nueve localidades y ha identificado y entregado a familiares varias decenas de cuerpos, todos ellos pertenecientes a Aldeaseca (Ávila) y Borja (Zaragoza).
Este proceso no ha estado exento de disputas judiciales. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó las labores de exhumación, rechazando recursos contra una sentencia previa que había anulado la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se localiza el complejo.