El Ejecutivo envió la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin haber obtenido el permiso del Congreso, requisito establecido por la Ley de Defensa.
La misión de esta fragata se ha modificado, pasando de un ejercicio OTAN en el Báltico a una operación real en una zona de conflicto como respuesta a ataques de Hezbolá.
Analistas y representantes de la oposición indican que la legislación exige consultar al Congreso en desplegamientos no directamente vinculados con la defensa del territorio nacional.
La medida se adopta aunque Chipre no haya invocado formalmente la cláusula de defensa mutua de la UE y la coordinación se efectúa bilateralmente bajo iniciativa de Francia.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional es claro. Para autorizar operaciones fuera del país que «no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional», se necesita «una consulta previa y la autorización del Congreso de los Diputados».
Así lo establece la norma, aprobada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que justificó su adopción señalando que José María Aznar había involucrado a España en «una guerra ilegal» enviando tropas a Irak «sin autorización explícita» del Parlamento.
Sin embargo, eso es justamente lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplió antes de desplazar la fragata Cristóbal Colón a Chipre, zona con conflicto activo tras un ataque de drones de Hezbolá contra una base militar británica.
Según Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, «a juzgar por las declaraciones del presidente, parece evidente que se cumplen los supuestos negativos que impone ese artículo».
Esto implica que se trata de una operación sin relación directa con la defensa de España. «Por lo tanto, siguiendo esta interpretación textual, debería solicitarse la autorización al Congreso», expone Ruiz Robledo.
Además añade: «En caso de duda, debe favorecerse la consulta, ya que el artículo 1.3 de la Constitución establece que España es una monarquía parlamentaria». En otras palabras, cuando exista ambigüedad, «la interpretación debe beneficiar a las Cortes y no al Gobierno».
¿Cuál sería la incertidumbre? Que se considere una «misión defensiva», argumento sostenido por Margarita Robles y José Manuel Albares. O que, de hecho, solo se haya alterado el destino de la fragata española y no la naturaleza de su misión.
Hasta esta semana, la Cristóbal Colón formaba parte del ejercicio Steadfast Dart 26, maniobras de entrenamiento de la OTAN en el Báltico, acompañando al portaaviones francés Charles de Gaulle.
Ahora, ha sido enviada a una zona bélica con el argumento de que España acude en apoyo de un miembro de la UE que ha solicitado asistencia en su defensa.
Pero Chipre no ha invocado el mecanismo de defensa mutua comunitario. Por ello, el Gobierno español no puede apoyarse en este hecho para interpretar de modo laxo la ley sobre lo que está «directamente relacionado con la defensa de España o de su interés nacional».
Los hechos
Tras los ataques de Hezbolá en Chipre el domingo y la madrugada del lunes, Emmanuel Macron anunció el martes el redireccionamiento del Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo oriental, invitando a los países participantes en la misión a unirse.
España dio su conformidad, aunque comunicó la decisión recién el jueves al mediodía, más de 24 horas tras la declaración institucional de Sánchez donde se pronunciaba contra la guerra. El Ejecutivo ordenó a la fragata emprender rumbo a Chipre para ejecutar tareas de defensa aérea y evacuación de civiles.
Según la ministra Robles, se trata de una misión «exclusivamente defensiva». Sin embargo, el cambio es significativo: se pasa de un ejercicio militar a una operación en un entorno bélico real. Además, se modifica su función bajo bandera OTAN a una supuesta acción bajo bandera UE.
El presidente francés solicitó que otra fragata holandesa se una al grupo naval. Países Bajos está evaluando la petición. Macron también contactó este jueves con Giorgia Meloni y Kyriákos Mitsotákis; los ejércitos de Italia y Grecia también desplegarán tropas.
Aunque la UE posee una cláusula de defensa mutua propia, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, similar al artículo 5 de la OTAN, Chipre, miembro de la UE pero no de la OTAN, no la ha activado. Toda la coordinación es bilateral, gracias al impulso de Francia. No se ha realizado solicitud oficial ante Bruselas.
Antecedentes
La Ley Orgánica 5/2005, impulsada por el primer Gobierno de Zapatero con José Bono en Defensa, perseguía explicitamente impedir que un Ejecutivo español enviase tropas al extranjero sin autorización, como hizo Aznar con la guerra de Irak.
La norma fue aprobada el 14 de septiembre de 2005, con 183 votos a favor —PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, Coalición Canaria— y 135 en contra del PP, junto a 11 abstenciones —PNV, BNG, EA y Nafarroa Bai—.
Anteriormente, regía la Ley Orgánica 6/1980, de la época de Manuel Gutiérrez Mellado, que no requería una autorización parlamentaria expresa para mandar tropas fuera del país.
Así fue como Aznar envió fuerzas militares a Irak en 2003 sin tener respaldo del Congreso. El PP solo sometió a votación una proposición no de ley que manifestaba su postura y fue aprobada gracias a su mayoría absoluta.
Federico Trillo, hoy abogado del Consejo de Estado, fue ministro de Defensa que envió tropas españolas como apoyo logístico a fuerzas de EEUU y Reino Unido, las cuales sí participaron en combate durante la invasión a Irak.
Actualmente, Trillo acusa al Gobierno de «vulnerar la ley por completo». Y no es la primera vez, según recuerda. También ocurrió en septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo ordenó al buque Furor escoltar la flotilla humanitaria a Gaza sin permiso del Congreso.
Paradojas políticas
Solicitar autorización parlamentaria no es un trámite menor. De hecho, desde su vigencia, tanto gobiernos como oposiciones han incurrido en varias paradojas políticas.
De acuerdo con el Diario de Sesiones, sólo en la X Legislatura, la primera con Mariano Rajoy al mando, el Gobierno del PP pidió permiso parlamentario en al menos ocho misiones.
Los populares acudieron siempre al Parlamento para discutir y aprobar despliegues en lugares como Mali, la República Centroafricana, tras la lucha contra ISIS en Irak, para estabilizar Afganistán y en el Mediterráneo Meridional.
Además, dos décadas después, los roles de PP y PSOE terminaron invertidos.
En 2024, el PP presentó una propuesta para ampliar el artículo 17 y fortalecer el control del Parlamento.
La idea era que el Congreso deba pronunciarse cuando varíen las condiciones de una misión previamente autorizada, para evitar interpretaciones permisivas de la normativa.
Según Alberto Núñez Feijóo, «el consentimiento otorgado en un momento dado no debe amparar situaciones distintas a las previstas». El PSOE rechazó dicha reforma. Y justamente ese es el caso que ahora el Gobierno quiere justificar con la Cristóbal Colón.