Durante años, los usuarios han estado advirtiendo sobre la «peligrosidad» y el deterioro de la plataforma en la que fallecieron cinco jóvenes.
El colapso de la pasarela de El Bocal, situada en la costa norte de Santander y que causó la muerte de cinco jóvenes, ha generado demandas claras de rendición de cuentas. Ayer, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró que es imprescindible abordar la «responsabilidad de las tres administraciones» involucradas (Ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander) en lo referente a la seguridad ciudadana. Por otra parte, la alcaldesa, Gema Igual, enfatizó que no estarán involucrados en enfrentamientos políticos y que pretenden evitar «abrir más la herida» con desacuerdos sin base, señalando que la ejecución de la obra estuvo a cargo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los documentos oficiales clarifican la situación, apuntando en dos vertientes políticas (Ayuntamiento y Demarcación de Costas) y subrayando dos fechas clave: el 6 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2019.
«Quizás sea prematuro abordar ciertos aspectos, pero que hoy se discuta esto es resultado de una dinámica que desde hace años se ha denunciado en Santander: el desgaste y la falta de mantenimiento en infraestructuras», manifiesta a este medio el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez. «Se han convertido en un problema prioritario de la política local, sobre el cual hemos presentado varias mociones, ruegos y propuestas que han sido ignoradas».
El 6 de abril de 2004, el Ayuntamiento de Santander (PP) firmaba un documento oficial tras la consulta pública del proyecto «Senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar». Este texto, firmado por el entonces alcalde Gonzalo Piñeiro y el concejal de Medio Ambiente, Íñigo de la Serna —quien después sería ministro de Fomento—, contenía un «compromiso Municipal de asumir el mantenimiento una vez terminadas las obras». No se trataba de una afirmación vaga: el documento especificaba en cuatro puntos que «no existe inconveniente en comprometerse con la Demarcación de Costas de Cantabria (PRC y PSOE) para que una vez concluidas las obras proyectadas en la ‘senda peatonal’ referenciada, este Ayuntamiento se haga cargo de su mantenimiento». Este documento, al que EL MUNDO ha tenido acceso, establece una presunta primera línea de responsabilidad mediante un compromiso oficial y refrendado, que sería remitido al organismo estatal.
La segunda fecha, 31 de octubre de 2019, corresponde al acta del pleno ordinario de este Ayuntamiento, presidido entonces por la alcaldesa actual, Gema Igual (PP). En la página 21 de ese documento se recoge una moción presentada por el portavoz del grupo mixto UxS-IU, Miguel Saro. A primera vista, el texto trataba sobre la conservación del paisaje en la costa norte, aunque en su contenido emergen datos importantes: el proyecto había sido redactado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (PSOE) y ejecutado «en colaboración con el Ayuntamiento».
Aunque la moción solicitaba que Demarcación de Costas y el Ministerio retiraran los materiales sobrantes de la obra por motivos paisajísticos —debido a las «unánimes protestas» de la comunidad sobre las «infraestructuras horrendas diseñadas por el Ministerio»—, también pedía «autorizar al Ayuntamiento de Santander a realizar dichas tareas subsidiariamente previa tramitación del expediente administrativo correspondiente». Así se reconocía la capacidad de acción de la administración local, la que ayer —4 de marzo— ordenó a la Policía Municipal clausurar dos pasarelas a solicitud de Demarcación. «En 2019 ya señalamos esto con una moción aprobada por unanimidad en Pleno, y en los años recientes vecinos y colectivos han vuelto a alertar sobre el mal estado de la senda y los riesgos que presenta», indica el concejal Martínez; «pero nadie emprendió ninguna acción».
Durante quince años, entre 2004 y 2019, los vecinos siguieron denunciando el peligro en la zona donde se construyó la pasarela: sobre unas rocas que tradicionalmente usaban pescadores y caminantes, quienes preferían un sendero terrestre más seguro. La insistencia y las propuestas formuladas por políticos, tras la tragedia, quedaron sin efecto.
En 2014, se inició un proyecto de mejora de la zona promovido por la Demarcación de Costas, con un presupuesto de un millón de euros. La preocupación ciudadana repuntó al percibir la magnitud de las modificaciones en el paisaje, como el hormigonado de muros de piedra que alteraba la estética tradicional, calificándolas de «desproporcionadas». Ese marzo, la alteración del trazado original (de 2004) contemplaba un recorrido de 10 kilómetros de longitud, y se instaló la pasarela que luego resultó dañada. La obra, encargada a Dragados por dicho monto, fue detenida siete meses después por protestas vecinales —organizados en la Asamblea de la Sendera Costera (ADSC)— que alegaban motivos ambientales y de seguridad.
Como resultado de esas protestas, se elaboró un nuevo documento dos años después. En 2016, este informe, respaldado por el Ministerio, recogía la postura de ADSC a favor de «la retirada de todos los miradores y pasarelas de la senda» porque sostenían que no correspondían con el trazado tradicional. La retirada propuesta nunca se ejecutó, a pesar de un aviso escrito sobre la peligrosidad de dichas estructuras: se consideraban «inadecuadas para el tránsito peatonal» porque se construirían «sobre dos grietas».
El silencio entre las administraciones, pese a las advertencias vecinales, estalló con la muerte de cinco jóvenes: Eunate, Celia, Lluna, Lucía y Xabier. Sin efecto fueron también las alertas del día previo a la tragedia, cuando Fernando, un vecino, informó al 112 sobre el mal estado de la estructura y advirtió que «si pasaban muchas personas, el peso provocaría el colapso». El servicio, gestionado por el Gobierno de Cantabria, notificó a la Policía Local, según El Diario Montañés.
Tampoco se atendieron durante años los anuncios de los vecinos acerca de que los clavos que sujetaban la estructura estaban oxidados y deteriorados por la exposición prolongada al viento y al mar. «Habrá tiempo para determinar responsabilidades, pero es evidente que no nos enfrentamos a un suceso imprevisible ni resultado únicamente de la mala suerte», critica Martínez.
Este concejal no omite expresar su crítica hacia un Ayuntamiento que «desatiende sus propias competencias y mira hacia otro lado cuando se trata de otras administraciones, salvo para las fotos en inauguraciones a las que la alcaldesa siempre asiste».