La nueva fiscal general ha propuesto a Ana García León como jefa de la Sección Penal y a Diego Villafañe como fiscal del Tribunal Supremo.
No se presentaron sorpresas. Este viernes, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, favoreció al equipo de su antecesor en el puesto, Álvaro García Ortiz, durante los primeros nombramientos discrecionales relevantes realizados desde que asumió la máxima representación del Ministerio Fiscal.
Después de considerar la opinión del Consejo Fiscal, Peramato promovió a Ana García León, quien fuera jefa de la Secretaría Técnica bajo García Ortiz, como fiscal de Sala Jefa de Penal del Tribunal Supremo, por delante de la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y del fiscal de Sala Jaime Moreno —ambos integrantes del grupo que investigó el procés.
García León carece de experiencia en casación penal, a diferencia de Madrigal y Moreno, quienes cuentan con una extensa trayectoria en este ámbito y además contaban con el respaldo de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
Además, Peramato ascendió a fiscal del Tribunal Supremo a Diego Villafañe, anteriormente teniente fiscal de la Secretaría Técnica, considerado la mano derecha indiscutible de García Ortiz y quien acumuló considerable influencia en la Fiscalía General en los últimos años. Al hacer este nombramiento, la fiscal general destacó «su excelente currículum, proactividad, rigor técnico, conocimiento jurídico, así como su visión multidisciplinar y capacidad de trabajo».
Villafañe —número 1381 del escalafón— fue imputado y posteriormente exculpado en la investigación abierta en el Alto Tribunal por revelación de secretos relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Este fiscal ha sido señalado como figura clave en las acciones del Ministerio Público durante el caso del novio de Ayuso, que derivó, por primera vez en la historia, en la condena penal de un fiscal general del Estado.
Tanto García León como Villafañe conforman el autodenominado «equipo Fortuny», el círculo de máxima confianza de García Ortiz. Ambos pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió Peramato y que ha sido favorecida con ascensos tanto por García Ortiz como por su antecesora, la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.
Entre quienes aspiraban a la plaza de fiscal del Supremo se encontraba también la actual fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra —ubicada en el puesto 436 del escalafón, casi 1000 puestos por encima del nombrado—, cuya trayectoria es considerablemente superior a la de Villafañe, aunque mostró críticas hacia la actuación del «equipo Fortuny». Lastra fue quien confrontó a García Ortiz cuando este decidió filtrar datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Teresa Peramato asumió la fiscalía general comprometida a «sanar las heridas» abiertas dentro de la institución tras el caso de García Ortiz, pero fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO sostienen que, con estos nombramientos, ha continuado la práctica similar a sus predecesores, García Ortiz y Delgado.
En total, la fiscal general ha presentado al Gobierno la propuesta para la designación de 17 nombramientos discrecionales. Entre ellos destaca la renovación de José Javier Huete como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Alto Tribunal —quien está próximo a su jubilación— y el nombramiento de Javier Rufino como fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente.