Desde COAG señalan que España dispone de reservas estratégicas de petróleo suficientes para más de 90 días de consumo, por lo que ninguna explotación agrícola quedará sin combustible
El ataque combinado de Estados Unidos e Israel en territorio iraní y la respuesta en países de Oriente Medio con bases estadounidenses han alterado los mercados energéticos a nivel global. Desde España, las organizaciones agrarias han alertado sobre el aumento de los precios en fertilizantes y suministros energéticos debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz, describiéndolo como un “movimiento especulativo”.
“España no posee infraestructuras petrolíferas en el golfo Pérsico ni buques en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, existen compañías que operan en España y que próximamente intentarán justificar incrementos en los precios del gasóleo agrícola, fertilizantes y electricidad usados por el sector, como si el bloqueo de esa vía marítima les permitiera realizar una revisión repentina de tarifas”, ha señalado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
Padilla ha explicado que los contratos de suministros de gasóleo agrícola, gas industrial y fertilizantes no se negocian en tiempo real; los distribuidores y fabricantes mantienen existencias adquiridas semanas o meses antes de la entrega: “El gas utilizado hoy fue contratado antes de que se desencadenara el último conflicto bélico en Oriente Próximo. El gasóleo que reciban las cooperativas esta semana fue comprado cuando el barril tenía otro costo”.
Por otra parte, el representante agrario ha destacado que España dispone de reservas estratégicas de petróleo para cubrir más de 90 días de consumo, conforme a la normativa europea, por lo que “no existe un desabastecimiento real” y ninguna explotación agrícola se enfrentará a la falta de combustible esta semana por los sucesos en Ormuz.
Desde COAG sostienen que estas subidas especulativas en los precios de los combustibles no son incidentes aislados, sino un “patrón recurrente en los mercados de insumos agrícolas, que se repite cada vez que surge una justificación considerable”. La organización menciona como antecedente la guerra en Ucrania, cuando los costes del gasóleo y fertilizantes nitrogenados se incrementaron en pocas semanas, beneficiando notablemente a las grandes empresas.
El presidente del Gobierno realizó una declaración institucional en relación con la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.
Bruselas deberá supervisar que la crisis no se transforme en una “oportunidad de mercado”
“La crisis en Ormuz no implica únicamente un problema de suministro, sino también representa una oportunidad de mercado para quienes detentan posiciones dominantes”, afirmó Padilla, solicitando un estricto “seguimiento de este riesgo”. “En 2022 nos atribuyeron la culpa a Putin. Ahora se señalará a Irán. Sin embargo, las ganancias extraordinarias siempre terminan en las mismas manos”.
En consecuencia, desde COAG han exigido al Gobierno que garantice “el cumplimiento de las normativas” y que la CNMC implemente “sin demora” una vigilancia sobre cualquier fluctuación de precios en los principales insumos agrícolas no justificada por costos reales de aprovisionamiento. Asimismo, han instado a trasladar a Bruselas la “necesidad de activar los mecanismos de alerta temprana indicados en el Reglamento de Crisis Agroalimentaria”.
En una postura similar, Asaja ha indicado que, durante los primeros días del conflicto, los agricultores ya perciben una subida generalizada de los combustibles y un aumento significativo en el precio de los fertilizantes, especialmente nitrogenados, dado que el conflicto afecta directamente a la producción industrial y comercialización de amoníaco, urea, azufre y gas natural, todos esenciales en la fabricación de fertilizantes.
“Las guerras nunca favorecen al sector agrícola. Desde un punto de vista económico, el agro es uno de los sectores más vulnerables si la situación se agrava y se extiende en el tiempo, y en ese supuesto, que se espera no ocurra, demandaremos medidas de apoyo contundentes porque los agricultores y ganaderos no deben ser los que paguen las consecuencias de conflictos externos al sector”, concluyó Cristóbal Aguado, presidente de Asaja en la Comunidad Valenciana.