El candidato socialista Carlos Martínez lamenta que surjan este tipo de temas con la intención de «ensuciar el terreno de juego» tras una información que generó sospechas sobre un contrato para luces de Navidad con la empresa de un familiar.
Las interrogantes en torno a varios procesos de adjudicación que involucran a concejales del PP en los ayuntamientos de Palencia y Burgos —este último también presidente de la Diputación, Borja Suárez— junto con el caso del alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, están marcando la campaña electoral en Castilla y León.
El conocimiento de estas circunstancias ha comenzado a provocar reacciones durante las caravanas electorales de las distintas formaciones políticas, que en las últimas horas combinan propuestas con ataques dirigidos a sus opositores.
En cuanto a Soria, al parecer, el Ayuntamiento contrató servicios vinculados con la instalación de adornos florales navideños con la empresa perteneciente a un familiar de Martínez. El propio candidato y alcalde ha defendido este proceso como «totalmente conforme a la normativa» tras la publicación de esta información por parte del diario Abc en las últimas horas.
Martínez ha expresado su pesar porque este tipo de asuntos se utilicen para «ensuciar el terreno de juego en la campaña electoral» y ha subrayado que esta contratación superó «todos los controles de fiscalización, intervención y secretaría municipal».
Burgos
En Burgos, el Ayuntamiento adjudicó los servicios de catering a la empresa Eventos El Espino, en la que el presidente de la Diputación posee un 33% de participación, motivo por el cual ha solicitado un informe a la Secretaría Municipal para determinar si existe algún tipo de incompatibilidad.
Concretamente, según lo publicado este martes por eldiario.es y confirmado por fuentes del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, el gobierno municipal, directamente o a través de la sociedad municipal ProBurgos, ha contratado con dicha empresa en doce ocasiones entre 2023 y 2025, con importes que varían desde los 400 hasta los 6.600 euros.
Borja Suárez ha aclarado que está desvinculado de la gestión diaria de la empresa, fundada hace 15 años, desde febrero de 2023, y que ni forma parte de la junta directiva ni participa en decisiones sobre contratos o en la actividad comercial, limitándose únicamente a tener una participación accionarial del 33%.
«Me siento tranquilo», afirmó Suárez, quien aseguró que nunca ocultó su relación con la empresa, en la que hasta 2025 poseía el 22% de las acciones, aunque desde diciembre su participación aumentó al 33%.
El PSOE sostiene que se trata principalmente de una cuestión ética más que legal, explicando que Borja Suárez no interviene directamente en la adjudicación de contratos, aunque ha señalado que con respecto a los servicios prestados al Ayuntamiento debe investigarse si esta vinculación accionarial tuvo alguna influencia.
Palencia
Por otro lado, la concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, se ha visto implicada en la compra de un chalet construido por un promotor privado en un terreno municipal vendido en 2019, poco después de que PP y Cs alcanzaran el gobierno municipal, con ella ocupando la concejalía de Cultura, sin que esta adquisición se realizara mediante sorteo alguno entre los inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.
Esta información, difundida este martes por el diario El País, indica que las viviendas fueron entregadas en abril de 2023, comercializadas por una inmobiliaria local a un precio de 157.320 euros cada unidad, aunque la promotora y la constructora de la promoción fueron empresas diferentes.
Izquierda Unida ya ha solicitado la renuncia de su acta de concejala, mientras que la edil popular ha declarado reunir los requisitos y desconocer si existió o no un sorteo previo para acceder a esta promoción, tal como exige la normativa para este tipo de viviendas, aunque sí reconoce que hubo un sorteo para la distribución entre los compradores.
Además, destaca que la concejala no incluyó esta propiedad en la declaración de bienes presentada en junio de 2023 en el Portal de Transparencia municipal.