El PP ha presentado en el Senado una serie de enmiendas para aumentar las exigencias en la regularización masiva de inmigrantes, evitando así que delincuentes puedan obtener permisos de residencia.
Las modificaciones eliminan la opción de la ‘declaración responsable’ y requieren un certificado oficial que acredite la ausencia de antecedentes penales en el país de origen para conceder la residencia.
Se rechazará la residencia a aquellos inmigrantes con procesos judiciales abiertos, acusaciones formales, órdenes de búsqueda o condenas firmes por reincidencia.
Entre las enmiendas también se fortalece a la Fiscalía, se incrementan las penas por el ‘petaqueo’ (suministro de combustible a narcolanchas) y se limita la suspensión de expulsiones únicamente a infracciones relacionadas con la estancia irregular.
El PP ha introducido en el Senado un conjunto de enmiendas a la Ley Orgánica contra la Multirreincidencia con un propósito que excede la propia normativa. Los populares consideran esta vía como un medio para bloquear el «coladero» de delincuentes en la regularización masiva promovida por Pedro Sánchez.
La propuesta, liderada por Cuca Gamarra, pretende aprovechar la iniciativa legislativa de Junts para, mediante una serie de enmiendas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, modificar la Ley de Extranjería, el Código Penal y reforzar la Fiscalía.
Las enmiendas endurecen los criterios en la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, referente a los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para obtener el permiso de residencia, además de fortalecer la Fiscalía y incrementar las penas por ‘petaqueo’, la acción de proveer combustible a las narcolanchas en alta mar.
Estas reformas serán aprobadas en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Gamarra espera asimismo que «cuenten con los apoyos» de Vox y Junts, autor de la ley, cuando el texto regrese al Congreso para su ratificación definitiva.
«De aprobarse, se eliminará la declaración responsable utilizada por delincuentes y se impedirá que quienes están pendientes de juicio obtengan la residencia como beneficio», declaró la vicesecretaria de Regeneración Institucional a este medio.
El PP transformará el título de la proposición de ley para incluir explícitamente la reforma de la Ley de Extranjería.
Rechazo a la «declaración responsable»
Se incorpora un nuevo artículo 31 ter que obliga a que la «ausencia de antecedentes penales» se pruebe mediante certificación oficial emitida por las autoridades competentes del país o países de origen o residencia anterior.
Además, se establece la prohibición expresa de que una declaración responsable pueda, bajo ninguna circunstancia, reemplazar este certificado.
La ley contra la multirreincidencia fue aprobada por el PSOE en el Congreso el pasado 12 de febrero, junto al PP, a Vox y a Junts, con 302 votos favorables. La norma se impuso frente a Sumar, socio de Gobierno, y otros sectores de la izquierda parlamentaria, que la calificaron como «populismo punitivo».
Este movimiento supuso un gesto de Sánchez hacia Junts con el fin de reactivar la mesa de negociación. La esperanza del presidente radicaba en que el partido independentista cesara el bloqueo legislativo impuesto desde la «ruptura definitiva» anunciada por Míriam Nogueras en noviembre.
Ese mismo día, según fuentes de Junts, el PSOE contactó para comunicar que relanzarían la ley contra la multirreincidencia, que había estado paralizada más de un año en el Congreso. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, devolvió el asunto a la ponencia de la comisión parlamentaria.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el PP aprovecha el proceso en el Senado para incluir estas modificaciones significativas.
El decreto gubernamental aprobado en enero establecía que si el país de origen no respondía en un mes a la solicitud de antecedentes penales, bastaba con que el inmigrante presentara una «declaración responsable» para que el Estado «asumiera» que no tiene antecedentes.
Lo que antes era una excepción «en circunstancias excepcionales debidamente justificadas», se había convertido en la norma habitual.
Fiscalías y procesos judiciales pendientes
Sin embargo, la reforma propuesta por el PP no se limita únicamente a la verificación de antecedentes. También se denegará la residencia si el solicitante cuenta con escritos de acusación del fiscal que incluyan una petición de «pena privativa de libertad», con «auto de apertura de juicio oral», con medidas cautelares, si existen «órdenes de búsqueda y captura» o «autos de prisión provisional».
Asimismo, se rechazará la residencia si el solicitante ha sido «condenado ejecutoriamente como reincidente».
Finalmente, tampoco se concederá si para obtener la autorización de residencia ha cometido «engaño considerable o falsedad» respecto a sus datos personales como la edad, sexo o nacionalidad, una práctica que las fuerzas policiales han denunciado con frecuencia en casos de menores extranjeros no acompañados (menas).
Para reforzar aún más la seguridad, la Administración deberá «solicitar informes» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre posibles «riesgos para el orden público».
El propósito es incluir antecedentes policiales, no sólo los penales, en la toma de decisiones.
Otro cambio fundamental afecta a los procesos de expulsión. El decreto de Sánchez establecía que la simple solicitud de residencia suspendía automáticamente cualquier procedimiento de expulsión o devolución.
Enmiendas del PP limitan esa suspensión solo a infracciones derivadas de la estancia irregular: «La presencia de reseñas policiales no podrá ser fundamento exclusivo para una resolución denegatoria», señala el texto. Sin embargo, otros procedimientos «no se suspenderán en ningún caso por una solicitud.»
Además, los populares proponen la incorporación del delito conocido como petaqueo al Código Penal, aumentando las penas desde 1 a 3 años hasta un rango de 3 a 5 años de prisión cuando se trate de combustible líquido.
La enmienda incluye una recomendación de la Fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional, dado que estos delitos cuentan con una dimensión internacional.
Por último, en materia de Fiscalía, el PP exige que «en el plazo máximo de dos años» se amplíen las plantillas hasta alcanzar al menos «un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000».
La prioridad será para las fiscalías con «ratios más bajas». Según el PP, sin esta ampliación, la creación de nuevas plazas judiciales sin un aumento paralelo en la Fiscalía «no facilitará la atención adecuada a las demandas de la Administración de Justicia».