La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por la inacción ante los robos de agua en Doñana.
En dicha demanda se exige la implementación de medidas efectivas para prevenir y reparar los daños derivados de extracciones ilegales de agua, detectadas en 250 operadores entre 2022 y 2023.
El Ministerio argumentó que no tiene competencia, asignando la responsabilidad a la Junta de Andalucía, postura que la Fiscalía ha rechazado rotundamente.
La Fiscalía pide la anulación de la resolución que rechazó su solicitud y la apertura de un procedimiento para exigir responsabilidad medioambiental.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó este viernes la presentación de una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Considera que la Administración central ha abandonado sus funciones en cuanto a exigir responsabilidades y detener las extracciones ilegales de agua en Doñana.
La demanda solicita que se condene a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Sara Aagesen) a tomar medidas eficaces para prevenir, evitar futuros daños y reparar los robos de agua detectados por el Seprona de la Guardia Civil.
La demanda tiene como origen las diligencias preprocesales iniciadas por la Fiscalía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2021.
El TJUE concedió el recurso por incumplimiento presentado por la Comisión Europea contra España.
El tribunal de Luxemburgo sentenció que España «ha incumplido las obligaciones que le corresponden», especialmente en la protección de las aguas subterráneas vinculadas al espacio natural de Doñana, entre otros aspectos.
Según la sentencia, una causa principal del deterioro ambiental en Doñana son las extracciones abusivas e ilegales de aguas subterráneas.
La Fiscalía ordenó varias diligencias que permitieron identificar a los operadores responsables de estas extracciones ilegales durante 2022 y 2023.
En total, se identificaron 250 operadores: 198 en Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz.
Tras conocer los resultados, el 19 de febrero de 2025 la Fiscalía presentó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente una solicitud para iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental.
En concreto, solicitó la adopción de “medidas para evitar nuevos daños” que deben aplicarse a los operadores identificados.
Entre esas medidas, según la Fiscalía, debe incluirse el “cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades” en las explotaciones económicas y profesionales que hayan continuado, tras 2023, extrayendo ilegalmente agua subterránea sin la concesión administrativa necesaria o superando los caudales autorizados.
Implica a la Junta de Andalucía
El 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente rechazó la solicitud de la Fiscalía para iniciar el procedimiento de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan a Doñana y para la adopción de medidas de prevención y reparación.
Argumentó que no es órgano competente para tal procedimiento, dado que no se trata de daños exclusivos del dominio público hidráulico, sino que afectan a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general, así como a todo el espacio de Doñana, cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la Administración General del Estado no puede «renunciar a ejercer sus competencias solo por la posible concurrencia con la Comunidad Autónoma de Andalucía».
Desde su perspectiva, se quebranta el principio de que «la competencia es irrenunciable y debe ser ejercida por los órganos administrativos que la tienen asignada».
La demanda reclama la nulidad de la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que se le obligue a tramitar el procedimiento de responsabilidad medioambiental, con un plazo determinado para ello, con el fin de establecer si existe responsabilidad ambiental por parte de los operadores identificados y para adoptar, en su caso, las medidas necesarias de prevención, evitación de nuevos daños y reparación.