The resolution follows the citizens’ initiative «My Voice, My Choice,» which gathered 1,124,513 signatures across all 27 EU member states calling for enhanced access to safe abortion services in Europe.
On Thursday, the European Commission announced that member states may utilize an EU social fund to enable access to safe and legal abortion for women who are prevented from having such access in their own countries.
ADVERTISEMENT 
ADVERTISEMENT
This announcement was in response to demands from the citizens’ initiative «My Voice, My Choice» for the establishment of an EU solidarity framework to ensure safe and affordable abortion access for all women.
Member states have the option to employ the European Social Fund Plus (ESF+), which supports social, educational, employment, and healthcare policies, voluntarily and in line with national legislation, to provide such assistance.
According to EU Commissioner for Equality Hadja Lahbib, the fund will «assist women who must travel, support those in their home countries, aid women in isolated regions, and help those lacking financial resources.»
The ESF+ budget totals €142.7 billion for 2021–2027, with allocations based on each country’s population size.
However, the Commission did not establish a new financing scheme, as was requested by the European Parliament in a non-binding resolution adopted in December.
«Although no new legal tool is being created, the Commission has officially recognized that the main goals of the initiative are reachable and has set out a clear plan to implement them,» stated Nika Kovač, coordinator of «My Voice, My Choice,» in a press release.
The significance of citizen involvement
«My Voice, My Choice» is a European Citizens’ Initiative (ECI), a process enabling citizens to urge the European Commission to propose new laws.
If an initiative gains backing from at least one million people from at least seven EU countries, it must be addressed by the European Parliament, while the European Commission is obliged to propose legislative measures or explain why such measures are not pursued.
«My Voice, My Choice» reunió 1.124.513 firmas en los 27 países miembros. En consecuencia, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante solicitando la creación de un mecanismo de financiación para asistir a mujeres que no tienen acceso a abortos seguros en sus países de origen.
La propuesta recibió el respaldo de más de 100 eurodiputados, quienes enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aumentando la presión sobre la institución antes de su decisión.
“Cuando 1.2 millones de ciudadanos alzan sus voces, cuando el Parlamento Europeo envía una señal democrática clara y cuando la sociedad civil se moviliza más allá de las fronteras, la Comisión Europea no puede ignorarlo,» afirmó Kovač en rueda de prensa tras el anuncio el jueves.
Además de reunir una gran cantidad de firmas, la iniciativa generó un notable impacto en línea.
«Una fuerte presencia digital fue una herramienta decisiva para la campaña, desde la recopilación de firmas hasta la presión ejercida,» explicó la directora de comunicaciones de la campaña, Nika Povz. «Nuestra comunidad en línea fue el aliado más fuerte y la arma más poderosa.»
Algunos países de la UE aplican leyes muy restrictivas sobre los derechos al aborto. En Malta existe una prohibición total, sin excepciones, mientras que en Polonia solo está permitido en caso de violación o si existe riesgo grave para la salud de la mujer.
En enero de 2021, el Tribunal Constitucional de Polonia prohibió el aborto por malformaciones fetales, que hasta entonces era la causa más común de interrupción del embarazo en ese país.
Otros Estados miembros poseen regulaciones más permisivas, aunque carecen de protecciones legales que despenalicen completamente el aborto, de una amplia disponibilidad de servicios, de cobertura sanitaria nacional, o de campañas gubernamentales informativas sobre el tema.
Según el Atlas de Políticas de Aborto en Europa 2025, varios países de la UE han dado pasos para garantizar el derecho a abortos seguros. Francia, por ejemplo, lo declaró un derecho constitucional, mientras que Luxemburgo y Países Bajos eliminaron los períodos obligatorios de espera.
No obstante, otros Estados miembros han impuesto nuevas restricciones, aumentado el acoso a proveedores de aborto y promovido desinformación al respecto.