El Parlamento Europeo apoya la defensa de los propietarios y reconoce la propiedad privada como un derecho esencial, advirtiendo que la okupación provoca inseguridad.
La Eurocámara insta a los gobiernos a implementar medidas más rigurosas y establecer mecanismos legales ágiles para proteger a los propietarios y agilizar los desahucios en casos de okupación.
El informe señala que la okupación puede perjudicar el entorno urbano y generar conflictos sociales, afectando especialmente a pequeños propietarios como pensionistas.
El Parlamento Europeo sugiere soluciones para mitigar el déficit habitacional en la UE, como facilitar el acceso a hipotecas y simplificar los procesos para la edificación de nuevas viviendas.
El Parlamento Europeo exige un cambio en aquellos gobiernos de Estados miembros que, a través de legislaciones, amparan de alguna forma el fenómeno de la okupación, incluido el de Pedro Sánchez.
La institución ha difundido su primer informe sobre la crisis de vivienda, donde respalda la protección de los propietarios. Concretamente, establece que la propiedad privada es un «derecho fundamental» y que la okupación provoca «inseguridad».
La Eurocámara identifica riesgos para el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario si no se garantiza la propiedad privada: «Que los propietarios puedan recuperarla legalmente no solo es una cuestión de equidad y justicia, sino que resulta crucial para mantener la confianza de inversores y la oferta de alquileres».
El informe examina las políticas de los Estados miembros en materia de vivienda y, respecto a la okupación, insta a los gobiernos a «adoptar medidas más duras para proteger a los propietarios».
«Es imprescindible garantizar mecanismos legales ágiles y efectivos para la recuperación de la propiedad, incluyendo órdenes judiciales rápidas de desahucio«, añade.
De este modo, la Eurocámara apoya los desahucios que, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta frenar con el argumento de proteger a «colectivos vulnerables».
De forma indirecta, el informe europeo valida la postura del PP, que sostiene que la política de vivienda de Sánchez ha provocado «inseguridad jurídica, aumento de precios, reducción de oferta y un incremento de okupación e inquiokupación».
Y Junts fue determinante el jueves para rechazar en el Congreso el decreto de «escudo social» del Gobierno por incluir medidas que amparan la okupación.
El informe europeo ofrece ahora un respaldo institucional a la postura de que la okupación vulnera un derecho fundamental, y va más allá al alertar que «puede causar deterioro urbano y tensión social, y minar la cohesión social».
También subraya la importancia de proteger a pequeños propietarios, como pensionistas que dependen del alquiler para complementar sus ingresos.
En este sentido, reclama una cooperación más estrecha entre Estados miembros para combatir y frenar la okupación, «garantizando el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los propietarios como pilares para asegurar la estabilidad y seguridad económica».
Solicita además un mayor aprovechamiento de recursos como Europol, cuando haya indicios de delincuencia organizada detrás de ciertos casos de okupación. Recuerda asimismo que «los ciudadanos de la UE tienen derecho a poseer, usar, disponer y heredar bienes adquiridos lícitamente».
Aunque el informe no cuestiona de manera directa la legislación española, subraya la necesidad de hallar un equilibrio «justo» entre la protección de propietarios e inquilinos.
Por otra parte, el informe propone soluciones para cubrir el déficit de 10 millones de viviendas necesarias en la UE.
Según indica, el 11% de la población europea dedica al menos un 40% de sus ingresos a la vivienda, y recuerda que cerca de la mitad de los residentes son inquilinos.
Por ello, pone especial énfasis en los grupos más vulnerables y jóvenes, pidiendo medidas que faciliten el acceso a hipotecas, como la reducción de costes de transacción y exenciones fiscales para quienes compran su primera vivienda.
La edad media de emancipación en la UE es de 26,5 años, pero en España esta cifra asciende a los 30 años.
Entre otras iniciativas, sugiere un plan de financiación público-privada para fomentar la construcción del parque residencial, simplificar trámites administrativos y agilizar la concesión de permisos.